C A R T A   D E L   M E S

28 de Febrero de 2008

LA LEY DE CONTRATACION PUBLICA Y LA ELUSION LEGAL

La Ley de Contratación Pública fue elaborada, durante el año 1990, por comisiones acreditadas de la Contraloría General, de la Procuraduría General y del Ministerio de Obras Públicas, sin contar con las sugerencias ponderadas de interesados, como los colegios profesionales, las cámaras de la construcción y de personas conocedoras del tema. Por ende, resultó un texto legal burocrático, que trataba de controlar la corrupción sin hacerlo, por pasos y trámites engorrosos, en tal forma que siguiendo rigurosamente los plazos, el proyecto de contratación culmina con la firma del contrato, entre ocho meses a un año después de haber sido aprobada su realización por la entidad pública. Además, por la participación del Ministerio de Obras Públicas, el proyecto fue orientado a la construcción de obras públicas, dejando medio en el limbo la contratación por otros conceptos.

Tres años más tarde de aprobada y aplicada la Ley, el Congreso Nacional mediante Ley 37, Registro Oficial 246 del 3 de agosto de 1993, y mediante Ley 66, Registro Oficial 509 del 22 de agosto de 1994, en los Considerandos de las dos Leyes expresa textualmente: “Que el sistema de contratación pública dilata la ejecución de obras indispensables, retardando el desarrollo del País”; sin embargo, el Congreso nada hizo para evitar la dilación en la ejecución de las obras y el retardo del desarrollo del País, mientras estuvo en funciones, hasta el año 2007.

En el sistema tributario aparece claramente la “elusión tributaria” que consiste en aplicar artículos de la Ley Tributaria para rebajar o no pagar impuestos, siendo perfectamente legal hacerlo. Por extensión podríamos sostener que el mismo principio se aplica también a la Legislación, encontrando en el texto de las leyes, artículos que nos permitan encontrar otro camino legal para exonerarnos de solemnidades previstas en leyes no deseables.

La elusión legal ha sido aplicada a la Ley de Contratación Pública para exonerarse de los complicados procesos licitatorios, en cuatro formas:

1. La Ley faculta a las entidades del sector público para dictar su propio reglamento de contrataciones. Casi mil entidades han dictado sus propios reglamentos, en los cuales se simplifica la tramitación de la contratación en general. En este caso, se aplican los reglamentos y no la Ley. Se benefician, en esta forma, de una ágil contratación de lo planificado.

2. Las Municipalidades, principalmente las de Guayaquil y Quito, han recurrido a la creación de fundaciones que administran fondos públicos, para llevar a cabo obras de trascendencia en la jurisdicción cantonal, sin sujetarse a la Ley de Contratación Pública precisamente por tratarse precisamente de fundación y no de una entidad pública.

3. El Ejecutivo, en forma inteligente, ha encontrado otra forma de elusión a la Ley de Contratación Pública. Basándose en la misma Ley ha declarado en emergencia obras y acciones prioritarias del sector público. Como se trata de emergencia se encuentra exonerado de cumplir las solemnidades previstas en la Ley de Contratación Pública y ha recurrido a la contratación directa para la reconstrucción de escuelas y cárceles, para la modernización del Registro Civil, para la atención a emergencias reales por fenómenos naturales, etc., mediante la elección de interesados en la ejecución de la obra, ágilmente, prescindiendo de los engorrosos trámites de la Ley.

4. El Ejecutivo, asimismo en forma inteligente, fundamentado en la Ley de Contratación Pública que dispone que la Ley no será aplicable a la contratación entre entidades públicas, ha contratado toda la ejecución de las obras públicas en el país con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, facultándole subcontratar la ejecución de proyectos mediante simples procesos de selección y adjudicación.

El señor Procurador General del Estado, para enervar la elusión en la contratación pública ha presentado a la Función Ejecutiva un proyecto de ley por el cual los cuatro casos anteriores deben sujetarse a la Ley de Contratación Pública, contradiciendo una fundamentación sociológica para apartarse de una ley indeseable, así calificada por el Congreso Nacional. Todos esperábamos que presente un proyecto de Ley de Contratación Pública simple, ágil, transparente, con información abierta, con veedores, etc. que hoy se conoce como Contratanet, sin informes previos de entidades de control que pertenecen a la época de la colonia y con un rígido control posterior a la contratación sobre la forma como se ejecuta el contrato, archivando para siempre la poco práctica ley actual.

Nuestro apoyo al Presidente de la República por la remisión de un proyecto de reformas a las leyes, por el cual se eliminarían los “informes previos” de la Contraloría y de la Procuraduría Generales del Estado, informes que equivalen a un irrelevante control previo, pues en la ejecución de la obra la Contraloría General audita el contrato y mas de una vez contradice su propio informe previo.

Nuestro aplauso, también, al Ministerio de Industrias por haber iniciado, por fin, el proceso de contratación pública mediante la suscripción al sistema de contratación por Internet, -Contratanet- donde todo será público y diáfano, después de que la Comisión Anticorrupción fracasó en el intento.

Dr. Luis Hidalgo López

GERENTE GENERAL

LEXIS S.A.