Extranjeros demandan al CNE por la violación de su derecho al sufragio

Un colectivo de extranjeros habría presentado una Acción de Protección Constitucional contra el Consejo Nacional Electoral CNE, por haberlos eliminado discrecionalmente del Registro Electoral.

Decenas de miles de residentes legales fueron impedidos de ejercer su derecho al sufragio, que ya lo habían hecho por más de una década.

Demandan a CNE por actos inconstitucionales

La noticia pone en evidencia que la doctrina inaugurada el 20 de octubre de 2008 con la promulgación de la Carta Magna que define al Ecuador como un “Estado Constitucional de Derechos y  Justicia” no ha sido entendida, internalizada, ni aplicada:

CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR

Art. 11.- El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios:

  1. Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o colectiva ante las autoridades competentes; estas autoridades garantizarán su cumplimiento () ….

…. Para el ejercicio de los derechos y las garantías constitucionales no se exigirán condiciones o requisitos que no estén establecidos en la Constitución o la ley.

Los derechos serán plenamente justiciables. No podrá alegarse falta de norma jurídica para justificar su violación o desconocimiento, para desechar la acción por esos hechos ni para negar su reconocimiento. ()…

  1. Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de las garantías constitucionales.
  2. En materia de derechos y garantías constitucionales, las servidoras y servidores públicos, administrativos o judiciales, deberán aplicar la norma y la interpretación que más favorezcan su efectiva vigencia.
  3. Todos los principios y los derechos son inalienables, irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía.
  4. El contenido de los derechos se desarrollará de manera progresiva a través de las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas. El Estado generará y garantizará las condiciones necesarias para su pleno reconocimiento y ejercicio.

Será inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter regresivo que disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los derechos.

  1. El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución.

Art 63.- Las personas extranjeras residentes en el Ecuador tienen derecho al voto siempre que hayan residido legalmente en el país al menos cinco años.

Un derecho no es un beneficio que el Estado otorga como dádiva al ciudadano. Es la prohibición expresa de quitárselo.

La Resolución del CNE, que privó a los extranjeros residentes de su derecho al sufragio es obviamente inconstitucional (al tenor de los artículos señalados ut supra). Y cualquier justificación legal, reglamentaria o técnica es irrelevante.  El resultado de ese acto administrativo es una flagrante violación a los derechos constitucionales de decenas de miles de personas. Y además tiene responsables confesos, que expresan “haber cumplido con el país, al dar de baja a 131.444 electores”. https://twitter.com/jr_cabreraz/status/1059917945252515850

Reglamento en contra de ley expresa:

Una resolución administrativa es un acto de naturaleza jurídica, que sin embargo se encuentra en el último lugar de la jerarquía normativa (art. 425 de la Constitución), por debajo de las leyes, decretos y acuerdos ministeriales.

Antes de la expedición de la resolución de marras, entró en vigor la LEY PARA LA OPTIMIZACION Y EFICIENCIA DE TRAMITES ADMINISTRATIVOS, publicada en el Registro Oficial Suplemento 353 de 23 de octubre de 2018.

Texto de la Ley:

Art. 34.- De las infracciones. – Son infracciones a la presente Ley: () ….

  1. Requerir copias de cédula, de certificados de votación y en general copias de cualquier documento que contenga información que repose en las bases de datos que conforman el Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos o de bases develadas por entidades públicas.
  2. Exigir la presentación de títulos habilitantes correspondientes a períodos anteriores como requisito para la renovación del mismo título habilitante.

De modo que el invocado Reglamento para la Organización y Elaboración del Registro Electoral, dado por la Resolución No. 3 del Consejo Nacional Electoral, publicado en el Registro Oficial 721 de marzo de 2016, está en contra de ley expresa.

Texto del Reglamento:

Art. 9.- Requisitos para la inscripción de las personas extranjeras.- Los documentos requeridos para la inscripción en el registro electoral de las personas extranjeras residentes en el Ecuador son:

1.- Original y copia de la cédula de identidad y/o pasaporte.

2.- Visa que acredite su residencia legal en el país por un lapso no menor a cinco años a la fecha de la solicitud de inscripción.

El tiempo de residencia señalado en este artículo, se tomará en cuenta desde la fecha de la concesión de la visa en cualquiera de sus categorías.

Información redundante

Toda la documentación requerida para el registro electoral de extranjeros residentes se encuentra disponible en las respectivas bases de datos institucionales. Y la prueba de ello, es que esos datos fueron (y son) automáticamente incorporados al Padrón Electoral con la información del Registro Civil, sin que se haya necesitado de una “inscripción previa”.

En resumen, se ha cometido una flagrante violación de derechos. No hay otra solución que exigir una reparación del daño causado, que acorde a la propia Ley Orgánica de Garantías Constitucionales, la reparación integral procurará que la persona o personas titulares del derecho violado gocen y disfruten el derecho de la manera más adecuada posible y que se restablezca a la situación anterior a la violación.

La reparación podrá incluir, entre otras formas, la restitución del derecho, la compensación económica o patrimonial, la rehabilitación, la satisfacción, las garantías de que el hecho no se repita, la obligación de remitir a la autoridad competente para investigar y sancionar, las medidas de reconocimiento, y las disculpas públicas.

Síntoma de un problema mayor

La mencionada violación de derechos por el CNE es el síntoma de un problema de mayor magnitud, que fue enunciado en los párrafos introductorios, y que consiste en el ejercicio indiscriminado de las potestades normativas de órganos que carecen de representatividad democrática y de control.

Cualquier cuerpo colegiado del sector publico está en capacidad de emitir actos normativos de obligatoriedad general, y expedirlos mediante resoluciones que construyen un mundo paralegal que se superpone a la legalidad, bajo el falaz concepto de que los problemas de gestión de gobierno se resuelven con reglamentos.

Debajo de las 2.133 leyes vigentes, tenemos 27.000 reglamentos !!!

En Ecuador, la sustancial mayoría de las reglas no proviene del órgano legislativo que ejerce representación democrática 

Período:   01/01/2008 –   18/03/2019

Tipo de acto  Expedidos en el período % sobre total Vigentes  al 18/03/2019 % sobre total
         
Leyes 2.270 3%   2.133 4%
Decretos Ejecutivos 5.114 7% 3.412 6%
Acuerdos Ministeriales 28.804 40% 23.609 42%
Resoluciones + Regulaciones 35.850 50% 27.035 48%
Total  72.038    56.189  

 

En su gran mayoría, los actos normativos (cuyo volumen es 16 veces superior a las leyes) dados por resolución o regulación,  no pasan por filtros de legalidad y constitucionalidad. Y se ponen ilegalmente en vigencia “sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial”, de modo que ni siquiera pueden ser conocidos por la ciudadanía para poder impugnarlos.

Las cifras demuestran que padecemos un fenómeno de “normativitis crónica”, cuya característica fundamental es la producción indiscriminada de reglas paralegales de efecto general, producidas sin control de calidad por órganos administrativos. Y lo mas desconcertante, es que muy pocos miembros de la comunidad jurídica y de la academia se han enterado de aquello.   https://www.elcomercio.com/opinion/fabian-corral-burocracia-derecho.html

Para evitar la violación de derechos, la producción de normativa secundaria requiere de controles previos de constitucionalidad, controles que deben ser realizados por un órgano distinto e independiente de quien genera la norma; y antes de que esos actos normativos sean promulgados. Un ejemplo de ello fue el control sobre la promulgación de las Ordenanzas Municipales, que en el siglo pasado lo ejercía el Ministerio de Gobierno y Municipalidades.

Actualmente, el único órgano que puede declarar la inconstitucionalidad de un acto normativo es la Corte Constitucional. Sin embargo, lo hace ex–post.

La Corte Constitucional se ha convertido en una virtual cuarta instancia que resuelve hasta delitos de tránsito. Es urgente la formulación y sistematización de precedentes jurisprudenciales obligatorios que permitan resolver motivadamente los litigios en instancias judiciales, limitando el abuso del recurso extraordinario de protección en sede Constitucional.

Es un despropósito que la Corte Constitucional tenga que admitir y procesar decenas de miles de redundantes recursos extraordinarios de protección que desnaturalizan una de las principales funciones de la Corte Constitucional, que es el control de constitucionalidad de la normativa; que erróneamente formulada, viola los derechos de las personas.

Los resultados los tenemos a la vista.

No sería una utopía que la Corte Constitucional implemente un control de constitucionalidad ex-ante de la normativa secundaria, autorizando la publicación de aquella que pasa el control de calidad. La que no pasa, se devolvería a sus autores con las respectivas observaciones para su corrección.

Un equipo de unos 20 o 30 abogados constitucionalistas, mas un Decreto Ejecutivo, podrían empezar a resolver el problema.

 

 

 

La SUPERLEY que no pasó por la Asamblea Nacional

El pasado 31 de enero en su columna de El Comercio, el Dr. Fabian Corral nos advertía lo siguiente:

“El Estado de Derecho se ha diluido entre reglamentos, regulaciones, circulares, prácticas y costumbres, que, por reiteradas, se han impuesto.

En la práctica, esas normas se han convertido en un formidable entramado de regulaciones que constituyen un mundo paralegal que desnaturaliza el imperio de la ley y se superpone a la legalidad. En el Ecuador, la sustancial mayoría de las reglas no proviene de los órganos legislativos que ejercen representación democrática; proviene de innumerables agencias, superintendencias, consejos, ministerios, direcciones, departamentos, y consisten en resoluciones, disposiciones, acuerdos, circulares, oficios, opiniones vinculantes, doctrinas, etc. En varios aspectos, las leyes han quedado relegadas, diluidas o suplantadas por esa pesadísima armadura en la que la burocracia se mueve como pez en el agua. En esa perspectiva, cabe preguntarse si el país es un “Estado reglamentario” que dificulta las iniciativas, sanciona las inversiones, persigue a los negocios y, al mismo tiempo, descuida los temas sustanciales de los que sí debe ocuparse.”

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Violencia de género: ¿Qué leyes existen en Iberoamérica?

Según datos de la ONU, en todo el mundo una de cada tres mujeres ha sufrido violencia física o sexual, principalmente por parte de un compañero sentimental.

En Ecuador se han dado algunos pasos para combatir y eliminar la violencia contra las mujeres y niñas. En 2014 se estableció al Femicidio dentro del Código Orgánico Integral Penal como delito autónomo, además de colocar a la violencia psicológica como acción punible.; y hace pocos meses se promulgó la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y su Reglamento, que tienen por objeto combatir estos actos cometidos contra niñas, adolecentes y mujeres adultas.

Pero, ¿qué sucede en otros países? ¿Cuál es la situación normativa de nuestros vecinos con respecto a esta problemática?

A través del módulo de Legislación Internacional de LEXIS FINDER, que nos permite acceder a bases de datos legales de 9 países de Iberoamérica, se puede encontrar lo siguiente:

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¿Sobrevivirá el Registro Oficial en 2019?

Al menos seis artículos (5, 7, 12, 16, 19, 34) de la recién promulgada LEY PARA LA OPTIMIZACION Y EFICIENCIA DE TRAMITES ADMINISTRATIVOS (ROS 353 del 6 de octubre de 2018) ratifican la pertinencia de nuestra indeclinable posición, expresada en múltiples publicaciones de las últimas décadas:

“SI UN ACTO NORMATIVO NO ESTA PUBLICADO EN EL REGISTRO OFICIAL, NO EXISTE”

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UBER: La obsolescencia del Derecho frente al tsunami tecnológico

En un efecto sinérgico, la tecnología está proporcionado los recursos que “habilitan” nuevas y disruptivas formas de resolver problemas, creando al mismo tiempo las oportunidades para generar nuevos productos y servicios (AirBnb, TaskRabbit, Instacart, etc.)

Todas estas iniciativas tienen varios elementos comunes: Bases de Datos de proveedores, fotos, catálogos, videos explicativos, medios de pago electrónicos, geo localización, seguimiento en tiempo real, mensajería, calificación del proveedor, soporte por chat, etc.; que en la práctica producen un “acercamiento” entre proveedores y consumidores, la “calificación” de los productos y servicios, y la respuesta instantánea a los reclamos.

Una de las más recientes “plataformas” de servicios disruptivos la constituyen Uber (2009), Cabify (2011) o DiDi (2012) como proveedores tecnológicos de “vinculación” de servicios de transporte, definidas en algunos países como Empresas de Redes de Transporte Basadas en Aplicaciones Móviles (ERT).

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