GUÍAS PRÁCTICAS

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¿ANTE QUÉ JUEZ SE DEBERÍA PRESENTAR LA DEMANDA?

Se entenderá que la violación del derecho ocurre en el lugar en el que real o presuntivamente se encuentra la información requerida, por lo tanto, la demanda deberá ser presentada ante cualquier juez de primera instancia de ese lugar.

¿QUÉ ES INFORMACIÓN PÚBLICA?

“Se considera información pública, todo documento en cualquier formato, que se encuentre en poder de las instituciones públicas y de las personas jurídicas a las que se refiere esta Ley, contenidos, creados u obtenidos por ellas, que se encuentren bajo su responsabilidad o se hayan producido con recursos del Estado. ” (Art. 5, Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública).

¿CUÁNDO PROCEDE LA ACCIÓN DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA?

– Cuando esta ha sido negada de forma tácita o expresa. – Es decir, la persona que quiera tener acceso a la información debe primeramente solicitarlo mediante escrito al titular de la institución, debiendo este contestarla en el plazo de nueve días. Si se negare el acceso o si culminare este plazo, es ahí cuando procede la presentación de una demanda de garantía jurisdiccional de acceso a la información pública. – Cuando se creyere que esta es incompleta o alterada. – Si la persona sospechare que la información dada es errónea o ha sufrido alguna modificación puede presentar la respectiva demanda de acceso a la información pública. – Cuando se ha negado el acceso físico a la misma. – Puede darse el caso de que una persona tenga acceso a la información requerida, pero que no pueda obtener ningún respaldo o sustento físico de la misma, en este caso también procede la acción. – También procede cuando la negativa de acceso a la información se da en base al carácter secreto o reservado de la misma. – Si la persona creyere que la información requerida no tiene carácter secreto o reservado, puede presentar la respectiva demanda de acceso a la información pública.

¿QUÉ DERECHOS PROTEGE EL HÁBEAS CORPUS?

La acción de hábeas corpus protege los derechos a la libertad, la vida, la integridad física y otros derechos conexos de la persona privada o restringida de libertad, como los siguientes:- Que las personas no sean privadas de la libertad en forma ilegal, arbitraria o ilegítima. Una detención debe hacerse siempre por mandato escrito y motivado de juez competente, a excepción de los casos de flagrancia. – Una persona no puede ser exiliada forzosamente, tampoco desterrarla o expatriarla del territorio nacional. – Las personas no pueden ser desaparecidas forzosamente. – Se prohíbe la tortura, así como el trato cruel, inhumano o degradante; – Una persona extranjera, incluso antes de haber solicitado refugio o asilo político, no ser expulsada y devuelta al país donde teme persecución o donde peligre su vida, su libertad, su integridad y su seguridad;- Las personas no pueden ser detenidas por deudas, excepto en el caso de pensiones alimenticias; – Una persona procesada o condenada, cuya libertad ha sido ordenada por juez, no puede continuar en privación de libertad, debiendo producirse su inmediata excarcelación;- La persona procesada cuando haya caducado la prisión preventiva debe ser excarcelada inmediatamente, sin poder alargar su privación de la libertad por ningún motivo. – Las personas privadas de la libertad no pueden ser incomunicadas, o sometidas a tratamientos vejatorios de su dignidad humana;- Las personas tienen derecho a ser puestas a disposición del juez o tribunal competente inmediatamente y no más tarde de las veinticuatro horas siguientes a su detención.

¿ANTE QUÉ JUEZ SE PRESENTA LA DEMANDA DE HABEAS CORPUS?

– La demanda debe ser presentada ante cualquier juez del lugar donde se presuma está privada de libertad la persona. – Si se desconoce el lugar de privación de libertad, se podrá presentar la acción ante el juez del domicilio del accionante. – Si la orden de privación de la libertad fue dispuesta dentro de un proceso penal, la acción se interpondrá ante la respectiva Corte Provincial de Justicia.

TRÁMITE

– Una vez presentada la demanda, dentro de las veinticuatro horas siguientes se realizará la audiencia, en donde se presentarán las justificaciones de hecho y de derecho que sustentan la privación de la libertad. – A la audiencia y por orden del juez deberán comparecer: la persona privada de la libertad, la autoridad a cuya orden se encuentre la persona, y el defensor público. Incluso, si se considera necesario, la audiencia puede realizarse en el lugar donde ocurre la privación de la libertad. Si la persona no fuere presentada en la audiencia se presumirá la privación de la libertad ilegítima o arbitraria, declarándose la violación del derecho y por lo tanto la inmediata libertad. – El juez deberá dictar sentencia en la misma audiencia y, dentro de las veinticuatro horas siguientes se deberá notificar por escrito a las partes. – Esta decisión puede ser apelada siguiendo las reglas en común de las garantías jurisdiccionales. – La orden judicial que dispone la libertad de una persona deberá ser acatada inmediatamente, sin objeción alguna.

¿QUÉ OCURRE SI UNA PERSONA FUE PRIVADA DE LA LIBERTAD EN TORNO A DERECHO, PERO DENTRO DEL CENTRO DE PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD HA SIDO VÍCTIMA DE TORTURA?

En este caso, el juez dispone la inmediata libertad de la persona, sin embargo, se deberán adoptar medidas alternativas a la privación de la libertad.

DESAPARICIÓN FORZADA

En el caso de que se desconozca el lugar de privación de la libertad y se tenga indicios de la participación de algún servidor público o agente del estado, el juez deberá convocar a audiencia a la máxima autoridad de la Policía Nacional y al ministro competente. Debiendo adoptar las medidas necesarias para localizar el lugar de detención de la persona, y a los responsables de la privación de la libertad.

¿CUÁNDO SE DEBE PROPONER LA ACCIÓN DE HÁBEAS DATA?

La acción de habeas data se puede proponer una vez que ha sido negada la solicitud de acceso, actualización, rectificación, eliminación o anulación de los datos, bancos, archivos o información de la persona. También cabe presentar la demanda de acción de hábeas data cuando se haya dado un uso de la información personal que viole un derecho constitucional, sin autorización previa. La única excepción cabe cuando haya existido orden judicial.

¿QUÉ SE PUEDE SOLICITAR MEDIANTE LA ACCIÓN DE HABEAS DATA?

Además del acceso a su información personal, la persona accionante puede solicitar la actualización de los datos, su rectificación, eliminación o anulación, con excepción de los datos que por disposición de la ley deban mantenerse en archivos públicos.

¿ANTE QUIÉN SE PRESENTA ESTA ACCIÓN?

La demanda acción de incumplimiento debe presentarse ante la Corte Constitucional, aun en el caso de sentencias y dictámenes dictados por la misma Corte Constitucional.

¿QUIÉN ES EL LEGITIMADO ACTIVO?

Esta acción podrá proponerse por la persona que se considere afectada por la no ejecución de la sentencia o cuando considere que no se la ha ejecutado de forma integral o adecuada. TRÁMITE – Una vez presentada la demanda ante la Corte Constitucional, el juez que conoció el proceso, a petición de parte, remitirá el expediente a la Corte Constitucional, acompañando un informe debidamente argumentado sobre las razones del incumplimiento suyo o de la autoridad obligada, en un término de cinco días desde que el interesado hizo la solicitud. – Si el juez se rehusare a remitir el expediente y el informe, o lo haga fuera de término, el afectado puede solicitar, directamente a la Corte Constitucional, dentro de los diez días siguientes al vencimiento del término señalado, que ordene al juez la remisión del expediente y declare el incumplimiento de la sentencia. – En caso de incumplimiento de sentencias y dictámenes de la misma Corte Constitucional, ésta de oficio o a petición de parte, ejecutará directamente las medidas necesarias para hacer efectiva su decisión. – Para hacer efectivo el cumplimiento de la sentencia y lograr la reparación integral de los daños causados al accionante, la Corte Constitucional puede ejercer todas las facultades que la Constitución y la Ley le atribuyen a los jueces para la ejecución de sus decisiones.

¿QUÉ SE PUEDE IMPUGNAR MEDIANTE LA PROPOSICIÓN DE UNA ACCIÓN DE PROTECCIÓN?

1. Todo acto u omisión de una autoridad pública no judicial que viole o haya violado los derechos, que menoscabe, disminuya o anule su goce o ejercicio.

2. Toda política pública, nacional o local, que conlleve la privación del goce o ejercicio de los derechos y garantías.

3. Todo acto u omisión del prestador de servicio público que viole los derechos y garantías.

4. Todo acto u omisión de personas naturales o jurídicas del sector privado, cuando ocurra al menos una de las siguientes circunstancias:

a) Presten servicios públicos impropios o de interés público;
b) Presten servicios públicos por delegación o concesión;
c) Provoque daño grave;
d) La persona afectada se encuentre en estado de subordinación o indefensión frente a un poder económico, social, cultural, religioso o de cualquier otro tipo.

5. Todo acto discriminatorio cometido por cualquier persona.

¿CUÁNDO PRESENTAR UNA DEMANDA DE ACCIÓN DE PROTECCIÓN?

Aunque no se contempla un término para accionar, la acción de protección puede ser presentada cuando exista la violación de un derecho fundamental, producto de una acción u omisión de una autoridad pública o de un particular. Además, se debe tener en cuenta que esta acción tiene carácter subsidiario, por lo que antes de presentar la demanda, se debe cerciorar que no exista otro mecanismo de defensa judicial adecuado y eficaz para proteger el derecho presuntamente violado. Si estas situaciones no son concurrentes, no es procedente la acción de protección.

¿CUÁNDO ES INADMISIBLE UNA ACCIÓN DE PROTECCIÓN?

1. Cuando de los hechos no se desprenda que existe una violación de derechos constitucionales.

2. Cuando los actos hayan sido revocados o extinguidos, salvo que de tales actos se deriven daños susceptibles de reparación.

3. Cuando en la demanda exclusivamente se impugne la constitucionalidad o legalidad del acto u omisión, que no conlleven la violación de derechos.

4. Cuando el acto administrativo pueda ser impugnado en la vía judicial, salvo que se demuestre que la vía no fuere adecuada ni eficaz.

5. Cuando la pretensión del accionante sea la declaración de un derecho.

6. Cuando se trate de providencias judiciales.

7. Cuando el acto u omisión emane del Consejo Nacional Electoral y pueda ser impugnado ante el Tribunal Contencioso Electoral.

OBJETO DE LA ACCIÓN DE PROTECCIÓN

La Acción de protección tiene como finalidad el amparo directo y eficaz de todos los derechos, con excepción de los que se encuentran protegidos por las acciones de hábeas corpus, acceso a la información pública, hábeas data, por incumplimiento, de incumplimiento y extraordinaria de protección.

TÉRMINO PARA ACCIONAR

La acción extraordinaria de protección debe ser propuesta dentro de los veinte días contados después de la notificación de la resolución judicial, para las personas que formaron parte del proceso; y, para quienes debieron ser parte, el término se contará desde que tuvieron conocimiento de la providencia.

REQUISITOS DE LA DEMANDA

La demanda deberá ser presentada reuniendo los siguientes requisitos:

1. La calidad en la que comparece la persona accionante.
2. Constancia de que la resolución impugnada se encuentra ejecutoriada.
3. Demostración de haber agotado los recursos ordinarios y extraordinarios, salvo que sean ineficaces o inadecuados o que la falta de interposición de estos recursos no fuera atribuible a la negligencia del titular del derecho constitucional vulnerado.
4. Señalamiento de la judicatura, sala o tribunal del que emana la decisión violatoria del derecho constitucional.
5. Identificación precisa del derecho constitucional violado en la decisión judicial.
6. Si la violación ocurrió durante el proceso, es necesario que se haya alegado la violación del derecho, puesto que se debe indicar el momento en que se alegó la violación ante la jueza o juez que conoce la causa.

¿ANTE QUIÉN DEBE PRESENTARSE LA DEMANDA?

Según el artículo 62 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, la demanda de acción extraordinaria de protección debe presentarse ante la judicatura, sala o tribunal que dictó la decisión definitiva. Sin embargo, en la práctica varias demandas son presentadas directamente ante la Corte Constitucional, lo que no afecta el trámite de la acción.

TRÁMITE

– Una vez presentada la demanda ante la judicatura, sala o tribunal que dictó la decisión definitiva; ésta debe remitir el expediente completo a la Corte Constitucional en un término máximo de cinco días. – La sala de admisión de la Corte Constitucional en un término de diez días debe revisar los siguientes requisitos de admisibilidad:

1. Que exista un argumento claro sobre el derecho violado y la relación directa e inmediata, por acción u omisión de la autoridad judicial, con independencia de los hechos que dieron lugar al proceso;
2. Que el recurrente justifique argumentadamente, la relevancia constitucional del problema jurídico y de la pretensión;
3. Que el fundamento de la acción no se agote solamente en la consideración de lo injusto o equivocado de la sentencia;
4. Que el fundamento de la acción no se sustente en la falta de aplicación o errónea aplicación de la ley;
5. Que el fundamento de la acción no se refiera a la apreciación de la prueba por parte de la jueza o juez;
6. Que la acción se haya presentado dentro del término establecido en el artículo 60 de esta ley;
7. Que la acción no se plantee contra decisiones del Tribunal Contencioso Electoral durante procesos electorales; y,
8. Que el admitir un recurso extraordinario de protección permita solventar una violación grave de derechos, establecer precedentes judiciales, corregir la inobservancia de precedentes establecidos por la Corte Constitucional y sentenciar sobre asuntos de relevancia y trascendencia nacional. – En el caso de declararse la inadmisibilidad, se archiva la causa y se devuelve el expediente; y, dicha decisión no será susceptible de apelación. Si se declara admisible, se procede a sortear la causa para designar al juez ponente, quien deberá elaborar y remitir el proyecto de sentencia, al pleno de la Corte Constitucional para su conocimiento y decisión. – La Corte Constitucional tendrá el término máximo de treinta días contados desde la recepción del expediente para determinar si ha existido violación de derechos constitucionales y dictar sentencia.

OBJETO

Esta acción tiene por objeto garantizar todos los derechos fundamentales, y en especial el debido proceso en sentencias, autos definitivos y resoluciones con fuerza de sentencia, en los que por acción u omisión se haya vulnerado algún derecho.

¿QUIÉN PUEDE PRESENTAR UNA DEMANDA DE ACCIÓN EXTRAORDINARIA DE PROTECCIÓN?

La acción extraordinaria de protección puede ser propuesta por cualquier persona o grupo de personas que han o hayan debido ser parte en un proceso judicial, sea por sí mismas o por intermedio de un procurador judicial.

¿CUÁNDO Y CÓMO SE CONFIGURA EL INCUMPLIMIENTO?

Si bien se sobreentiende que el incumplimiento se daría cuando una autoridad pública o un particular no actúa conforme lo dispone el ordenamiento jurídico, para que se configure en sí este incumplimiento, previamente la persona accionante debe reclamar el cumplimiento de la obligación a quien deba satisfacerla, y en el caso de mantenerse el incumplimiento o de no obtenerse respuesta en el término de cuarenta días, es ahí cuando se entiende configurado el incumplimiento.

¿QUIÉN ES LA PERSONA DEMANDADA?

Esta acción procede en contra de toda autoridad pública y en contra de personas naturales o jurídicas particulares cuando actúen o deban actuar en ejercicio de funciones públicas, o presten servicios públicos. También procede contra particulares en el caso de sentencias, decisiones o informes de organismos internacionales de protección de derechos humanos que impongan una obligación a una persona particular determinada o determinable.

REQUISITOS DE LA DEMANDA

1. Nombre completo de la persona accionante.
2. Determinación de la norma, sentencia o informe del que se solicita su cumplimiento, con señalamiento de la obligación clara, expresa y exigible que se requiere cumplir.
3. Identificación de la persona, natural o jurídica, pública o privada de quien se exige el cumplimiento.
4. Prueba del reclamo previo.
5. Declaración de no haber presentado otra demanda en contra de las mismas personas, por las mismas acciones u omisiones y con la misma pretensión.
6. Lugar en el que se ha de notificar a la persona requerida.

PROCEDIMIENTO

– La demanda deberá presentarse ante la Corte Constitucional. – La sala de admisiones debe declarar admisible o inadmisible la demanda. – En el caso de declararse admisible, mediante sorteo se designa inmediatamente al juez ponente, quien dentro de las veinticuatro horas siguientes, deberá notificar a la persona accionada para que cumpla o justifique el incumplimiento en una audiencia que deberá realizarse en el término de dos días. – Dentro de la audiencia, la persona accionada comparecerá y contestará la demanda, presentando las pruebas y justificativos pertinentes. El juez también podrá abrir término de prueba por ocho días tras los cuales dictará sentencia. – El pleno debe dictar sentencia en el término de dos días tras la celebración de la audiencia.

¿CUÁLES SON LAS CAUSALES DE INADMISIÓN?

1. Si la acción es interpuesta para proteger derechos que puedan ser garantizados mediante otra garantía jurisdiccional. (Se debe tomar en cuenta que esta no es precisamente una garantía de derechos, ya que tiene por objeto dar eficacia al ordenamiento jurídico).
2. Si se trata de omisiones de mandatos constitucionales. (Las omisiones de mandatos constitucionales es objeto de la acción de inconstitucionalidad por omisión).
3. Si existe otro mecanismo judicial para lograr el cumplimiento de la norma, sentencia, decisión o informe, salvo en los casos en los cuales, de no admitirse la acción por incumplimiento, se provoque un perjuicio grave e inminente para el accionante.
4. Si no se cumplen los requisitos de la demanda.

LAS GARANTÍAS JURISDICCIONALES DENTRO DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO ECUATORIANO

La Constitución ecuatoriana del 2008 establece varios tipos de Garantías (TÍTULO III) y, entre ellas las Jurisdiccionales (Capítulo Segundo, TÍTULO III). Se puede decir que estas tienen como sustento y precedente el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en donde se establece que “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales (…)”. Con este marco, dentro de la Carta Magna del 2008 se establecieron varias acciones judiciales que buscan amparar de forma eficaz los derechos fundamentales y así, hacer efectivo el cumplimiento de los mismos. En cuanto a su finalidad, el artículo 6 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional dispone:”Art. 6. – Finalidad de las garantías. – Las garantías jurisdiccionales tienen como finalidad la protección eficaz e inmediata de los derechos reconocidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, la declaración de la violación de uno o varios derechos, así como la reparación integral de los daños causados por su violación. (…)”

¿CUÁLES SON LAS GARANTÍAS JURISDICCIONALES?

Dentro de la Constitución ecuatoriana se establecieron las siguientes Garantías Jurisdiccionales:- Acción de protección (Art. 88). – Acción de hábeas corpus (Art. 89). – Acción de acceso a la información pública (Art. 91). – Acción de hábeas data (Art. 92). – Acción por incumplimiento (Art. 93). – Acción extraordinaria de protección (Art. 94). – Aparte de las establecidas dentro del Capítulo Segundo del TÍTULO III de la Constitución, existe la Acción de incumplimiento, cuyo fundamento se encuentra dentro del numeral 9 del artículo 436 de la Carta Fundamental. – Adicionalmente a las Garantías Jurisdiccionales, dentro de la Constitución y de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales se han implementado las medidas cautelares, las cuales tienen como finalidad prevenir, impedir o interrumpir la violación de un derecho, y pueden solicitarse de forma independiente o conjuntamente con las garantías jurisdiccionales, salvo la acción extraordinaria de protección.

¿QUIÉN ES EL JUEZ COMPETENTE EN MATERIA DE GARANTÍAS JURISDICCIONALES?

De forma general, es competente el juez en donde se ha originado el acto o la omisión que vulnera derechos, o el del lugar en donde se han producido los efectos producto de estos actos u omisiones. Es decir, es competente cualquier juez de primera instancia que sea competente dentro de su jurisdicción, sin importar la materia, ya que todos vienen a ser jueces constitucionales. En cuanto a la acción extraordinaria de protección, la acción por incumplimiento y la acción de incumplimiento, la Corte Constitucional es la que tiene competencia para tramitarlas de forma directa, es por esto que las mismas deberán ser propuestas ante este órgano. Por último, se debe mencionar que las acciones de garantías jurisdiccionales (hábeas corpus, hábeas data, acceso a la información pública, de protección) pueden ser apeladas ante los superiores de los jueces constitucionales de instancia, que vendrían a ser los jueces de las Cortes Provinciales. Sin embargo, estos deben remitir las sentencias ejecutoriadas de garantías jurisdiccionales a la Corte Constitucional, puesto que esta tiene competencia (Art. 436. 6, CR) para seleccionarlas y revisarlas con el objetivo de desarrollar jurisprudencia.

PROCEDIMIENTO

Las garantías jurisdiccionales se rigen por las siguientes reglas:- Pueden proponerse por cualquier persona, grupo de personas, comunidades, pueblos o nacionalidades. – El procedimiento deberá ser oral, rápido y eficaz. – Serán hábiles todos los días y todas las horas. – No se requerirá de ninguna formalidad, podrán ser propuestas por escrito o de forma oral e incluso no es indispensable el patrocinio de un abogado. * Sin embargo, dentro la Ley dispone que las siguientes actuaciones deben reducirse a escrito: a. La demanda de la garantía específica. b. La calificación de la demanda. c. La contestación a la demanda. d. La sentencia o el auto que aprueba el acuerdo reparatorio. – Las notificaciones se efectuarán por los medios más eficaces que estén al alcance del juzgador. – Cualquier norma procesal que tienda a retardar el proceso no será aplicable. – La misma persona no podrá presentar más de una vez la demanda de violación de derechos contra las mismas personas, por las mismas acciones u omisiones, y con la misma pretensión. – Los autos y sentencias serán apelables ante la Corte Provincial. – Una vez presentada la demanda, el juez la calificará dentro de las veinticuatro horas posteriores; y, en el mismo auto, se dispondrá hora y fecha para que se lleve a cabo la audiencia oral, misma que no podrá fijarse en un término mayor de tres días desde la fecha en que se calificó la demanda. * Estas son las reglas comunes a los distintos procedimientos de garantías jurisdiccionales, sin embargo dentro de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional se encuentran varias disposiciones específicas dependiendo de la garantía jurisdiccional.

¿QUIÉN PUEDE PROPONER UNA GARANTÍA JURISDICCIONAL?

De forma general, las acciones de garantías jurisdiccionales pueden ser ejercidas por cualquier persona, comunidad, pueblo, nacionalidad o colectivo, vulnerada o amenazada en uno o más de sus derechos constitucionales, quien actuará por sí misma o a través de representante o apoderado; y, por el Defensor del Pueblo.

¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS QUE DEBE CONTENER UNA DEMANDA DE GARANTÍA JURISDICCIONAL?

La demanda de garantías jurisdiccionales debe contener al menos los siguientes requisitos:1. Los nombres y apellidos de la persona o personas accionantes y, si no fuere la misma persona, de la afectada. 2. Los datos necesarios para conocer la identidad de la persona, entidad u órgano accionado. 3. La descripción del acto u omisión violatorio del derecho que produjo el daño. Si es posible una relación circunstanciada de los hechos. La persona accionante no está obligada a citar la norma o jurisprudencia que sirva de fundamento a su acción. 4. El lugar donde se le puede hacer conocer de la acción a la persona o entidad accionada. 5. El lugar donde ha de notificarse a la persona accionante y a la afectada, si no fuere la misma persona y si el accionante lo supiere. 6. Declaración de que no se ha planteado otra garantía constitucional por los mismos actos u omisiones, contra la misma persona o grupo de personas y con la misma pretensión. La declaración de no haber planteado otra garantía, podrá subsanarse en la primera audiencia. 7. La solicitud de medidas cautelares, si se creyere oportuno. 8. Los elementos probatorios que demuestren la existencia de un acto u omisión que tenga como resultado la violación de derechos constitucionales, excepto los casos en los que, de conformidad con la Constitución y esta ley, se invierte la carga de la prueba.

¿QUÉ OCURRE SI LA DEMANDA NO REÚNE ESTOS REQUISITOS?

Al ser la finalidad de las garantías jurisdiccionales la protección eficaz e inmediata de los derechos fundamentales, no se puede sacrificar la justicia por la sola omisión de formalidades. Por esta razón, en el caso de que una demanda no reúna los elementos antes descritos, el juez deberá disponer que se la complete en el término de tres días; y, en el caso de que no haya sido completada, y se tenga el indicio de que existe una vulneración de derechos, el juez deberá tramitar la demanda y subsanar la omisión de requisitos para que pueda proceder la audiencia.

¿CABE EL ALLANAMIENTO A LA ACCIÓN EN UN PROCESO DE GARANTÍAS JURISDICCIONALES?

Hasta antes de la expedición de la sentencia, en cualquier momento, la persona accionada puede allanarse a la demanda, pudiendo ser este total o parcial. El juez procederá, en cualquiera de los casos, a declarar la violación del derecho y la forma en la que deberá ser reparado. En el caso del allanamiento parcial, el proceso continuará en lo que ni hubiere acuerdo.

¿PUEDE SER SUSPENDIDA LA AUDIENCIA?

Solo si el juez considera necesario la práctica de pruebas podrá suspenderse la audiencia, debiendo señalar una nueva hora y fecha para continuarla, que no podrá ser mayor de ocho días y por una sola vez. Por excepción, el juez podrá ampliar este término, siempre y cuando sea de manera justificada y únicamente por la complejidad de las pruebas a practicarse.

¿UNA VEZ PRESENTADA LA DEMANDA, EN CUANTO TIEMPO DEBE SER CALIFICADA POR EL JUEZ?

Al tratarse de procedimientos en los que se dilucida sobre un presunta vulneración de derechos, estos deben ser tramitados con la brevedad del caso, por esta razón, una vez presentada la demanda el juez tiene veinticuatro horas para calificarla, en donde admitirá o inadmitirá la demanda a trámite. En el caso de admitirse la demanda, el juez debe fijar día y hora para que se lleve a cabo la audiencia, misma que no podrá fijarse en un término mayor a tres días desde la fecha en que se calificó la demanda.

¿CABE EL DESISTIMIENTO DE LA ACCIÓN EN UN PROCESO DE GARANTÍAS JURISDICCIONALES?

Sí, la persona afectada puede desistir de la acción en cualquier momento, lo cual deberá ser valorado por el juez. De igual manera, se considera desistimiento tácito cuando la persona afectada no compareciere a la audiencia sin justa causa.

¿LA SENTENCIA DE UN PROCESO DE GARANTÍAS JURISDICCIONALES PUEDE SER APELADA?

Sí, la parte que se considere afectada puede apelar en la misma audiencia o en el término de tres días. La apelación será conocida por la Corte Provincial.

¿QUÉ SON LAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES?

Son mecanismos establecidos en la Constitución que buscan tutelar los derechos establecidos en la misma. Es así que tienen por objeto prevenir, detener o enmendar la vulneración de estos derechos.