Como es costumbre en este blog de naturaleza jurídico-coyuntural, intentamos proveer a los lectores de información completa y verificada, utilizando los recursos de las Bases de Datos Históricas de LEXIS FINDER.

Coincidiendo con la conmemoración del Día Universal del Niño, la Conferencia Episcopal ecuatoriana emitió un comunicado de prensa en referencia a los abusos sexuales a niños y adolescentes cometidos por sacerdotes católicos:

“Asumimos la búsqueda permanente y sincera de la verdad y la justicia, a través de las denuncias de los abusos sexuales y de otra índole que se cometan al interior del seno familiar o de las organizaciones religiosas y de otra índole”. (Boletín de Prensa)  

En este documento, entre otras cosas se explica que en la Iglesia, el proceso canónico tiene cuatro pasos:

  1. Denuncia
  2. Investigación previa
  3. Juicio de la Congregación para la Doctrina de la Fe
  4. Decreto del Obispo

En esta declaración se asume que los miembros de esa institución, que cometieren delitos tipificados en nuestro Código Integral Penal, serían sujetos de un tratamiento especial frente a la Ley, amparados en el Derecho Canónico.

Por su parte, los defensores de las víctimas -en el reciente caso de coro de Guayaquil- expresaron: “Hay más víctimas que lo denunciaron ante la Curia. Cuando la Fiscalía les pidió copias certificadas, se escudaron en el Código Canónico, dijeron que eso está prohibido”.   Ver artículo completo en El Comercio

Lo concreto y objetivo

La relación Estado – Iglesia en el pasado siglo estuvo influenciada por los siguientes actos normativos:

  1. Ley de Beneficencia. Ley s/n, RO 789 de 19 de octubre de 1908.

Art. 1.- Declárense del Estado todos los bienes raíces de las Comunidades Religiosas establecidas en la República. (Su produce rompimiento de relaciones diplomáticas con el Vaticano)

  1. Código Civil. Codificación s/n RO 352 de 20 de junio de 1930.

Art. 537.-  Los estatutos de las corporaciones, que fueren formados por ellas mismas, serán sometidos a la aprobación del Presidente de la República, que se la concederá si no tuvieren nada contrario al orden público, a las leyes o a las buenas costumbres.

  1. Decreto Supremo 121, RO 68 de 19 de diciembre de 1935.

Art. Único: Declarase que desde que entró en vigor la Constitución Política de 1906, las Comunidades Religiosas, las Iglesias y, en consecuencia las Curias, perdieron el carácter de Instituciones de Derecho Público y que, para adquirir la calidad de personas jurídicas de Derecho Privado, necesitarían cumplir con lo preceptuado en el Art. 537 del Código Civil.

  1. Ley de Cultos. Decreto Supremo 212, RO 547 de 23 de julio de 1937, vigente.

Art 1.- Las diócesis y las demás organizaciones religiosas de cualquier culto que fuesen, establecidas o que se establecieren en el país, para ejercer derechos y contraer obligaciones civiles, enviarán al Ministerio de Cultos el Estatuto del organismo que tenga a su cargo el Gobierno y administración de sus bienes, así como el nombre de la persona que, de acuerdo con dicho Estatuto, haya de representarlo legalmente.

  1. Modus Vivendi. Decreto Supremo 46, RO 30 de 14 de septiembre de 1937.

Art. 1.- Apruébanse y Ratifícanse el Modus Vivendi que restablece las relaciones amistosas y diplomáticas entre la República del Ecuador y la Santa Sede, y el Convenio Adicional, firmados en la ciudad de Quito, el 24 de julio de 1937, por los Plenipotenciarios, debidamente autorizados por sus respectivos Gobiernos.

Art. 2.- El Gobierno del Ecuador garantiza en la República la libertad de enseñanza. La Iglesia Católica tiene, pues, el derecho de fundar planteles de enseñanza, proveyéndolos de personal suficientemente idóneo, y de mantener los existentes.

  1. Código de Derecho Canónico. No es parte de la legislación ecuatoriana.

489.- 1. Debe haber también en la curia diocesana un archivo secreto, o al menos un armario o una caja dentro del archivo general, totalmente cerrada con llave y que no pueda moverse del sitio, en donde se conserven con suma cautela los documentos que han de ser custodiados bajo secreto.

  1. Todos los años deben destruirse los documentos de aquellas causas criminales en materia de costumbres cuyos reos hayan fallecido ya, o que han sido resueltas con sentencia condenatoria diez años antes, debiendo conservarse un breve resumen del hecho junto con el texto de la sentencia definitiva.

490.- 1. La llave del archivo secreto la tiene solamente el Obispo.

Ver Código del Derecho Canónico

  1. Reglamento de Cultos, Decreto Ejecutivo 1682, RO 365, de 20 de enero de 2000.

Art. 1.- Para cumplir lo previsto en el artículo 1 del Decreto Supremo 212, publicado en el Registro Oficial 547, de 23 de julio de 1937 , y especialmente lo señalado para las entidades católicas por el artículo quinto del Modus Vivendi celebrado con la Santa Sede, el Ministro de Gobierno expedirá el Acuerdo respectivo, para ordenar la inscripción de la entidad religiosa en el Registro Especial de los Registradores de la Propiedad, y la publicación del Estatuto en el Registro Oficial.

  1. Homologación de Registros. Res DINADAP 17, RO 955, 16 de mayo de 2013.

Art. 3.- Libros que Mantendrán los Registros.- Los libros registrales donde se inscribirán los actos y contratos que conforme a la ley deben registrarse, son los siguientes:

  1. Libro de Registro de Actos Administrativos;
  2. Libro de Registro de Cancelaciones;
  3. Libro de Registro de Convenios;
  4. Libro de Registro de Demandas;
  5. Libro de Registro de Embargos;
  6. Libro de Registro de Gravámenes;
  7. Libro de Registro de Insolvencias;
  8. Libro de Registro de Organizaciones Religiosas;
  9. Libro de Registro de Personas;
  10. Libro de Registro de Interdicciones y Prohibiciones de enajenar;
  11. Libro de Registro de Propiedad;
  12. Libro de Registro de Propiedad Horizontal; y
  13. Libro de Registro de Sentencias.

 

Después de la promulgación del Modus Vivendi de 1937

 y una vez que las organizaciones religiosas se constituyeron en personas jurídicas de derecho privado, su actividad y sus bienes se rigen por la normativa vigente:

  • El Código de Derecho Canónico no forma parte del ordenamiento jurídico ecuatoriano. En el articulado del convenio Modus Vivendi de 1937 no se menciona ese Código.
  • No hay convenio, tratado o convención posterior a 1937 entre Ecuador y el Vaticano que incorpore el Código de Derecho Canónico a nuestra legislación vigente.
  • Los abusos sexuales se encuentran tipificados en el Código Integral Penal como delitos de acción pública.
  • El titular de la acción penal pública es la Fiscalía.
  • Son circunstancias agravantes si el infractor tiene algún tipo de relación de poder o autoridad sobre la víctima, tal como ser ministro de algún culto.
  • Las penas contra la integridad sexual no prescriben.
  • El delito de violación cometido por un sacerdote, tiene carácter agravado y es sancionado con el máximo de la pena.
  • En Ecuador, un sacerdote de cualquier culto, carece de fuero de corte y de inmunidad diplomática; y no puede ser juzgado por tribunales especiales. Tiene el mismo tratamiento que cualquier ciudadano.
  • El procesamiento penal de un sacerdote, no requiere de juicio previo de la Congregación para la Doctrina de la Fe.
  • En este caso, la Fiscalía no tiene ningún impedimento legal para solicitar peritajes, allanamientos y medidas cautelares.