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Ley Orgánica de Extinción de Dominio
Actualizado a:
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
Oficio No. T.144-SGJ-21-0205
Quito, 12 de mayo de 2021
Señor Ingeniero
Hugo Del Pozo Berrezueta
DIRECTOR DEL REGISTRO OFICIAL
En su despacho
De mi consideración:
Con oficio número PAN-CLC-2021-0376 de 27 de abril de 2021, el señor Ingeniero César Litardo Caicedo, Presidente de la Asamblea Nacional, remitió el proyecto de LEY ORGÁNICA DE EXTINCIÓN DE DOMINIO.
Dicho proyecto de ley ha sido sancionado por el señor Presidente de la República el día de hoy, por lo que, conforme a lo dispuesto en los artículos 137 de la Constitución de la República y 63 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, se la remito a usted en original y en copia certificada, junto con el certificado de discusión, para su correspondiente publicación en el Registro Oficial.
Adicionalmente, agradeceré a usted que, una vez realizada la respectiva publicación, se sirva remitir el ejemplar original a la Asamblea Nacional para los fines pertinentes.
Atentamente.
Dra. Johana Pesántez Benítez
SECRETARIA GENERAL JURÍDICA
Anexo lo indicado
CERTIFICACIÓN
En mi calidad de Secretario General de la Asamblea Nacional, me permito CERTIFICAR que los días 06 de agosto y 17 de septiembre de 2020, la Asamblea Nacional discutió en primer debate el "PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE RECUPERACIÓN DE BIENES DE ORIGEN O DESTINO ILÍCITO O INJUSTIFICADO"; y, en segundo debate los días 08, 10 de diciembre de 2020 y 19 de enero de 2021, siendo en esta última fecha finalmente aprobado con el siguiente nombre: "PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE EXTINCIÓN DE DOMINIO". Dicho proyecto recibió Objeción Parcial por Inconstitucionalidad y Objeción Parcial del Presidente de la República, el 19 de febrero de 2021.
La Corte Constitucional resolvió la Objeción Parcial por Inconstitucionalidad, mediante Dictamen No. 1-21OP/21, del 17 de marzo de 2021 y fue debidamente notificado a esta Asamblea Nacional el día 24 de marzo de 2021.
Finalmente, y de conformidad con lo señalado en el artículo 139 de la Constitución de la República del Ecuador y el artículo 65 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa fue aprobada la LEY ORGÁNICA DE EXTINCIÓN DE DOMINIO, el día 23 de abril de 2021.
Quito, 27 de abril de 2021.
DR. JAVIER RUBIO DUQUE
Secretario General.
Oficio No. T.144-SGJ-21-0205
Quito, 12 de mayo de 2021
Señor Ingeniero
Hugo Del Pozo Berrezueta
DIRECTOR DEL REGISTRO OFICIAL
En su despacho
De mi consideración:
Con oficio número PAN-CLC-2021-0376 de 27 de abril de 2021, el señor Ingeniero César Litardo Caicedo, Presidente de la Asamblea Nacional, remitió el proyecto de LEY ORGÁNICA DE EXTINCIÓN DE DOMINIO.
Dicho proyecto de ley ha sido sancionado por el señor Presidente de la República el día de hoy, por lo que, conforme a lo dispuesto en los artículos 137 de la Constitución de la República y 63 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, se la remito a usted en original y en copia certificada, junto con el certificado de discusión, para su correspondiente publicación en el Registro Oficial.
Adicionalmente, agradeceré a usted que, una vez realizada la respectiva publicación, se sirva remitir el ejemplar original a la Asamblea Nacional para los fines pertinentes.
Atentamente.
Dra. Johana Pesántez Benítez
SECRETARIA GENERAL JURÍDICA
Anexo lo indicado
CERTIFICACIÓN
En mi calidad de Secretario General de la Asamblea Nacional, me permito CERTIFICAR que los días 06 de agosto y 17 de septiembre de 2020, la Asamblea Nacional discutió en primer debate el "PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE RECUPERACIÓN DE BIENES DE ORIGEN O DESTINO ILÍCITO O INJUSTIFICADO"; y, en segundo debate los días 08, 10 de diciembre de 2020 y 19 de enero de 2021, siendo en esta última fecha finalmente aprobado con el siguiente nombre: "PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE EXTINCIÓN DE DOMINIO". Dicho proyecto recibió Objeción Parcial por Inconstitucionalidad y Objeción Parcial del Presidente de la República, el 19 de febrero de 2021.
La Corte Constitucional resolvió la Objeción Parcial por Inconstitucionalidad, mediante Dictamen No. 1-21OP/21, del 17 de marzo de 2021 y fue debidamente notificado a esta Asamblea Nacional el día 24 de marzo de 2021.
Finalmente, y de conformidad con lo señalado en el artículo 139 de la Constitución de la República del Ecuador y el artículo 65 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa fue aprobada la LEY ORGÁNICA DE EXTINCIÓN DE DOMINIO, el día 23 de abril de 2021.
Quito, 27 de abril de 2021.
DR. JAVIER RUBIO DUQUE
Secretario General.
EL PLENO
CONSIDERANDO
Que, el artículo 1 de la Constitución de la República, dispone que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada;
Que, el numeral 8 del artículo 3 de la Constitución de la República, establece que es un deber patrimonial del Estado, garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción;
Que, el artículo 76 de la Constitución establece que en todo proceso que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso;
Que, en los numerales 8 y 17 del artículo 83 de la Constitución, se determina que son deberes y responsabilidades de los ecuatorianos, sin perjuicios de otros previstos en la Constitución y la ley, el administrar honradamente y con apego irrestricto a la ley el patrimonio público y denunciar y combatir los actos de corrupción; así como, el participar en la vida política, cívica y comunitaria del país, de manera honesta y transparente;
Que, en el numeral 2 del artículo 276 de la Constitución se establece que el régimen de desarrollo tendrá como objetivo construir un sistema económico, justo, democrático, productivo, solidario y sostenible basado en la distribución igualitaria de los beneficios del desarrollo, de los medios de producción y en la generación de trabajo digno y estable;
Que, en el numeral 8 del artículo 284 de la Constitución de la República se dispone que la política económica tendrá como objetivo propiciar el intercambio justo y complementario de bienes y servicios en mercados transparentes y eficientes;
Que, el artículo 321 de la Constitución contempla que el Estado garantiza el derecho a la propiedad en sus formas pública, privada, comunitaria, estatal, asociativa, cooperativa, mixta, y que deberá cumplir su función social y ambiental;
Que, el numeral 1 del artículo 3 de la Convención de la Naciones Unidas contra la Corrupción, señala que la presente Convención se aplicará, de conformidad con sus disposiciones, a la prevención, la investigación y el enjuiciamiento a la corrupción y al embargo preventivo, la incautación, el decomiso y la restitución del producto;
Que, el numeral 2 del artículo 8 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción establece que: "en particular, cada Estado Parte procurará aplicar, en sus propios ordenamientos institucionales y jurídicos, códigos o normas de conducta para, el correcto, honorable y debido cumplimiento de las funciones públicas";
Que, el artículo 31 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, señala que cada Estado Parte adoptará, en el mayor grado en que lo permita su ordenamiento jurídico interno, las medidas que sean necesarias para autorizar el embargo preventivo, incautación y decomiso;
Que, el artículo 49 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, acerca de las investigaciones conjuntas señala que: "considerarán la posibilidad de celebrar acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales en virtud de los cuales, en relación con cuestiones que son objeto de investigaciones, procesos o actuaciones judiciales en uno o más Estados, las autoridades competentes puedan establecer órganos mixtos de investigación";
Que, el artículo 53 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción establece medidas de recuperación directa de bienes de cada Estado Parte de conformidad con su derecho interno;
Que, el artículo 59 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, señala que los Estados Parte considerarán la posibilidad de celebrar acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales con miras a aumentar la eficacia de la cooperación internacional;
Que, la Convención Interamericana contra la Corrupción, señala que uno de sus propósitos es: "Promover, facilitar y regular la cooperación entre los Estados Parte a fin de asegurar la eficacia de las medidas y acciones para prevenir, detectar, sancionar y erradicar los actos de corrupción";
Que, los numerales 1 y 8 de artículo 3 de la Convención Interamericana contra la Corrupción, señala que los Estados Parte consideran aplicar medidas preventivas, dentro de sus sistemas institucionales entre ellas se establecen: 1. Normas de conducta para el correcto honorable y adecuado cumplimiento de las funciones públicas (...). Medidas y sistemas que exijan a los funcionarios públicos informar a las autoridades competentes sobre los actos de corrupción en la función pública de los que tengan conocimiento (...). 8. Sistema para proteger a los funcionarios públicos y ciudadanos particulares que denuncien de buena fe actos de corrupción, incluyendo la protección de su identidad, de conformidad con su Constitución y los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico interno;
Que, el numeral 1, literal d) del artículo 6 de la Convención Interamericana contra la Corrupción, establece como parte de los actos de corrupción al aprovechamiento doloso u ocultación de bienes;
Que, el artículo 8 de la Convención Interamericana contra la Corrupción establece que: "Con sujeción a. su Constitución y a los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, cada Estado Parte prohibirá y sancionará el acto de ofrecer u otorgar a su funcionario público, (...) cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios, como dádivas, favores, promesas o ventajas, a cambio de que dicho funcionario realice u omita cualquier acto, de naturaleza económica o comercial";
Que, el artículo 9 de la Convención contra la Delincuencia Organizada Transaccional, señala que: "cada Estado Parte, en la medida en que proceda y sea compatible con su ordenamiento jurídico, adoptará medidas eficaces de carácter legislativo, administrativo o de otra índole para promover la integridad y para prevenir, detectar y castigar la corrupción de funcionarios públicos"; y,
En ejercicio de las atribuciones constitucionales y legales, expide la siguiente:
CONSIDERANDO
Que, el artículo 1 de la Constitución de la República, dispone que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada;
Que, el numeral 8 del artículo 3 de la Constitución de la República, establece que es un deber patrimonial del Estado, garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción;
Que, el artículo 76 de la Constitución establece que en todo proceso que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso;
Que, en los numerales 8 y 17 del artículo 83 de la Constitución, se determina que son deberes y responsabilidades de los ecuatorianos, sin perjuicios de otros previstos en la Constitución y la ley, el administrar honradamente y con apego irrestricto a la ley el patrimonio público y denunciar y combatir los actos de corrupción; así como, el participar en la vida política, cívica y comunitaria del país, de manera honesta y transparente;
Que, en el numeral 2 del artículo 276 de la Constitución se establece que el régimen de desarrollo tendrá como objetivo construir un sistema económico, justo, democrático, productivo, solidario y sostenible basado en la distribución igualitaria de los beneficios del desarrollo, de los medios de producción y en la generación de trabajo digno y estable;
Que, en el numeral 8 del artículo 284 de la Constitución de la República se dispone que la política económica tendrá como objetivo propiciar el intercambio justo y complementario de bienes y servicios en mercados transparentes y eficientes;
Que, el artículo 321 de la Constitución contempla que el Estado garantiza el derecho a la propiedad en sus formas pública, privada, comunitaria, estatal, asociativa, cooperativa, mixta, y que deberá cumplir su función social y ambiental;
Que, el numeral 1 del artículo 3 de la Convención de la Naciones Unidas contra la Corrupción, señala que la presente Convención se aplicará, de conformidad con sus disposiciones, a la prevención, la investigación y el enjuiciamiento a la corrupción y al embargo preventivo, la incautación, el decomiso y la restitución del producto;
Que, el numeral 2 del artículo 8 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción establece que: "en particular, cada Estado Parte procurará aplicar, en sus propios ordenamientos institucionales y jurídicos, códigos o normas de conducta para, el correcto, honorable y debido cumplimiento de las funciones públicas";
Que, el artículo 31 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, señala que cada Estado Parte adoptará, en el mayor grado en que lo permita su ordenamiento jurídico interno, las medidas que sean necesarias para autorizar el embargo preventivo, incautación y decomiso;
Que, el artículo 49 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, acerca de las investigaciones conjuntas señala que: "considerarán la posibilidad de celebrar acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales en virtud de los cuales, en relación con cuestiones que son objeto de investigaciones, procesos o actuaciones judiciales en uno o más Estados, las autoridades competentes puedan establecer órganos mixtos de investigación";
Que, el artículo 53 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción establece medidas de recuperación directa de bienes de cada Estado Parte de conformidad con su derecho interno;
Que, el artículo 59 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, señala que los Estados Parte considerarán la posibilidad de celebrar acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales con miras a aumentar la eficacia de la cooperación internacional;
Que, la Convención Interamericana contra la Corrupción, señala que uno de sus propósitos es: "Promover, facilitar y regular la cooperación entre los Estados Parte a fin de asegurar la eficacia de las medidas y acciones para prevenir, detectar, sancionar y erradicar los actos de corrupción";
Que, los numerales 1 y 8 de artículo 3 de la Convención Interamericana contra la Corrupción, señala que los Estados Parte consideran aplicar medidas preventivas, dentro de sus sistemas institucionales entre ellas se establecen: 1. Normas de conducta para el correcto honorable y adecuado cumplimiento de las funciones públicas (...). Medidas y sistemas que exijan a los funcionarios públicos informar a las autoridades competentes sobre los actos de corrupción en la función pública de los que tengan conocimiento (...). 8. Sistema para proteger a los funcionarios públicos y ciudadanos particulares que denuncien de buena fe actos de corrupción, incluyendo la protección de su identidad, de conformidad con su Constitución y los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico interno;
Que, el numeral 1, literal d) del artículo 6 de la Convención Interamericana contra la Corrupción, establece como parte de los actos de corrupción al aprovechamiento doloso u ocultación de bienes;
Que, el artículo 8 de la Convención Interamericana contra la Corrupción establece que: "Con sujeción a. su Constitución y a los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, cada Estado Parte prohibirá y sancionará el acto de ofrecer u otorgar a su funcionario público, (...) cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios, como dádivas, favores, promesas o ventajas, a cambio de que dicho funcionario realice u omita cualquier acto, de naturaleza económica o comercial";
Que, el artículo 9 de la Convención contra la Delincuencia Organizada Transaccional, señala que: "cada Estado Parte, en la medida en que proceda y sea compatible con su ordenamiento jurídico, adoptará medidas eficaces de carácter legislativo, administrativo o de otra índole para promover la integridad y para prevenir, detectar y castigar la corrupción de funcionarios públicos"; y,
En ejercicio de las atribuciones constitucionales y legales, expide la siguiente:
LEY ORGÁNICA DE EXTINCIÓN DE DOMINIO
TÍTULO PRELIMINAR
Capítulo I
GENERALIDADES
Art. 1.- Objeto.- La presente Ley tiene por objeto regular la extinción de dominio de los bienes de origen ilícito o injustificado o destino ilícito a favor del Estado.
TÍTULO PRELIMINAR
Capítulo I
GENERALIDADES
Art. 1.- Objeto.- La presente Ley tiene por objeto regular la extinción de dominio de los bienes de origen ilícito o injustificado o destino ilícito a favor del Estado.
Art. 2.- Ámbito de aplicación.- La presente Ley se aplicará sobre los bienes de origen ilícito o injustificado o destino ilícito localizados en el Ecuador y los bienes localizados en el extranjero.
Art. 3.- Extinción de dominio.- La extinción de dominio consiste en la declaración de titularidad a favor del Estado mediante sentencia de autoridad judicial, sin contraprestación, ni compensación alguna para su titular, ni quien ostente o se comporte como tal y se aplica sobre bienes adquiridos mediante acciones u omisiones contrarias al derecho.
La extinción de dominio es de naturaleza jurisdiccional y de carácter real, se dirige contra bienes y no contra personas y se declara a través de un procedimiento autónomo e independiente de cualquier otro juicio o proceso.
La extinción de dominio es de naturaleza jurisdiccional y de carácter real, se dirige contra bienes y no contra personas y se declara a través de un procedimiento autónomo e independiente de cualquier otro juicio o proceso.
Art. 4.- Naturaleza jurídica.- La extinción de dominio es patrimonial, autónoma, distinta e independiente de cualquier otro proceso o materia, y prescribirá luego de transcurridos quince (15) años contados desde la fecha en que se adquirió el bien o bienes sujetos al proceso de extinción de dominio.
Art. 5.- Condiciones para la extinción de dominio.- Para que se configure la extinción de dominio debe comprobarse la concurrencia de las siguientes condiciones:
1. La existencia de algún bien o bienes presumiblemente de origen ilícito o injustificado o de destino ilícito;
2. La existencia de una actividad ilícita;
3. El nexo causal de los dos elementos anteriores; y,
4. El conocimiento que tenga o deba haber tenido el titular del bien acerca de su origen ilícito o injustificado o su destino ilícito, a menos que tanto el titular como el beneficiario final demuestren que estaban impedidos de conocerlo.
1. La existencia de algún bien o bienes presumiblemente de origen ilícito o injustificado o de destino ilícito;
2. La existencia de una actividad ilícita;
3. El nexo causal de los dos elementos anteriores; y,
4. El conocimiento que tenga o deba haber tenido el titular del bien acerca de su origen ilícito o injustificado o su destino ilícito, a menos que tanto el titular como el beneficiario final demuestren que estaban impedidos de conocerlo.
Art. 6.- Bienes objeto de extinción de dominio.- Son bienes objeto de extinción de dominio, todos los que sean susceptibles de valoración económica, muebles e inmuebles y partes integrantes, accesorios, frutos y productos de esos bienes, dinero, activos de cualquier tipo, corporales o incorporales, sujetos a registro o no, así como acciones, títulos, valores, derechos fiduciarios y cuentas del sistema financiero, o aquellos sobre los cuales pueda recaer un derecho de contenido patrimonial.
Los bienes objeto de extinción de dominio representan un interés para el Estado, por lo que, contarán con un valor pecuniario susceptible de administración y serán generadores de beneficios económicos o de utilidad.
Los bienes objeto de extinción de dominio representan un interés para el Estado, por lo que, contarán con un valor pecuniario susceptible de administración y serán generadores de beneficios económicos o de utilidad.
Art. 7.- Definiciones.- Para la aplicación de la presente Ley, se tomarán en cuenta las siguientes definiciones:
a) Actividad ilícita.- Las acciones u omisiones relacionadas con los delitos tipificados en el Código Orgánico Integral Penal de concusión, cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, producción, comercialización o tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, tráfico ilícito de personas, trata, extorsión, usura y demás delitos cometidos como parte del accionar u operatividad de la delincuencia organizada, establecidos mediante sentencia condenatoria ejecutoriada.
b) Afectado.- Persona natural o jurídica que afirma ser titular de algún derecho sobre el bien que es objeto de extinción de dominio, con legitimación para acudir al proceso;
c) Bien de origen injustificado.- Es aquel bien o bienes que no corresponden razonablemente a los ingresos de su titular o representan un incremento sin sustento en su patrimonio;
d) Buena fe.- Conducta diligente y prudente, exenta de toda culpa en todo acto o negocio jurídico relacionado con los bienes objeto de extinción dominio;
e) Presunción de buena fe.- Se presumirá la buena fe cuando la conducta legalmente exigida para adquirir los derechos sobre el bien o los bienes haya sido sin fraude ni vicio. La presunción contraria a la buena fe debe ser probada por quien la alegue; y,
f) Tercero de buena fe.- Persona cuya conducta ha sido diligente y prudente, exenta de culpa en todo acto o negocio jurídico relacionado con los bienes objeto de la extinción de dominio.
Nota: Literal a) sustituido por artículo 133 de Ley No. 0, publicada en Registro Oficial Suplemento 279 de 29 de Marzo del 2023 (ver...).
a) Actividad ilícita.- Las acciones u omisiones relacionadas con los delitos tipificados en el Código Orgánico Integral Penal de concusión, cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, producción, comercialización o tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, tráfico ilícito de personas, trata, extorsión, usura y demás delitos cometidos como parte del accionar u operatividad de la delincuencia organizada, establecidos mediante sentencia condenatoria ejecutoriada.
b) Afectado.- Persona natural o jurídica que afirma ser titular de algún derecho sobre el bien que es objeto de extinción de dominio, con legitimación para acudir al proceso;
c) Bien de origen injustificado.- Es aquel bien o bienes que no corresponden razonablemente a los ingresos de su titular o representan un incremento sin sustento en su patrimonio;
d) Buena fe.- Conducta diligente y prudente, exenta de toda culpa en todo acto o negocio jurídico relacionado con los bienes objeto de extinción dominio;
e) Presunción de buena fe.- Se presumirá la buena fe cuando la conducta legalmente exigida para adquirir los derechos sobre el bien o los bienes haya sido sin fraude ni vicio. La presunción contraria a la buena fe debe ser probada por quien la alegue; y,
f) Tercero de buena fe.- Persona cuya conducta ha sido diligente y prudente, exenta de culpa en todo acto o negocio jurídico relacionado con los bienes objeto de la extinción de dominio.
Nota: Literal a) sustituido por artículo 133 de Ley No. 0, publicada en Registro Oficial Suplemento 279 de 29 de Marzo del 2023 (ver...).
Art. 8.- Supletoriedad.- En todo lo que no esté previsto de manera específica en la presente Ley, en cuanto a normativa sustantiva, se aplicarán las reglas del Código Civil; y, en lo referente a la normativa adjetiva se aplicará lo regulado en el Código Orgánico Integral Penal.
Art. 9.- Responsabilidad en el manejo de la información.- La pérdida, ocultamiento o destrucción de archivos y documentos o toda acción orientada a entorpecer u obstaculizar el procedimiento de extinción de dominio, por parte de las y los funcionarios y servidores públicos, dará lugar a las acciones establecidas en el Código Orgánico Integral Penal.
Capítulo II
GARANTÍAS Y PRINCIPIOS
Art. 10.- Garantías.- En la aplicación de la presente Ley se garantizarán los derechos y garantías reconocidos en la Constitución de la República y en los instrumentos internacionales ratificados por el Estado, que resulten pertinentes con la naturaleza del procedimiento de extinción de dominio.
GARANTÍAS Y PRINCIPIOS
Art. 10.- Garantías.- En la aplicación de la presente Ley se garantizarán los derechos y garantías reconocidos en la Constitución de la República y en los instrumentos internacionales ratificados por el Estado, que resulten pertinentes con la naturaleza del procedimiento de extinción de dominio.
Art. 11.- Cosa juzgada.- El afectado, ante un nuevo procedimiento de extinción de dominio, cuando exista identidad de sujetos, objeto y causa, podrá acreditar que existe decisión definitiva y de fondo por sentencia ejecutoriada o mediante resolución que tenga la misma fuerza de cosa juzgada; por lo tanto, no será sometido a una nueva investigación patrimonial.
Art. 12.- Garantía de derechos de terceros reconocidos.- La persona que sin ser parte procesal fuere perjudicada en su derecho a la propiedad, podrá intervenir como tercerista en la etapa judicial del proceso de extinción de dominio.
Art. 13.- Garantía de protección de identidad.- Durante el procedimiento de extinción de dominio, los testigos, agentes investigadores y otros participantes involucrados dentro del procedimiento, gozarán de la protección de su identidad y, por el nivel de riesgos, podrán ingresar al Sistema Nacional de Protección y Asistencia de Víctimas, Testigos y Otros Participantes en el Proceso Penal, a cargo de la Fiscalía General del Estado.
Art. 14.- Principios.- En la presente Ley se aplicarán los siguientes principios:
a) Derecho a la propiedad.- La extinción de dominio tendrá como límite el derecho a la propiedad adquirida lícitamente;
b) Nulidad de origen.- Se produce cuando el objeto de los actos o negocios jurídicos que dieron origen a su adquisición es contrario al régimen constitucional y legal de la propiedad y, por tanto, los actos y contratos que versen sobre dichos bienes son nulos de origen y en ningún caso constituyen justo título, sin perjuicio de los derechos de los terceros de buena fe;
c) Contradicción.- Los sujetos procesales tendrán el derecho a controvertir las pruebas y aquellas decisiones que sean susceptibles de recursos dentro del procedimiento de extinción de dominio;
d) Objetividad y transparencia.- En las fases de investigación patrimonial y judicial de extinción de dominio, se actuará con objetividad y transparencia, en apego a la Constitución y la ley; y,
e) Reciprocidad Internacional.- Dentro de un proceso de extinción de dominio se observarán los principios que rigen la cooperación internacional, judicial, legal, acuerdos bilaterales o multilaterales suscritos, aprobados y ratificados por los Estados.
a) Derecho a la propiedad.- La extinción de dominio tendrá como límite el derecho a la propiedad adquirida lícitamente;
b) Nulidad de origen.- Se produce cuando el objeto de los actos o negocios jurídicos que dieron origen a su adquisición es contrario al régimen constitucional y legal de la propiedad y, por tanto, los actos y contratos que versen sobre dichos bienes son nulos de origen y en ningún caso constituyen justo título, sin perjuicio de los derechos de los terceros de buena fe;
c) Contradicción.- Los sujetos procesales tendrán el derecho a controvertir las pruebas y aquellas decisiones que sean susceptibles de recursos dentro del procedimiento de extinción de dominio;
d) Objetividad y transparencia.- En las fases de investigación patrimonial y judicial de extinción de dominio, se actuará con objetividad y transparencia, en apego a la Constitución y la ley; y,
e) Reciprocidad Internacional.- Dentro de un proceso de extinción de dominio se observarán los principios que rigen la cooperación internacional, judicial, legal, acuerdos bilaterales o multilaterales suscritos, aprobados y ratificados por los Estados.
TÍTULO I
SUJETOS PROCESALES, COMPETENCIAS Y CAUSALES
Capítulo I
SUJETOS PROCESALES Y COMPETENCIAS
Art. 15.- Sujetos procesales.- Serán parte en el procedimiento de extinción de dominio los siguientes sujetos procesales:
a) La Procuraduría General del Estado;
b) El o los afectados; y,
c) La Fiscalía General del Estado.
SUJETOS PROCESALES, COMPETENCIAS Y CAUSALES
Capítulo I
SUJETOS PROCESALES Y COMPETENCIAS
Art. 15.- Sujetos procesales.- Serán parte en el procedimiento de extinción de dominio los siguientes sujetos procesales:
a) La Procuraduría General del Estado;
b) El o los afectados; y,
c) La Fiscalía General del Estado.
Art. 16.- Competencia de la Procuraduría General del Estado.- Además de las atribuciones que determina la Constitución de la República y la ley, cuando se trate de la defensa del interés público le corresponde al Procurador General del Estado o su delegado, presentar la acusación particular dentro del procedimiento de extinción de dominio e impulsar las acciones en la investigación patrimonial.
En la etapa jurisdiccional, la Procuraduría General del Estado deberá presentar la demanda de extinción de dominio ante la jueza o juez competente en extinción de dominio, tasando la cuantía del bien o bienes objeto de extinción de dominio; así como intervenir en los actos procesales, acciones jurisdiccionales o constitucionales derivadas del procedimiento de extinción de dominio.
En la etapa jurisdiccional, la Procuraduría General del Estado deberá presentar la demanda de extinción de dominio ante la jueza o juez competente en extinción de dominio, tasando la cuantía del bien o bienes objeto de extinción de dominio; así como intervenir en los actos procesales, acciones jurisdiccionales o constitucionales derivadas del procedimiento de extinción de dominio.
Art. 17.- Competencia de la Fiscalía General del Estado.- Serán competentes para realizar la investigación patrimonial sobre extinción de dominio, de oficio, por denuncia o cualquier medio, la Fiscalía General del Estado directamente o a través de los agentes fiscales designados, mediante la conformación de unidades especializadas de extinción de dominio de la Fiscalía General y, actuarán como parte procesal especializada en la etapa judicial de la extinción de dominio y tendrá competencia en todo el territorio nacional.
La Fiscalía General del Estado iniciará de oficio la investigación patrimonial cuando se ponga en su conocimiento la existencia de bienes que puedan ser objeto del procedimiento de extinción de dominio por parte de la Contraloría General del Estado, la Procuraduría General del Estado, la Policía Nacional, la Unidad de Análisis Financiero o cualquier institución pública.
La Fiscalía General del Estado iniciará de oficio la investigación patrimonial cuando se ponga en su conocimiento la existencia de bienes que puedan ser objeto del procedimiento de extinción de dominio por parte de la Contraloría General del Estado, la Procuraduría General del Estado, la Policía Nacional, la Unidad de Análisis Financiero o cualquier institución pública.
Art. 18.- Competencia Judicial.- En el procedimiento de extinción de dominio, serán competentes las juezas y jueces especializados en el juzgamiento de delitos relacionados con corrupción y crimen organizado, del lugar donde se encuentren los bienes, quienes además serán competentes para conocer la solicitud de medidas cautelares y autorizarán las actuaciones o técnicas especiales de investigación.
Cuando existan bienes en distintos lugares, será competente la jueza o juez del lugar donde se encuentre el mayor número de bienes.
Cuando los bienes se encuentran en territorio extranjero, será competente la jueza o juez competente en extinción de dominio de la capital de la República del Ecuador.
En segunda instancia, será competente para conocer el recurso de apelación, la sala especializada en el juzgamiento de delitos relacionados con corrupción y crimen organizado, del lugar de la jurisdicción donde se encuentren los bienes investigados.
Cuando existan bienes en distintos lugares, será competente la jueza o juez del lugar donde se encuentre el mayor número de bienes.
Cuando los bienes se encuentran en territorio extranjero, será competente la jueza o juez competente en extinción de dominio de la capital de la República del Ecuador.
En segunda instancia, será competente para conocer el recurso de apelación, la sala especializada en el juzgamiento de delitos relacionados con corrupción y crimen organizado, del lugar de la jurisdicción donde se encuentren los bienes investigados.
Capítulo II
PROCEDENCIA DE LA EXTINCIÓN DE DOMINIO
Art. 19.- Procedencia y causales de la extinción de dominio.- La extinción de dominio procederá, respecto de los siguientes bienes y circunstancias según el caso:
a) El bien o los bienes de origen, directo o indirecto, de una actividad ilícita;
b) El bien o los bienes que correspondan al objeto material de la actividad ilícita;
c) El bien o los bienes que provengan de la transformación o conversión parcial o total, física o jurídica del producto, instrumento u objeto material de actividades ilícitas;
d) El bien o los bienes que formen parte o constituyan un incremento sin sustento en su patrimonio, cuando existan hechos o circunstancias que permitan determinar que provienen de actividades ilícitas, de forma directa o indirecta;
e) El bien o los bienes que hayan sido utilizados como medio o instrumento para la ejecución de actividades ilícitas;
f) El bien o los bienes que, de acuerdo con las circunstancias en que fueron hallados, o sus características particulares, permitan establecer que están destinados a la ejecución de actividades ilícitas;
g) El bien o los bienes de origen lícito, material o jurídicamente confundidas con bienes de origen ilícito o injustificado o destino ilícito;
h) Los que constituyan ingresos, rentas, frutos, ganancias y otros beneficios derivados de los anteriores bienes relacionados con actividades ilícitas;
i) Cuando los bienes utilizados en el cometimiento de actividades ilícitas hayan sido abandonados, siempre que no pertenezcan a un tercero de buena fe;
j) El bien o los bienes de la sucesión hereditaria o los bienes provenientes por acto entre vivos a título gratuito, cuando hayan sido producto de actividades ilícitas;
k) Cuando los bienes, frutos, productos o ganancias, provengan de la enajenación o permuta de otros que, se presume tienen su origen, directa o indirectamente, en actividades ilícitas; y;
l) El bien o los bienes existentes en el Ecuador de propiedad de una sociedad residente o establecida en un paraíso fiscal, jurisdicción de menor imposición o que esté sujeta a un régimen fiscal preferente, a menos que el beneficiario o los beneficiarios finales justifiquen fehacientemente que la interposición de cualquier sociedad dentro de la cadena de propiedad tiene motivos económicos válidos o cuando la sociedad revele que la residencia de su beneficiario o beneficiarios finales no es Ecuador.
Se podrán aplicar uno o varios de estos presupuestos para la procedencia de la extinción de dominio, los mismos que no serán excluyentes entre sí.
PROCEDENCIA DE LA EXTINCIÓN DE DOMINIO
Art. 19.- Procedencia y causales de la extinción de dominio.- La extinción de dominio procederá, respecto de los siguientes bienes y circunstancias según el caso:
a) El bien o los bienes de origen, directo o indirecto, de una actividad ilícita;
b) El bien o los bienes que correspondan al objeto material de la actividad ilícita;
c) El bien o los bienes que provengan de la transformación o conversión parcial o total, física o jurídica del producto, instrumento u objeto material de actividades ilícitas;
d) El bien o los bienes que formen parte o constituyan un incremento sin sustento en su patrimonio, cuando existan hechos o circunstancias que permitan determinar que provienen de actividades ilícitas, de forma directa o indirecta;
e) El bien o los bienes que hayan sido utilizados como medio o instrumento para la ejecución de actividades ilícitas;
f) El bien o los bienes que, de acuerdo con las circunstancias en que fueron hallados, o sus características particulares, permitan establecer que están destinados a la ejecución de actividades ilícitas;
g) El bien o los bienes de origen lícito, material o jurídicamente confundidas con bienes de origen ilícito o injustificado o destino ilícito;
h) Los que constituyan ingresos, rentas, frutos, ganancias y otros beneficios derivados de los anteriores bienes relacionados con actividades ilícitas;
i) Cuando los bienes utilizados en el cometimiento de actividades ilícitas hayan sido abandonados, siempre que no pertenezcan a un tercero de buena fe;
j) El bien o los bienes de la sucesión hereditaria o los bienes provenientes por acto entre vivos a título gratuito, cuando hayan sido producto de actividades ilícitas;
k) Cuando los bienes, frutos, productos o ganancias, provengan de la enajenación o permuta de otros que, se presume tienen su origen, directa o indirectamente, en actividades ilícitas; y;
l) El bien o los bienes existentes en el Ecuador de propiedad de una sociedad residente o establecida en un paraíso fiscal, jurisdicción de menor imposición o que esté sujeta a un régimen fiscal preferente, a menos que el beneficiario o los beneficiarios finales justifiquen fehacientemente que la interposición de cualquier sociedad dentro de la cadena de propiedad tiene motivos económicos válidos o cuando la sociedad revele que la residencia de su beneficiario o beneficiarios finales no es Ecuador.
Se podrán aplicar uno o varios de estos presupuestos para la procedencia de la extinción de dominio, los mismos que no serán excluyentes entre sí.
Art. 20.- Formas de demostrar afectación.- Se considerarán afectados dentro del procedimiento de extinción de dominio a las personas naturales o jurídicas que acrediten lo siguiente:
1. En caso de los bienes corporales, muebles o inmuebles, se considerará afectada toda persona, natural o jurídica, que alegue tener un derecho real sobre los bienes objeto del procedimiento de extinción de dominio;
2. Tratándose de los derechos personales o de crédito se considerará afectada toda persona, natural o jurídica, que alegue estar legitimada para reclamar el cumplimiento de la respectiva obligación;
3. Respecto de los títulos valores o derechos fiduciarios se considerará afectada toda persona, natural o jurídica, que alegue ser tenedor legítimo de esos bienes o beneficiario con derecho cierto; y,
4. Con relación a los derechos representativos de capital en una sociedad, se considerará afectada toda persona, natural o jurídica, que alegue ser titular de algún derecho real sobre una parte o la totalidad de las cuotas, partes, acciones o participaciones que son objeto de extinción de dominio.
1. En caso de los bienes corporales, muebles o inmuebles, se considerará afectada toda persona, natural o jurídica, que alegue tener un derecho real sobre los bienes objeto del procedimiento de extinción de dominio;
2. Tratándose de los derechos personales o de crédito se considerará afectada toda persona, natural o jurídica, que alegue estar legitimada para reclamar el cumplimiento de la respectiva obligación;
3. Respecto de los títulos valores o derechos fiduciarios se considerará afectada toda persona, natural o jurídica, que alegue ser tenedor legítimo de esos bienes o beneficiario con derecho cierto; y,
4. Con relación a los derechos representativos de capital en una sociedad, se considerará afectada toda persona, natural o jurídica, que alegue ser titular de algún derecho real sobre una parte o la totalidad de las cuotas, partes, acciones o participaciones que son objeto de extinción de dominio.
Art. 21.- Ejercicio de la extinción de dominio.- La muerte del titular del bien o los bienes de origen ilícito o injustificado o destino ilícito no extinguirá, ni cesará y tampoco interrumpirá el ejercicio de la extinción de dominio.
TÍTULO II
PROCEDIMIENTO DE EXTINCIÓN DE DOMINIO
Capítulo I
FASE DE INVESTIGACIÓN PATRIMONIAL
Art. 22.- El procedimiento de extinción de dominio se desarrollará en dos fases: una inicial de investigación patrimonial o pre procesal y una judicial o procesal.
La fase inicial de investigación patrimonial o pre procesal estará a cargo de la Fiscalía General del Estado que contará con el apoyo de la Policía Nacional y el Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, quienes llevarán a cabo las diligencias necesarias para cumplir los fines previstos en esta Ley, quienes ejecutarán sus tareas bajo la dirección de la Fiscalía y dependerán administrativamente del ministerio del ramo.
La fase judicial o procesal, estará a cargo de la jueza o juez competente que se iniciará a partir de la presentación de la resolución de pretensión de extinción de dominio.
Nota: Artículo sustituido por artículo 134 de Ley No. 0, publicada en Registro Oficial Suplemento 279 de 29 de Marzo del 2023 (ver...).
PROCEDIMIENTO DE EXTINCIÓN DE DOMINIO
Capítulo I
FASE DE INVESTIGACIÓN PATRIMONIAL
Art. 22.- El procedimiento de extinción de dominio se desarrollará en dos fases: una inicial de investigación patrimonial o pre procesal y una judicial o procesal.
La fase inicial de investigación patrimonial o pre procesal estará a cargo de la Fiscalía General del Estado que contará con el apoyo de la Policía Nacional y el Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, quienes llevarán a cabo las diligencias necesarias para cumplir los fines previstos en esta Ley, quienes ejecutarán sus tareas bajo la dirección de la Fiscalía y dependerán administrativamente del ministerio del ramo.
La fase judicial o procesal, estará a cargo de la jueza o juez competente que se iniciará a partir de la presentación de la resolución de pretensión de extinción de dominio.
Nota: Artículo sustituido por artículo 134 de Ley No. 0, publicada en Registro Oficial Suplemento 279 de 29 de Marzo del 2023 (ver...).
Art. 23.- Fase de Investigación Patrimonial.- Esta fase estará a cargo de la Fiscalía General del Estado, la que realizará la investigación y reunirá los elementos que sustenten la fase judicial. Iniciará de oficio, por denuncia o cualquier medio y tendrá como fines, los siguientes:
a) Identificar, localizar y ubicar los bienes que se encuentren inmersos en el o los presupuestos para la procedencia de la extinción de dominio;
b) Acreditar que concurren uno o más de los presupuestos de procedencia de extinción de dominio;
c) Identificar a los posibles titulares de derechos sobre los bienes que se encuentren en el o los presupuestos de procedencia de extinción de dominio y establecer el lugar donde podrán ser notificados;
d) Acreditar el vínculo entre los titulares de derechos sobre los bienes y el o los presupuestos de procedencia de extinción de dominio; y,
e) Obtener los medios de prueba necesarios para determinar la existencia o no de la buena fe exenta de culpa en el afectado.
En el desarrollo de esta fase, la o el Fiscal o el Procurador General del Estado o su delegado podrán solicitar la prohibición de enajenar a la jueza o juez competente, quien convocará a audiencia en el plazo de dos (2) días de realizada la solicitud, para otorgar dicha medida.
a) Identificar, localizar y ubicar los bienes que se encuentren inmersos en el o los presupuestos para la procedencia de la extinción de dominio;
b) Acreditar que concurren uno o más de los presupuestos de procedencia de extinción de dominio;
c) Identificar a los posibles titulares de derechos sobre los bienes que se encuentren en el o los presupuestos de procedencia de extinción de dominio y establecer el lugar donde podrán ser notificados;
d) Acreditar el vínculo entre los titulares de derechos sobre los bienes y el o los presupuestos de procedencia de extinción de dominio; y,
e) Obtener los medios de prueba necesarios para determinar la existencia o no de la buena fe exenta de culpa en el afectado.
En el desarrollo de esta fase, la o el Fiscal o el Procurador General del Estado o su delegado podrán solicitar la prohibición de enajenar a la jueza o juez competente, quien convocará a audiencia en el plazo de dos (2) días de realizada la solicitud, para otorgar dicha medida.
Art. 24.- Notificación de la apertura de la Investigación Patrimonial.- La o el Fiscal, en el mismo acto, dispondrá la notificación al afectado y a la Procuraduría General del Estado, de la apertura de la Investigación Patrimonial, dentro del plazo de los diez (10) primeros días de haber iniciado esta fase conforme a lo establecido en el artículo 22 de esta Ley.
La boleta contendrá la prevención de designar a una o un defensor privado o público y señalar casilla judicial o dirección electrónica para las notificaciones.
A fin de preservar los derechos del o los afectados que residan en el exterior, la notificación se realizará mediante exhorto a las autoridades consulares, de conformidad con la legislación vigente y las normas procesales del Estado requerido.
La notificación procederá conforme las reglas establecidas en el Código Orgánico Integral Penal.
La boleta contendrá la prevención de designar a una o un defensor privado o público y señalar casilla judicial o dirección electrónica para las notificaciones.
A fin de preservar los derechos del o los afectados que residan en el exterior, la notificación se realizará mediante exhorto a las autoridades consulares, de conformidad con la legislación vigente y las normas procesales del Estado requerido.
La notificación procederá conforme las reglas establecidas en el Código Orgánico Integral Penal.
Art. 25.- Conexidad.- La o el Fiscal podrá acumular las denuncias en una misma investigación patrimonial, cuando se constate algunos de los siguientes factores de conexidad:
1. Si los bienes, aparentemente, pertenecen a una misma persona, al mismo núcleo familiar o al mismo grupo empresarial o societario;
2. Si existen nexos de relación común entre los titulares de los bienes que permiten inferir la presencia de una identidad o unidad patrimonial o económica, tales como la utilización de testaferros u otros similares;
3. Si se refiere a bienes que presenten identidad en cuanto a la actividad ilícita de la cual provienen o para la cual están siendo destinados, y,
4. Si después de una evaluación costo-beneficio se determine que se trata de bienes respecto de los cuales no se justifica realizar un proceso de extinción de dominio individual para cada uno de ellos, debido a su escaso valor económico, a su abandono, o su estado de deterioro.
1. Si los bienes, aparentemente, pertenecen a una misma persona, al mismo núcleo familiar o al mismo grupo empresarial o societario;
2. Si existen nexos de relación común entre los titulares de los bienes que permiten inferir la presencia de una identidad o unidad patrimonial o económica, tales como la utilización de testaferros u otros similares;
3. Si se refiere a bienes que presenten identidad en cuanto a la actividad ilícita de la cual provienen o para la cual están siendo destinados, y,
4. Si después de una evaluación costo-beneficio se determine que se trata de bienes respecto de los cuales no se justifica realizar un proceso de extinción de dominio individual para cada uno de ellos, debido a su escaso valor económico, a su abandono, o su estado de deterioro.
Art. 26.- Actuaciones y técnicas especiales de investigación.- Las o los fiscales, en la fase de investigación patrimonial, estarán facultados para realizar las actuaciones y utilizar las técnicas especiales de investigación pertinentes para la extinción de dominio, contempladas en el Código Orgánico Integral Penal.
No se podrá oponer reserva de ningún tipo a los requerimientos de información que realice la Fiscalía en el marco de una investigación patrimonial.
No se podrá oponer reserva de ningún tipo a los requerimientos de información que realice la Fiscalía en el marco de una investigación patrimonial.
Art. 27.- Inoponibilidad de secreto o reserva.- La o el Fiscal podrá solicitar, previa autorización judicial, acceso a las bases de datos privadas, en búsqueda de la información necesaria para el inicio de la investigación patrimonial, cruces de información en la base de datos de entidades financieras, y en general, en todas aquellas involucradas con la operación, fe pública, registro y control de derechos patrimoniales, salvo las excepciones contempladas en la ley y en tratados y convenios internacionales ratificados por el Estado.
Dentro de las investigaciones con fines de extinción de dominio no será oponible la reserva bancaria, bursátil y tributaria, ni se impedirá el acceso a la información contenida en la base de datos.
Dentro de las investigaciones con fines de extinción de dominio no será oponible la reserva bancaria, bursátil y tributaria, ni se impedirá el acceso a la información contenida en la base de datos.
Art. 28.- Reserva de la Fase de Investigación Patrimonial.- Las actuaciones de la Fiscalía durante la fase de investigación patrimonial se mantendrán en reserva, excepto para el afectado y la Procuraduría General del Estado.
Art. 29.- Duración de la fase de investigación patrimonial.- La investigación patrimonial se realizará en el plazo de doce (12) meses, contados desde que la o el Fiscal tiene conocimiento sobre la existencia de un presunto bien o bienes de origen o destino ilícito o injustificado.
Terminará con la resolución de pretensión de extinción de dominio o con la resolución de archivo emitida por la jueza o juez, previa solicitud de la o el Fiscal a cargo de la investigación.
En el caso de que la investigación versara sobre varios bienes y en la resolución de pretensión de extinción de dominio se determina que solo algunos son de origen ilícito o injustificado o destino ilícito, la extinción de dominio procederá únicamente sobre aquellos bienes.
En aquellos casos en que los bienes sujetos al procedimiento de extinción dominio se encuentren fuera del país o se dificulte la obtención de la prueba, la o el Fiscal podrá solicitar a la jueza o juez una prórroga para la fase de investigación patrimonial, no mayor a seis (6) meses.
Terminará con la resolución de pretensión de extinción de dominio o con la resolución de archivo emitida por la jueza o juez, previa solicitud de la o el Fiscal a cargo de la investigación.
En el caso de que la investigación versara sobre varios bienes y en la resolución de pretensión de extinción de dominio se determina que solo algunos son de origen ilícito o injustificado o destino ilícito, la extinción de dominio procederá únicamente sobre aquellos bienes.
En aquellos casos en que los bienes sujetos al procedimiento de extinción dominio se encuentren fuera del país o se dificulte la obtención de la prueba, la o el Fiscal podrá solicitar a la jueza o juez una prórroga para la fase de investigación patrimonial, no mayor a seis (6) meses.
Art. 30.- Requisitos de la resolución pretensión de extinción de dominio.- La pretensión de extinción de dominio contendrá al menos los siguientes requisitos;
a) Los argumentos de hecho y de derecho que fundamentan el o los presupuestos de procedencia de la extinción de dominio;
b) La identificación, descripción y valoración económica de los bienes objeto de extinción de dominio;
c) El nexo causal entre los bienes y la actividad ilícita o el incremento sin sustento en su patrimonio;
d) El nombre, los datos de identificación y el domicilio de los afectados, terceros reconocidos en el proceso, o las razones que imposibilitan su localización;
e) El anuncio de pruebas y las pruebas obtenidas en la fase de investigación patrimonial que sustenten la pretensión de extinción de dominio;
f) Indicación de las medidas cautelares ordenadas en la fase de investigación patrimonial; y,
g) La petición de extinción de dominio sobre los bienes.
a) Los argumentos de hecho y de derecho que fundamentan el o los presupuestos de procedencia de la extinción de dominio;
b) La identificación, descripción y valoración económica de los bienes objeto de extinción de dominio;
c) El nexo causal entre los bienes y la actividad ilícita o el incremento sin sustento en su patrimonio;
d) El nombre, los datos de identificación y el domicilio de los afectados, terceros reconocidos en el proceso, o las razones que imposibilitan su localización;
e) El anuncio de pruebas y las pruebas obtenidas en la fase de investigación patrimonial que sustenten la pretensión de extinción de dominio;
f) Indicación de las medidas cautelares ordenadas en la fase de investigación patrimonial; y,
g) La petición de extinción de dominio sobre los bienes.
Art. 31.- Requisitos para el archivo.- La o el Fiscal deberá solicitar a la jueza o juez competente el archivo de la Investigación Patrimonial cuando se verifiquen las siguientes circunstancias:
1. Se acredite que los titulares de derechos sobre los bienes que llegaren a identificarse no presentan ningún nexo de relación de procedencia de extinción dominio;
2. No se logre identificar bienes que puedan ser objeto de extinción de dominio, conforme lo que establece el artículo 6 de esta Ley;
3. Se acredite que los bienes investigados o que lleguen a ser identificados no se encuentran enmarcados en una de las causales de extinción de dominio; y,
4. Cuando se demuestre que los bienes cuestionados se encuentran a nombre de terceros y estos han sido adquiridos de buena fe.
1. Se acredite que los titulares de derechos sobre los bienes que llegaren a identificarse no presentan ningún nexo de relación de procedencia de extinción dominio;
2. No se logre identificar bienes que puedan ser objeto de extinción de dominio, conforme lo que establece el artículo 6 de esta Ley;
3. Se acredite que los bienes investigados o que lleguen a ser identificados no se encuentran enmarcados en una de las causales de extinción de dominio; y,
4. Cuando se demuestre que los bienes cuestionados se encuentran a nombre de terceros y estos han sido adquiridos de buena fe.
Art. 32.- Control sobre el archivo de la investigación patrimonial.- La jueza o juez competente en extinción de dominio, a petición de la Procuraduría General del Estado, realizará el control de la solicitud de archivo de la Investigación Patrimonial; de no encontrarse de acuerdo con la solicitud, remitirá en consulta las actuaciones al Fiscal Superior para que las ratifique o revoque. Si se ratifica se archivará, si se revoca se designará a un nuevo Fiscal para que continúe con la fase de Investigación Patrimonial.
La jueza o juez dispondrá la publicación de la resolución de archivo de la investigación patrimonial en el Registro Oficial, a manera de reparación, siempre que no exista oposición del afectado, sin perjuicio de otras acciones reparatorias civiles o penales que le asistan al afectado ante denuncia sin fundamento.
La jueza o juez dispondrá la publicación de la resolución de archivo de la investigación patrimonial en el Registro Oficial, a manera de reparación, siempre que no exista oposición del afectado, sin perjuicio de otras acciones reparatorias civiles o penales que le asistan al afectado ante denuncia sin fundamento.
Art. 33.- Conocimiento de la resolución de pretensión de extinción de dominio.- La o el Fiscal, pondrá en conocimiento de la jueza o juez competente y de las partes procesales la resolución de pretensión de extinción de dominio en el término de cinco (5) días desde su emisión.
El incumplimiento de lo dispuesto en el inciso precedente, constituye infracción grave y será sancionada conforme lo establece el Código Orgánico de la Función Judicial.
El incumplimiento de lo dispuesto en el inciso precedente, constituye infracción grave y será sancionada conforme lo establece el Código Orgánico de la Función Judicial.
Capítulo II
MEDIDAS CAUTELARES
Art. 34.- Tipos de medidas cautelares.- El o la Fiscal o el Procurador General del Estado o su delegado, podrán solicitar las siguientes medidas cautelares sobre los bienes:
a) Prohibición de enajenar;
b) Retención; e,
c) Incautación.
MEDIDAS CAUTELARES
Art. 34.- Tipos de medidas cautelares.- El o la Fiscal o el Procurador General del Estado o su delegado, podrán solicitar las siguientes medidas cautelares sobre los bienes:
a) Prohibición de enajenar;
b) Retención; e,
c) Incautación.
Art. 35.- Solicitud de medidas cautelares en la fase de investigación patrimonial.- Durante la etapa de investigación patrimonial, la o el fiscal o el Procurador General del Estado o su delegado, a fin de precautelar los bienes materia de la investigación, podrán solicitar a la jueza o juez competente las medidas cautelares de prohibición de enajenar y/o la retención de dinero o derechos representativos de capital, o cualquier instrumento.
Una vez recibida la solicitud, la jueza o juez competente dentro del plazo de dos (2) días convocará a audiencia en la cual resolverá sobre la petición de medida cautelar.
Nota: Artículo sustituido por artículo 135 de Ley No. 0, publicada en Registro Oficial Suplemento 279 de 29 de Marzo del 2023 (ver...).
Una vez recibida la solicitud, la jueza o juez competente dentro del plazo de dos (2) días convocará a audiencia en la cual resolverá sobre la petición de medida cautelar.
Nota: Artículo sustituido por artículo 135 de Ley No. 0, publicada en Registro Oficial Suplemento 279 de 29 de Marzo del 2023 (ver...).
Art. 36.- Solicitud de medidas cautelares en fase judicial.- En la fase judicial la o el Fiscal o el Procurador General del Estado o su delegado, podrán solicitar a la jueza o juez la aplicación de cualquiera de las medidas cautelares previstas en el artículo 34 de esta Ley.
Art. 37.- De la enajenación anticipada de bienes.- A solicitud del Procurador General del Estado o su delegado, la jueza o juez de primera instancia autorizará la venta anticipada de los bienes sujetos a medidas cautelares en la fase judicial, cuando éstos corran riesgo de perecer, deteriorarse, depreciarse o desvalorizarse, o cuya conservación y cuidado signifique perjuicios o gastos desproporcionados a su valor o administración. Lo mismo sucederá cuando se trate de semovientes u otros animales.
Art. 38.- Inscripción.- La jueza o juez competente ordenará la inscripción de la medida cautelar que dispone la prohibición de enajenar en el registro que corresponda.
Art. 39.- Revocatoria.- Las medidas cautelares solo podrán revocarse por decisión de la jueza o juez o previa petición de las partes procesales.
Art. 40.- Regla general.- Las medidas cautelares solicitadas en la fase judicial se dictarán con arreglo al presente Capítulo.
Capítulo III
FASE JUDICIAL
Art. 41.- Unidad procesal.- Por cada investigación se efectuará un proceso judicial, cualquiera que sea el número de bienes investigados.
FASE JUDICIAL
Art. 41.- Unidad procesal.- Por cada investigación se efectuará un proceso judicial, cualquiera que sea el número de bienes investigados.
Art. 42.- Admisión a trámite.- La jueza o juez competente que avoque conocimiento de la pretensión de extinción de dominio, la admitirá a trámite en el término de tres (3) días, una vez verificado el cumplimiento de los requisitos.
En caso de que la jueza o juez determine la omisión de algún requisito formal en la pretensión, concederá a la o el Fiscal el término de cinco (5) días para subsanarla.
En caso de que la jueza o juez determine la omisión de algún requisito formal en la pretensión, concederá a la o el Fiscal el término de cinco (5) días para subsanarla.
Art. 43.- Notificación de la resolución de la pretensión de extinción de dominio.- La jueza o juez, dispondrá la notificación de la resolución de pretensión de extinción de dominio a las partes procesales.
La notificación procederá conforme las reglas establecidas en el Código Orgánico Integral Penal.
La notificación procederá conforme las reglas establecidas en el Código Orgánico Integral Penal.
Art. 44.- Acusación Particular.- La Procuraduría General del Estado en base a la resolución de pretensión de extinción de dominio efectuada por la o el Fiscal, presentará la acusación particular dentro del plazo treinta (30) días contados desde la notificación de dicha resolución, con lo cual se dará inicio a la fase judicial.
Art. 45.- Citación.- La jueza o juez dispondrá la citación al afectado con la acusación particular.
Si el afectado señaló casilla judicial o dirección electrónica en la fase de investigación patrimonial la jueza o juez notificará a dicha casilla o dirección electrónica; caso contrario, la citación con la acusación particular se realizará personalmente entregándole la boleta correspondiente. Si no está presente en el lugar señalado para la citación, se le citará mediante tres (3) boletas entregadas en su residencia o domicilio, en tres (3) días distintos.
A fin de preservar los derechos del o los afectados que residan en el exterior, la citación se realizará mediante exhorto a las autoridades consulares, de conformidad con la legislación vigente y las normas procesales del Estado requerido.
Si el afectado señaló casilla judicial o dirección electrónica en la fase de investigación patrimonial la jueza o juez notificará a dicha casilla o dirección electrónica; caso contrario, la citación con la acusación particular se realizará personalmente entregándole la boleta correspondiente. Si no está presente en el lugar señalado para la citación, se le citará mediante tres (3) boletas entregadas en su residencia o domicilio, en tres (3) días distintos.
A fin de preservar los derechos del o los afectados que residan en el exterior, la citación se realizará mediante exhorto a las autoridades consulares, de conformidad con la legislación vigente y las normas procesales del Estado requerido.
Art. 46.- Contestación.- El afectado, a partir de la citación con la acusación particular, tendrá el plazo de treinta (30) días para presentar su oposición a la pretensión de extinción de dominio y anunciar los medios de prueba conforme a lo establecido en el Código Orgánico Integral Penal.
Art. 47.- Prueba no solicitada oportunamente.- A petición de los sujetos procesales, la jueza o juez competente podrá ordenar la recepción de pruebas que no han sido solicitadas oportunamente, en el término de tres (3) días antes de la audiencia de juicio de extinción de dominio, siempre y cuando se cumplan con los siguientes requisitos:
1. Que quien solicite, justifique no conocer su existencia sino hasta ese momento.
2. Que la prueba solicitada sea relevante para el proceso.
1. Que quien solicite, justifique no conocer su existencia sino hasta ese momento.
2. Que la prueba solicitada sea relevante para el proceso.
Art. 48.- Fijación de Audiencia de Juicio de Extinción de Dominio.- La audiencia de juicio de extinción de dominio se realizará en el plazo máximo de quince (15) días contados desde la fecha de vencimiento del plazo que tuvo el afectado para contestar la demanda de extinción dominio.
Art. 49.- Notificación a testigos y peritos.- La jueza o juez notificará a los testigos y peritos para su comparecencia a Audiencia de Juicio de Extinción de Dominio.
Art. 50.- Audiencia de Juicio de Extinción de Dominio.- La jueza o juez instalará y dirigirá la audiencia que se desarrollará en dos fases:
En una primera fase se tratará lo siguiente:
1. Verificar la legitimación, determinar las partes procesales.
2. Resolver sobre cuestiones de competencia y procedibilidad.
3. Calificación de la admisibilidad de la prueba.
En la segunda fase de la audiencia se realizará lo siguiente;
4. Exposición de alegatos iniciales.
5. Presentación y práctica de pruebas.
6. Exposición de alegatos finales.
Cumplido lo anterior, la jueza o juez dictará sentencia y declarará el cierre de la audiencia.
En una primera fase se tratará lo siguiente:
1. Verificar la legitimación, determinar las partes procesales.
2. Resolver sobre cuestiones de competencia y procedibilidad.
3. Calificación de la admisibilidad de la prueba.
En la segunda fase de la audiencia se realizará lo siguiente;
4. Exposición de alegatos iniciales.
5. Presentación y práctica de pruebas.
6. Exposición de alegatos finales.
Cumplido lo anterior, la jueza o juez dictará sentencia y declarará el cierre de la audiencia.
Art. 51.- Sentencia.- Al finalizar la audiencia, la jueza o juez declarará la extinción del dominio y la titularidad a favor del Estado, o en su defecto, la improcedencia de la pretensión, pronunciará su decisión en forma oral. Excepcionalmente y cuando la complejidad del caso lo amerite podrá suspender la audiencia hasta por diez (10) días para emitir su decisión oral. Al ordenar la suspensión determinará el día y la hora de reinstalación de la audiencia. La sentencia escrita motivada se notificará a las partes en el término de diez (10) días.
En caso de improcedencia de la pretensión, la jueza o juez ordenará la revocatoria de las medidas cautelares que se hayan impuesto. Sí se hubiere procedido con la enajenación anticipada de bienes, la jueza o juez dispondrá la entrega al afectado del valor íntegro resultado de la enajenación.
Si en sentencia se declara la improcedencia de la pretensión de extinción de dominio, ésta será publicada en el Registro Oficial y en los portales web del Consejo de la Judicatura y de la Fiscalía General del Estado, a manera de reparación, siempre que no exista oposición del afectado.
En caso de improcedencia de la pretensión, la jueza o juez ordenará la revocatoria de las medidas cautelares que se hayan impuesto. Sí se hubiere procedido con la enajenación anticipada de bienes, la jueza o juez dispondrá la entrega al afectado del valor íntegro resultado de la enajenación.
Si en sentencia se declara la improcedencia de la pretensión de extinción de dominio, ésta será publicada en el Registro Oficial y en los portales web del Consejo de la Judicatura y de la Fiscalía General del Estado, a manera de reparación, siempre que no exista oposición del afectado.
Art. 52.- Contenido de la sentencia.- La sentencia contendrá:
1. La relación de los hechos investigados.
2. La identidad o individualización de los bienes objeto del proceso.
3. Indicación de la pretensión formulada por la Fiscalía.
4. Análisis de los alegatos presentados por los sujetos procesales.
5. Los argumentos de hecho y de derecho, haciendo expresa referencia a la valoración de las pruebas practicadas y de la causal o causales invocadas para extinguir el dominio.
6. La decisión final tomada por la jueza o el juez.
1. La relación de los hechos investigados.
2. La identidad o individualización de los bienes objeto del proceso.
3. Indicación de la pretensión formulada por la Fiscalía.
4. Análisis de los alegatos presentados por los sujetos procesales.
5. Los argumentos de hecho y de derecho, haciendo expresa referencia a la valoración de las pruebas practicadas y de la causal o causales invocadas para extinguir el dominio.
6. La decisión final tomada por la jueza o el juez.
Art. 53.- Inscripción de sentencia.- La sentencia ejecutoriada que disponga la extinción de dominio de bienes a favor del Estado, constituye título legal suficiente, y servirá para su inscripción a favor del Servicio de Administración de Bienes o Activos Especiales ante los registros públicos de bienes muebles e inmuebles y entidades competentes correspondientes.
Art. 54.- Recursos.- En el desarrollo del procedimiento de extinción de dominio solo se podrá interponer recurso de apelación contra las sentencias y autos definitivos, con efecto suspensivo.
Art. 55.- Recurso de apelación.- Los sujetos procesales podrán presentar recurso de apelación en tres (3) días contados a partir de la notificación con la sentencia escrita.
Art. 56.- Recurso de revisión y casación.- Los sujetos procesales podrán presentar recurso de revisión y casación y este procederá conforme las normas establecidas en el Código Orgánico Integral Penal.
TÍTULO III
COOPERACIÓN E INSTITUCIONALIDAD
Capítulo I
FORMAS DE COOPERACIÓN
Art. 57.- Obligación de cooperar.- En todas las etapas del procedimiento de extinción de dominio, las entidades, organismos e instituciones públicas y privadas estarán obligadas a cooperar y deberán remitir la información o documentación requerida por la o el Fiscal o la jueza o juez en el término de dos (2) días, o señalar el lugar en donde pueda encontrarse, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales y administrativas que tuviere lugar.
COOPERACIÓN E INSTITUCIONALIDAD
Capítulo I
FORMAS DE COOPERACIÓN
Art. 57.- Obligación de cooperar.- En todas las etapas del procedimiento de extinción de dominio, las entidades, organismos e instituciones públicas y privadas estarán obligadas a cooperar y deberán remitir la información o documentación requerida por la o el Fiscal o la jueza o juez en el término de dos (2) días, o señalar el lugar en donde pueda encontrarse, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales y administrativas que tuviere lugar.
Art. 58.- Cooperación internacional.- El procedimiento de extinción de dominio establecido en la presente Ley, servirá para dar cumplimiento de las obligaciones de cualquier forma de cooperación judicial, penal, policial o administrativa, bajo la aplicación del principio de reciprocidad, de acuerdo a los procedimientos establecidos en los convenios, tratados o acuerdos suscritos, ratificados por el Ecuador, o en virtud de cualquier otro instrumento de cooperación jurídica internacional suscrito por cualquier autoridad de orden nacional o que se propicie en virtud de redes de cooperación entre autoridades homólogas de ambos Estados.
Art. 59.- Reglas de cooperación.- Las disposiciones de la presente Ley serán aplicables en todo procedimiento de cooperación judicial internacional en los temas de investigación, localización, identificación, afectación y trámite de acciones con fines de comiso, recuperación de activos, extinción de dominio o cualquier otra institución jurídica similar, para lo cual se aplicará el principio de reciprocidad.
Art. 60.- Obtención de cooperación internacional.- Con el objeto de garantizar la persecución de bienes ilícitos en el extranjero, con fines de extinción de dominio para su posterior recuperación, la o el Fiscal General del Estado o a quien designe para el efecto, podrá solicitar a los órganos o entidades públicas competentes para que requieran cualquier tipo de cooperación judicial, policial o administrativa, de conformidad con los procedimientos establecidos en los instrumentos internacionales ratificados por el Ecuador.
De ser el caso, el Estado ecuatoriano, a través de las entidades competentes, dispondrá los recursos necesarios para compensar a la jurisdicción requerida por los gastos ocasionados.
De ser el caso, el Estado ecuatoriano, a través de las entidades competentes, dispondrá los recursos necesarios para compensar a la jurisdicción requerida por los gastos ocasionados.
Art. 61.- Cooperación internacional sobre bienes ilícitos ubicados en territorio nacional.- La o el Fiscal General del Estado, actuará con celeridad en la atención de solicitudes de asistencia judicial internacional sobre bienes ilícitos pretendidos por otros Estados y que se encuentren en el territorio nacional.
Una vez presentada la solicitud de asistencia judicial internacional debidamente motivada, la o el Fiscal General del Estado, o a quien designe para el efecto, podrá adoptar medidas cautelares sobre bienes o disponer los actos de investigación que sean requeridos, siempre que los procedimientos, estén contemplados en el ordenamiento jurídico nacional, y no sean contrarios a la Constitución o a las excepciones contenidas en los instrumentos de cooperación judicial internacional invocadas para su aplicabilidad.
Una vez presentada la solicitud de asistencia judicial internacional debidamente motivada, la o el Fiscal General del Estado, o a quien designe para el efecto, podrá adoptar medidas cautelares sobre bienes o disponer los actos de investigación que sean requeridos, siempre que los procedimientos, estén contemplados en el ordenamiento jurídico nacional, y no sean contrarios a la Constitución o a las excepciones contenidas en los instrumentos de cooperación judicial internacional invocadas para su aplicabilidad.
Art. 62.- Validez de sentencia extranjera.- El reconocimiento y ejecución de las sentencias de extinción de dominio o similares sobre bienes que se encuentren en el territorio nacional dictadas por autoridades judiciales extranjeras y que sean, pretendidos por vía de cooperación judicial internacional, estarán sujetos a la normativa vigente y a lo establecido en los instrumentos internacionales suscritos, aprobados y ratificados por Ecuador, o en ausencia de estos al principio de reciprocidad internacional.
Art. 63.- Distribución de bienes.- En virtud de la cooperación internacional recíproca a través de tratados, convenios o acuerdos suscritos, aprobados y ratificados por el Estado ecuatoriano, podrán distribuirse o repartirse los bienes producto de la extinción de dominio, que sean objeto de sentencia definitiva emitida por autoridad nacional o extranjera, según lo establecido en los respectivos instrumentos internacionales aplicados en cada caso, con excepción de que trate de la recuperación de fondos públicos.
Art. 64.- De la administración, venta y monetización de los bienes en el exterior.- La administración, venta y monetización de los bienes ubicados en el exterior, estará sujeta, a la legislación interna de cada país y a los instrumentos internacionales específicos.
CAPÍTULO II
INSTITUCIONALIDAD
Art. 65.- Ente administrador de bienes.-El ente encargado de la administración y gestión inmobiliaria del sector público, además de las facultades y atribuciones previstas en la normativa vigente, asumirá la administración de los bienes muebles e inmuebles, dinero en efectivo, inversiones nacionales e internacionales, y demás productos financieros o bursátiles sobre los cuales recaigan las medidas cautelares y las sentencias judiciales de extinción de dominio que se emitan conforme la presente Ley.
INSTITUCIONALIDAD
Art. 65.- Ente administrador de bienes.-El ente encargado de la administración y gestión inmobiliaria del sector público, además de las facultades y atribuciones previstas en la normativa vigente, asumirá la administración de los bienes muebles e inmuebles, dinero en efectivo, inversiones nacionales e internacionales, y demás productos financieros o bursátiles sobre los cuales recaigan las medidas cautelares y las sentencias judiciales de extinción de dominio que se emitan conforme la presente Ley.
Art. 66.- Instancia de coordinación.- El Presidente de la República designará una instancia encargada de la coordinación para la política nacional en materia de administración de bienes o activos especiales y de disponer que, de acuerdo a la normativa vigente, se conformen, de manera semestral veedurías ciudadanas a los procesos de enajenación de bienes de propiedad del Estado adquiridos mediante un proceso de extinción de domino (sic) y el mantenimiento de los bienes bajo la administración del ente encargado de la administración y gestión inmobiliaria del sector público que no han sido comprados o que la ley no permite su venta.
Art. 67.- Requisitos.- La designación de la máxima autoridad del ente encargado de la administración y gestión inmobiliaria del sector público estará sujeta a los requisitos e inhabilidades establecidas en la ley que regula el servicio público.
Art. 68.- Funciones de la máxima autoridad.- La máxima autoridad del ente encargado de la administración y gestión inmobiliaria del sector público tendrá las siguientes funciones, atribuciones y deberes:
1. Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial del ente encargado de la administración y gestión inmobiliaria del sector público;
2. Dirigir, organizar, coordinar y controlar la gestión del ente encargado de la administración y gestión inmobiliaria del sector público;
3. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de las leyes, decretos, reglamentos, acuerdos y resoluciones aplicables a la administración de Activos Especiales;
4. Designar a los responsables de los procesos, subprocesos o unidades administrativas del ente encargado de la administración y gestión inmobiliaria del sector público;
5. Emitir políticas de gestión y estrategia, a fin de fortalecer el desarrollo institucional;
6. Generar, negociar y aplicar instrumentos internacionales de cooperación para la extinción de dominio de los bienes de origen o destino ilícito o injustificado que se encuentren en el exterior, asegurando la existencia de convenios con la mayor cantidad de países, dando preferencia a aquellos considerados para Ecuador como paraísos fiscales;
7. Emitir resolución motivada de aprobación de enajenación de bienes sobre los cuales exista sentencia ejecutoriada de extinción de dominio; y,
8. Las demás funciones y atribuciones que se le asigne por ley.
1. Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial del ente encargado de la administración y gestión inmobiliaria del sector público;
2. Dirigir, organizar, coordinar y controlar la gestión del ente encargado de la administración y gestión inmobiliaria del sector público;
3. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de las leyes, decretos, reglamentos, acuerdos y resoluciones aplicables a la administración de Activos Especiales;
4. Designar a los responsables de los procesos, subprocesos o unidades administrativas del ente encargado de la administración y gestión inmobiliaria del sector público;
5. Emitir políticas de gestión y estrategia, a fin de fortalecer el desarrollo institucional;
6. Generar, negociar y aplicar instrumentos internacionales de cooperación para la extinción de dominio de los bienes de origen o destino ilícito o injustificado que se encuentren en el exterior, asegurando la existencia de convenios con la mayor cantidad de países, dando preferencia a aquellos considerados para Ecuador como paraísos fiscales;
7. Emitir resolución motivada de aprobación de enajenación de bienes sobre los cuales exista sentencia ejecutoriada de extinción de dominio; y,
8. Las demás funciones y atribuciones que se le asigne por ley.
Art. 69.- Competencias del ente encargado de la administración y gestión inmobiliaria del sector público.- Además de las competencias contenidas en la normativa específica de la materia, el ente encargado de la administración y gestión inmobiliaria del sector público, tendrá las siguientes:
1. Supervisar la utilización de los bienes que constituyen activos especiales que se encuentren en proceso de extinción de dominio previniendo la ocupación ilegal de los mismos.
2. Colaborar con la autoridad jurisdiccional y con la Fiscalía General del Estado en la fase de investigación patrimonial de bienes.
3. Gestionar el cumplimiento de las órdenes de devolución o restitución de los bienes incautados o sobre los cuales no se ha comprobado que sean bienes de origen ilícito o injustificado o destino ilícito en procesos de extinción de dominio.
1. Supervisar la utilización de los bienes que constituyen activos especiales que se encuentren en proceso de extinción de dominio previniendo la ocupación ilegal de los mismos.
2. Colaborar con la autoridad jurisdiccional y con la Fiscalía General del Estado en la fase de investigación patrimonial de bienes.
3. Gestionar el cumplimiento de las órdenes de devolución o restitución de los bienes incautados o sobre los cuales no se ha comprobado que sean bienes de origen ilícito o injustificado o destino ilícito en procesos de extinción de dominio.
Art. 70.- Monetización.- Para la realización del proceso de monetización de bienes que cuente con sentencia ejecutoriada de extinción de dominio, se observará lo siguiente:
1. Contar con la resolución motivada de la máxima autoridad del ente encargado de la administración y gestión inmobiliaria del sector público que disponga la enajenación del bien.
2. Establecer un precio base de los bienes, para lo cual se contará con el valor constante en el informe técnico pericial practicado en la etapa de investigación patrimonial.
3. Utilizar como modalidades para la enajenación la subasta ascendente, venta al mejor oferente, o cualquier otro mecanismo previsto en la normativa vigente.
El ente encargado de la administración y gestión inmobiliaria del sector público tendrá un registro permanente de los procesos de enajenación dentro del cual deberá incluir nombres de los oferentes, adjudicatario, valor, modalidad de enajenación, integrantes de veeduría.
Este registro será actualizado constantemente y estará en el portal web del ente encargado de la administración y gestión inmobiliaria del sector público.
En el caso de enajenación anticipada de bienes se estará a lo dispuesto en este artículo.
1. Contar con la resolución motivada de la máxima autoridad del ente encargado de la administración y gestión inmobiliaria del sector público que disponga la enajenación del bien.
2. Establecer un precio base de los bienes, para lo cual se contará con el valor constante en el informe técnico pericial practicado en la etapa de investigación patrimonial.
3. Utilizar como modalidades para la enajenación la subasta ascendente, venta al mejor oferente, o cualquier otro mecanismo previsto en la normativa vigente.
El ente encargado de la administración y gestión inmobiliaria del sector público tendrá un registro permanente de los procesos de enajenación dentro del cual deberá incluir nombres de los oferentes, adjudicatario, valor, modalidad de enajenación, integrantes de veeduría.
Este registro será actualizado constantemente y estará en el portal web del ente encargado de la administración y gestión inmobiliaria del sector público.
En el caso de enajenación anticipada de bienes se estará a lo dispuesto en este artículo.
Art. 71.- Fondo Especial de Extinción de Dominio.- Los recursos provenientes de la monetización de los bienes constituidos como activos especiales, conformarán un Fondo Especial de Extinción de Dominio, que será administrado por el Director del Servicio de Administración de Bienes o Activos Especiales, sujeto a los lineamientos del Directorio y a su control y supervisión. Los fondos serán depositados en una Subcuenta de la Cuenta Única del Tesoro Nacional y serán destinados conforme lo establecido en la presente Ley.
Los recursos de este Fondo Especial son distintos y no complementarios, a los que el Estado asigna a los sectores de salud y educación por mandato constitucional.
Los recursos de este Fondo Especial son distintos y no complementarios, a los que el Estado asigna a los sectores de salud y educación por mandato constitucional.
Art. 72.- Destino.- La monetización de los bienes constituidos como activos especiales y que cuenten con sentencia ejecutoriada de extinción de dominio a favor del Estado, será invertida en programas destinados a desarrollo infantil integral con énfasis en primera infancia y erradicación de trabajo infantil, en su totalidad.
Art. 73.- Bienes sujetos a destrucción.- Se considera como bienes respecto de los cuales se podrá proceder a su destrucción los siguientes:
1. Los que por su estado de conservación no se les pueda dar otro destino;
2. Los que se encuentren en evidente estado de descomposición, adulteración o contaminación que no los hagan aptos para ser consumidos o que puedan resultar nocivos para la salud de las personas;
3. Los que, por su volumen, la enajenación, disposición o donación resulte inviable por las repercusiones negativas que se pudiesen tener en el mercado interno;
4. Los que la jueza o el juez determine que deban ser destruidos; y,
5. Respecto de los cuales exista disposición legal que ordene su destrucción.
En toda destrucción se deberán observar las disposiciones de seguridad, salud, protección al medio ambiente y demás que resulten aplicables. La Autoridad Administradora, deberá probar fehacientemente la destrucción de dichos Bienes.
1. Los que por su estado de conservación no se les pueda dar otro destino;
2. Los que se encuentren en evidente estado de descomposición, adulteración o contaminación que no los hagan aptos para ser consumidos o que puedan resultar nocivos para la salud de las personas;
3. Los que, por su volumen, la enajenación, disposición o donación resulte inviable por las repercusiones negativas que se pudiesen tener en el mercado interno;
4. Los que la jueza o el juez determine que deban ser destruidos; y,
5. Respecto de los cuales exista disposición legal que ordene su destrucción.
En toda destrucción se deberán observar las disposiciones de seguridad, salud, protección al medio ambiente y demás que resulten aplicables. La Autoridad Administradora, deberá probar fehacientemente la destrucción de dichos Bienes.
Art. 74.- Reglas de administración provisional.- La entidad responsable de la gestión inmobiliaria del sector público estará a cargo de la administración temporal de los bienes con medidas cautelares, debiendo sujetarse a la normativa vigente y al reglamento que se dicte para el efecto.
Art. 75.- Reglas de administración definitiva.- Los bienes sobre los que exista sentencia ejecutoriada de extinción de dominio, pasarán al dominio del Estado y serán administrados de conformidad con las siguientes reglas:
a) Los bienes muebles e inmuebles deberán ser monetizados en el plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días posteriores a la inscripción de transferencia de dominio a favor del Estado;
b) Los bienes muebles que no hayan logrado ser monetizados en tres procesos de enajenación, se pondrán a disposición de las entidades del Estado según la naturaleza del bien y las necesidades institucionales, dando prioridad el cumplimiento de finalidades sociales relacionadas con la educación y salud;
c) El dinero en efectivo, las inversiones nacionales e internacionales y demás productos financieros, serán transferidos a la Cuenta Única del Tesoro Nacional; y,
d) Los bienes inmuebles que no hayan logrado ser monetizados en tres procesos de enajenación serán administrados por el ente encargado de la gestión inmobiliaria del sector público, entidad que los destinará, de acuerdo con las necesidades, a programas de salud y educación o de ser necesario para la utilización de entidades públicas.
a) Los bienes muebles e inmuebles deberán ser monetizados en el plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días posteriores a la inscripción de transferencia de dominio a favor del Estado;
b) Los bienes muebles que no hayan logrado ser monetizados en tres procesos de enajenación, se pondrán a disposición de las entidades del Estado según la naturaleza del bien y las necesidades institucionales, dando prioridad el cumplimiento de finalidades sociales relacionadas con la educación y salud;
c) El dinero en efectivo, las inversiones nacionales e internacionales y demás productos financieros, serán transferidos a la Cuenta Única del Tesoro Nacional; y,
d) Los bienes inmuebles que no hayan logrado ser monetizados en tres procesos de enajenación serán administrados por el ente encargado de la gestión inmobiliaria del sector público, entidad que los destinará, de acuerdo con las necesidades, a programas de salud y educación o de ser necesario para la utilización de entidades públicas.
Art. 76.- Gastos de la administración de Bienes.- Cuando la naturaleza de los bienes lo permita, los gastos en que incurra el ente encargado de la gestión inmobiliaria del sector público en la administración y enajenación de bienes sujetos a un procedimiento de extinción de dominio, se pagarán con cargo a los productos, rendimientos, frutos y accesorios de los bienes que se pusieron a disposición para su administración, según la normativa que se emita para el efecto.
Art. 77.- Devolución de bienes y activos.- En caso de que los bienes sobre los cuales pesan medidas cautelares, deban ser devueltos por sentencia judicial ejecutoriada, el ente encargado de la administración y gestión inmobiliaria del sector público, comunicará al afectado el procedimiento para la devolución, según el tipo de bien, conforme lo determina la normativa vigente.
DISPOSICIONES GENERALES
PRIMERA.- El Servicio de Administración de Bienes o Activos Especiales asumirá las competencias de la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, sobre bienes incautados y comisados.
PRIMERA.- El Servicio de Administración de Bienes o Activos Especiales asumirá las competencias de la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, sobre bienes incautados y comisados.
SEGUNDA.- El ente rector de la administración y gestión inmobiliaria del sector público, a través de su máxima autoridad, informará a la Asamblea. Nacional en forma detallada las acciones realizadas en favor de la monetización de los bienes declarados en extinción de dominio a favor del Estado. La información del manejo de estos recursos estará disponible al público en la página web de la entidad rectora de la administración y gestión inmobiliaria del sector público
La Contraloría General del Estado, deberá informar anualmente a la Asamblea Nacional del Ecuador sobre los actos de control previo, continuo y posterior, ejecutados sobre el manejo de los recursos provenientes de esta Ley; el tipo de control que se aplicará en estos actos será el interno de acuerdo a lo determinado en el artículo 9 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado.
La Contraloría General del Estado, deberá informar anualmente a la Asamblea Nacional del Ecuador sobre los actos de control previo, continuo y posterior, ejecutados sobre el manejo de los recursos provenientes de esta Ley; el tipo de control que se aplicará en estos actos será el interno de acuerdo a lo determinado en el artículo 9 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado.
TERCERA.- Las entidades que integran el sector público según lo previsto en la Constitución de la República, asegurarán la debida conservación, custodia y protección de sus archivos documentales relacionados con licitaciones, compras, contrataciones y, en general, todo negocio jurídico que hubiere involucrado recursos públicos.
CUARTA.- La normativa expedida por el Servicio de Activos Especiales para la administración de bienes producto de un proceso de extinción de dominio prevalecerá sobre cualquier otra de igual jerarquía.
QUINTA.- La Superintendencia de Compañías y el Servicio de Rentas Internas deberán remitir semestralmente a la Unidad de Análisis Financiero y Económico, información actualizada sobre acciones, participaciones y bienes en el exterior de los cuales sean titulares, de forma individual o colectiva, de manera directa o indirecta, las personas naturales y sociedades residentes en el Ecuador, de conformidad con la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos y su Reglamento.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
PRIMERA.- El Reglamento de aplicación de la presente Ley se expedirá por parte del Presidente de la República en ejercicio de la facultad establecida en el número 13 del artículo 147 de la Constitución de la República.
PRIMERA.- El Reglamento de aplicación de la presente Ley se expedirá por parte del Presidente de la República en ejercicio de la facultad establecida en el número 13 del artículo 147 de la Constitución de la República.
SEGUNDA.- El ente encargado de la administración y gestión inmobiliaria del sector público, en el plazo máximo de noventa días (90) días a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, expedirá el Reglamento de Administración de los Bienes que ingresan a ser parte del Estado por extinción de dominio, en donde constará además el procedimiento para la devolución de bienes, conforme las reglas generales establecidas en la presente Ley.
TERCERA.- La Fiscalía. General del Estado en el plazo de seis (6) meses realizará un proceso de capacitación, en materia de extinción de dominio, dirigido a fiscales.
CUARTA.- Los Registros de la Propiedad, Registros de la Propiedad con funciones y facultades de Registros Mercantiles; y, los Registros Mercantiles, en un plazo no mayor de sesenta (60) días contados a partir de la fecha de publicación de la presente ley en el Registro Oficial, deberán realizar la carga de información definida por la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos, en el Sistema de información Registral.
La Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos en un plazo no mayor a treinta (30) días emitirá la normativa a través de la cual se definirá la información a ser ingresada en el Sistema de Información Registral.
La Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos en un plazo no mayor a treinta (30) días emitirá la normativa a través de la cual se definirá la información a ser ingresada en el Sistema de Información Registral.
QUINTA.- Será obligación de los Registros de la Propiedad, Registros de la Propiedad con funciones y facultades de Registro Mercantil; y, Registros Mercantiles, mantener actualizada la información del Sistema de Información Registral, de acuerdo con las directrices y lineamientos establecidos por la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos.
SEXTA.- El ente encargado de la administración y gestión inmobiliaria del sector público adoptará las medidas administrativas necesarias para el ejercicio de las atribuciones establecidas en la presente Ley.
SÉPTIMA.- El ente encargado de la administración y gestión inmobiliaria del sector público, contará con la infraestructura y recursos necesarios para el ejercicio de las atribuciones establecidas en la presente Ley.
OCTAVA.- Lo dispuesto en las disposiciones transitorias Sexta y Séptima deberá ser ordenado y planificado, sin exceder treinta (30) días a partir de la expedición Reglamento General a la presente Ley.
NOVENA.- Las entidades públicas adscritas al Gobierno Central y Gobiernos Autónomos Descentralizados dispondrán la reproducción y conservación en medio magnético de sus archivos documentales relacionados con licitaciones, compras, contrataciones y, en general, todo negocio jurídico que hubiere involucrado recursos públicos. Para lo cual se determina ciento veinte (120) días a partir de la entrada en vigencia de la presente Ley.
DÉCIMA.- Si durante el ejercicio de sus competencias de supervisión y control, la Contraloría General del Estado, la Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE y el Servicio de Rentas Internas, detectaren patrimonios o bienes que pueden ser objeto del procedimiento de extinción de dominio, remitirán a la Fiscalía General del Estado, en el término de 60 días, toda la información necesaria.
UNDÉCIMA.- A partir de la información determinada en la transitoria anterior, la Fiscalía General del Estado, deberá efectuar las acciones necesarias para la custodia preventiva de los archivos en las entidades y sectores identificados, con la finalidad de proteger la integridad y evitar la pérdida o destrucción de material que podría constituir prueba en procesos de extinción de dominio.
DUODÉCIMA.- Con la finalidad de evitar la pérdida o destrucción de información, en los casos en que la Fiscalía General del Estado considere necesario, requerirá a la autoridad judicial competente las medidas cautelares necesarias para la custodia y conservación de los archivos en aquellas entidades públicas en proceso de liquidación o recientemente liquidadas.
DISPOSICIONES REFORMATORIAS
PRIMERA.- En el artículo 282 del Código Orgánico de la Función Judicial, agréguese a continuación del numeral 1, el siguiente:
"Cumplir las funciones y competencias determinadas en la Ley Orgánica, de Extinción de Dominio.
PRIMERA.- En el artículo 282 del Código Orgánico de la Función Judicial, agréguese a continuación del numeral 1, el siguiente:
"Cumplir las funciones y competencias determinadas en la Ley Orgánica, de Extinción de Dominio.
SEGUNDA.- En el artículo 3 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado, a continuación del literal d) agréguese lo siguiente:
"e) Representar al Estado ecuatoriano, en materia de extinción de dominio"; y, vuélvase a enumerar los literales subsiguientes.
"e) Representar al Estado ecuatoriano, en materia de extinción de dominio"; y, vuélvase a enumerar los literales subsiguientes.
TERCERA.- En el artículo 603 del Código Civil, a continuación de la palabra "sucesión7 agregar una coma (,) e incluir la siguiente frase: "por sentencia, ejecutoriada de extinción de dominio" y sigue el texto original.
CUARTA.- En el Código Orgánico General de Procesos en su artículo 1, luego de la palabra "electoral" incluir una coma (,) e incorporar lo siguiente: "de extinción de dominio" y sigue el texto original.
DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ley entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en el Registro Oficial.
Dado y suscrito, a los veintitrés días del mes de abril del año dos mil veinte y uno.
ING. CÉSAR LITARDO CAICEDO
Presidente
DR. JAVIER RUBIO DUQUE
Secretario General
PALACIO NACIONAL, DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, A DOCE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO.
SANCIONASE Y PROMULGASE
Lenín Moreno Garcés
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA
Es fiel copia del original.- Lo certifico.
Quito, 12 de mayo de 2021.
Dra. Johana Pesántez Benítez
SECRETARIA GENERAL JURÍDICA
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.
La presente Ley entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en el Registro Oficial.
Dado y suscrito, a los veintitrés días del mes de abril del año dos mil veinte y uno.
ING. CÉSAR LITARDO CAICEDO
Presidente
DR. JAVIER RUBIO DUQUE
Secretario General
PALACIO NACIONAL, DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, A DOCE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO.
SANCIONASE Y PROMULGASE
Lenín Moreno Garcés
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA
Es fiel copia del original.- Lo certifico.
Quito, 12 de mayo de 2021.
Dra. Johana Pesántez Benítez
SECRETARIA GENERAL JURÍDICA
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.