C A R T A   D E L   M E S

28 de Marzo de 2008

EL SECTOR AGRICOLA MECENAS DE LA CIUDAD

Era axiomático, pero no demostrado, que el pensamiento en la época de la Colonia y en el período de independencia del Ecuador se establecieron políticas para beneficiar a la ciudad en perjuicio de la actividad agrícola del campo; en otras palabras, de beneficiar a los blancos en perjuicio de los indios. En el Siglo XX tal política fue actualizada bajo el razonamiento de que el habitante de la ciudad tenía poder de convocatoria para organizar protestas de carácter político contra los precios de venta de los productos por parte de los habitantes del agro. En consecuencia, la forma de neutralizar la propuesta era propiciar precios máximos de expendio a todos los productos agrícolas, excepto patatas, en perjuicio del productor.

Al comienzo del año 1994 el Gobierno Nacional contrató un estudio para determinar si la política del párrafo precedente era verdadera o no lo era. El estudio determinó una realidad de subsidio del campo a la ciudad, instaurada mediante dos mecanismos administrativos:

· El primero, la intervención burocrática de los Programas Agrícolas Nacionales del Azúcar, de la Caña de Azúcar, del Trigo, de la Cebada, de Cereales, del Banano, del Abacá, del Café, de Mecanización Agrícola, de Capacitación Agrícola, del Maíz de la Sierra y de la Costa, de las Papas, de Ganadería, de la Fiebre Aftosa, y muchos más, organizados a partir del año 1972, con el propósito de controlar la sanidad agropecuaria de los productos, autorizar su movilización interna y certificar el cumplimiento de los requisitos fitosanitarios para la exportación. Muchos de ellos se financiaban con la creación, por Acuerdo Ministerial, de un impuesto adicional a los arancelarios debidamente notificado al Banco Central. Su torpe intervención en la producción determinó el desaliento del agro, en especial del litoral, que por décadas había sido exportador de sus productos, produciéndose el efecto de que no había volumen suficiente para satisfacer el mercado interno.

· El segundo, la extensa normativa secundaria que daba atribuciones a los ministros de Estado para fijar los precios oficiales del mercado al consumidor; encontrándose que, para prevenir las protestas organizados por los consumidores de la ciudad, se fijaban los precios del mercado en deterioro del productor del campo, produciéndose el fenómeno económico del subsidio al campo a la ciudad.

El Gobierno Nacional acogió el informe y, en consecuencia, el Arq. Sixto Durán Ballén, Presidente de la República dictó el Decreto Ejecutivo No. 1572, promulgado en el Registro Oficial 402, del 18 de marzo de 1994. Eliminó los llamados Programas Nacionales Agrícolas, dependientes del Ministerio de Agricultura, excepto el del Banano y derogó las atribuciones asignadas a los Ministros de Estado de fijar precios de los productos agrícolas, dejando la fijación a las reglas del mercado. Como efecto del Decreto Ejecutivo se separaron, indemnizados, al rededor de un mil ochocientos empleados públicos, y el edificio del Ministerio de Agricultura desocupó tres pisos, hoy ocupados por el Ministerio de Industrias. Además, en los cuatro años posteriores al Decreto, el país volvió a ser exportador de productos agrícolas.

En un estudio realizado por el Dr. Eugenio Jaramillo Vega, para la edición de su Obra “El Ecuador, Sinceramiento Tributario” realiza una comparación del peso tributario total sobre la propiedad inmobiliaria rural y urbana, encontrando que la propiedad rural soporta un peso del 86% de impuestos y la propiedad urbana solo del 48%. Con estos datos concluye “Esta falacia tributaria  agudiza el entorno socio económico que oprime al campesino en su medio natural y lo obliga a emigrar a la ciudad o al exterior.”

Las entidades públicas superfluas y la fijación política de los precios del agro, ya fueron eliminados en el año 1994. Corresponde a los poderes públicos reducir el peso total de impuestos al sector rural. En otras latitudes se subsidia a la agricultura. En el Ecuador nos empeñamos en gravarla.

Dr. Luis Hidalgo López

GERENTE GENERAL

LEXIS S.A.