Contraloría reporta 59 posibles delitos en jueces y fiscales desde noviembre de 2023

La Contraloría General del Estado ha remitido a la Fiscalía 59 informes con indicios de responsabilidad penal por presuntos delitos cometidos por jueces, fiscales y otros servidores judiciales, resultado de exámenes especiales iniciados en noviembre de 2023.

Contexto legal del hecho

La Contraloría General del Estado, conforme a sus competencias establecidas en los artículos 211 y 212 de la Constitución de la República del Ecuador y en la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, tiene la atribución de ejercer control sobre el uso de recursos públicos y el comportamiento patrimonial de los servidores públicos. Los exámenes especiales al patrimonio son parte de los mecanismos de prevención y detección de irregularidades y actos de posible corrupción. La remisión de informes con indicios de responsabilidad penal a la Fiscalía se realiza en cumplimiento del artículo 33 de la citada ley.

Contenido o disposición principal

Desde noviembre de 2023, la Contraloría ha ejecutado 160 exámenes especiales a los patrimonios de jueces, fiscales y otros funcionarios del sistema judicial. De estos, 108 ya fueron concluidos y 52 se encuentran en proceso. Como resultado, se identificaron 59 casos con indicios de responsabilidad penal que fueron enviados a la Fiscalía General del Estado. Estos informes se mantienen bajo reserva, de acuerdo con la normativa vigente, mientras las investigaciones se desarrollan en etapa previa y reservada.

Implicaciones prácticas o destinatarios

Las acciones de control y los hallazgos de la Contraloría involucran directamente a operadores de justicia y servidores judiciales. Hasta el momento, la Fiscalía no ha formulado cargos en los casos reportados. Paralelamente, el Consejo de la Judicatura ha intensificado sus procesos disciplinarios, con la destitución de 34 jueces vinculados a causas emblemáticas como Metástasis, Purga y Plaga, y de otros 12 jueces y 44 servidores judiciales durante los últimos meses. Las medidas adoptadas forman parte de los esfuerzos institucionales para combatir la corrupción en el sistema de justicia.

Fuente: Primicias