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Gabriela Guerrero
Gabriela Guerrero
jueves, 10 de febrero de 2022 |

El "Crudo" Dilema

Parece que no se vuelve nada nuevo el encontrarse con derrames catastróficos de crudo en los países latinoamericanos cuya economía depende por sí de la extracción de hidrocarburos. Y es que, desde los últimos años, este ha sido para muchos Estados un medio pleno de subsistencia y de transformación en su mecanismo económico. Ecuador, por ejemplo, no es un caso aislado, pues hoy en día el petróleo representa alrededor de un 28% del total de los ingresos recaudados por el gobierno central (OGP, 2021). Es sin duda, uno de los sectores con mayor crecimiento, con el 43,4% en el último año (BCE, 2021) y esta actividad económica sigue siendo la principal en el país, tras dejar atrás a otras industrias como el comercio, la agricultura, la construcción y la propia administración pública. Pese a que la llegada de la pandemia por COVID-19 afectó a las transacciones petroleras, para febrero de 2021 Ecuador sufrió una recuperación importante en sus exportaciones, reflejadas en un crecimiento del 3,45%, equivalente a USD$62.000.000,00 millones en dicho año (BCE, 2021). Hoy en día, el Ecuador ha logrado recuperar su producción petrolera, equivalente a 487 583 barriles diarios, solo en lo que va del año 2022 (MERNNR, 2022). 

Pero antes del petróleo, Ecuador era un país latinoamericano que subsistía gracias a su agricultura. Primero con el Boom cacaotero, que se magnificó a lo largo de las primeras décadas del siglo XX. Posterior a ello, llegaría el Boom Bananero a lo largo de la década de los 50s, donde el gobierno del presidente Galo Plaza Lasso consiguió que el Ecuador llegue a ser el productor y exportador número uno de banano a nivel mundial (MCE, 2017).  Pero pese a su incursión en la agricultura, Ecuador aún era un país empobrecido y con graves brechas de desigualdad. Parecía que para la década de los 70s el país podía tener una oportunidad de cambiar su mecanismo de vida, gracias a la llegada del Boom Petrolero1.

“El boom petrolero, en el primer quinquenio de los 70, no sólo marca un cambio en la dinámica socioeconómica - la modernización se entroniza en el país y la política económica se vuelve urbana -, sino que también transforma la modalidad de aproximarse a la realidad económica”. (Wettmann, 1989. p.11). 

En la década de los 70s, Ecuador se adentró en una industria plenamente desconocida. El descubrimiento de yacimientos petroleros en el Oriente se produce en plena dictadura militar y será a su vez un detonante importante para el retorno a la democracia. Sin embargo, la misma inexperticia trajo consigo graves implicaciones en temas ambientales, que no necesariamente estaban siquiera normadas a nivel internacional con la gran importancia que tienen hoy en día. En general el mundo se enfrentaba a una industrialización que abarcaba la explotación de hidrocarburos y se hacía cada vez más dependiente de los mismos para subsistir.

 

I. LA NECESIDAD DE GENERAR NORMATIVA APLICABLE

Para la llegada del Boom Petrolero la norma aplicable era la Constitución de 1967, sin embargo, como era lógico de esperarse, esta ni siquiera contemplaba dentro de sus artículos una regulación específica en torno al petróleo, pero sí reconocía de forma general la utilización de los recursos naturales del Estado para fines económicos: “Art. 94.- Planes de desarrollo. - El Estado se obliga a velar por la eficaz utilización de los recursos nacionales2, y a promover el desarrollo ordenado y sostenido de la economía” (ConsE, 1967). La ley no distinguía a los recursos naturales renovables de los no renovables, posiblemente porque ni siquiera en la región esto era un tema crucial. Con el avance del mercado petrolero en el país, la Constitución codificada de 1997 no solo presentaba esta distinción, sino que los reconocía como bienes públicos, impidiendo a las personas naturales y jurídicas apropiarse de los recursos naturales no renovables3. Ya con la Constitución de 1998 se reconoce además la garantía de los pueblos indígenas a participar de los réditos de los recursos naturales que se encuentran en el área donde habitan; pero, sobre todo, el derecho a ser consultados4 sobre los temas de hidrocarburos en los planes de prospección y exploración que abarcaran sus territorios. Poco a poco el país va transformando sus normas hacia un sistema de mayor regulación y resalta la importancia de cuidar a los pueblos y nacionalidades que habitan en estas zonas del país. 

Este último tema tomará aún más fuerza con la implementación de la Constitución de 2008, que desde su artículo primero enfatiza que “Los recursos naturales no renovables del territorio del Estado pertenecen a su patrimonio inalienable, irrenunciable e imprescriptible” (ConsE; 2008). Dentro del mismo instrumento se reconocen los derechos colectivos de los pueblos y comunidades5, por lo que ya no solo se otorga el derecho a que estos colectivos sociales sean consultados, sino que se establecen plazos, normas ambientales, indemnizaciones, entre otros. Pero no solamente los pueblos y comunidades se tornan en sujetos de derecho, sino que la propia naturaleza6 adquiere la posibilidad de exigir la restauración de sus derechos en caso de ser vulnerados, a través cualquier persona, ante una autoridad pública. 

“Art. 72.- (…) En los casos de impacto ambiental grave o permanente, incluidos los ocasionados por la explotación de los recursos naturales no renovables, el Estado establecerá los mecanismos más eficaces para alcanzar la restauración, y adoptará las medidas adecuadas para eliminar o mitigar las consecuencias ambientales nocivas” (ConsE; 2008).

Finalmente, el capítulo V del título VI sobre el Régimen de Desarrollo, se centra justamente en los sectores estratégicos. Básicamente denomina a los sectores estratégicos como aquellos que abarcan el sector energético en todas sus formas, así como el sector de las telecomunicaciones, los recursos naturales no renovables, entre otras (ConsE; 2008. Art. 313). 

Retornando un poco hacia la historia hacia los años 70s, el entonces presidente, el General Guillermo Rodríguez Lara, implementa a través del Decreto Supremo 2967 del 15 de noviembre de 1978, la Ley de Hidrocarburos (LH) de 1978, publicada ante el Registro Oficial 711, la cual – aunque parezca increíble – es la misma que sigue siendo utilizada hasta hoy en día. La LH sufre una última reforma a través de la creación de la Ley de Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal, el 29 de noviembre de 2021. Esta ley modifica a la vez varios códigos, con el objetivo de promover reformas económicas importantes en cuerpos legales tales como la Ley al Régimen Tributario Interno, el Código Orgánico General de Procesos, el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas y la propia Ley de Hidrocarburos, entre otras.

Como bien se ha podido evidenciar, en el marco legal la norma ha sabido ir supliendo los vacíos existentes y creando las oportunidades necesarias para el desarrollo potencial de la industria, sobre todo, petrolera. Sin embargo, el Ecuador en la actualidad, aún debe lidiar con dos temáticas de vital importancia en cuanto a la extracción de crudo: 

  1. los campos petroleros se encuentran en zonas selváticas de gran biodiversidad, por lo que la extracción de estas reservas representa una afectación directa a la naturaleza, por más que se establezca una mínima intervención; y 
  2. generalmente estas zonas albergan a su vez a comunidades ancestrales y pueblos no contactados, que habitan y se alimentan de los productos que crecen en estos sectores, que aunque amparados en la norma, muchas veces caen en daños irreparables a su diario vivir. 

El manejo tanto del ambiente como de la sociabilización con las comunidades no ha sido necesariamente el mejor a lo largo de los años, aunque, por supuesto, no se puede generalizar este hecho hacia todas las empresas petroleras que han arribado al país.

 

II. LOS DERRAMES, LA POCA INFORMACIÓN Y UNO DE LOS CASOS MÁS EMBLEMÁTICOS

Aunque hoy en día se posee una tecnología más avanzada, los derrames petroleros no han cesado y menos aún los conflictos con las comunidades. Partiendo desde el tema de los derrames constantes de petróleo, se puede establecer que poca es la información de la que se dispone abiertamente en medios gubernamentales oficiales como el Ministerio de Agua, Ambiente y Transición Ecológica (MAAE). Medios de investigación periodística como PlanV (2021) han hecho notar en varias ocasiones que la información sobre la cantidad de derrames semanales es una información restringida en Ecuador. Frente a esto, la respuesta del gobierno se ha centrado en decir que, al tratarse de información sensible, no es pública – pero al parecer tampoco es del todo una opción certera, el que se la puede obtener mediante una solicitud al MAAE – lo cual pone además en tela de duda el discurso sobre “gobierno abierto” que ha llegado desde la época del Buen Vivir, es decir, los últimos 15 años. 

“El Gobierno Abierto (GA) constituye un nuevo paradigma de gobernanza que convierte al ciudadano en mandante, partícipe y protagonista de la construcción y ejecución de la política pública. (…) Desde mayo de 2017, el Gobierno del Ecuador ha impulsado la lucha contra la corrupción y el diálogo como mecanismos para recuperar la credibilidad en el accionar del Estado, mediante la generación de acuerdos que mejoren la gobernanza y gobernabilidad de forma transparente y accesible para todos” (Gobierno Abierto Ecuador, 2020). 

Según la poca información obtenida por PlanV, para 2016 el Ecuador registró un total de 248 derrames, siendo este, uno de los peores años para el país en tema de impactos ambientales y reparaciones. “PlanV también consultó a Petroecuador sobre el número de derrames que ha registrado en su infraestructura petrolera en los últimos años, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta” (PlanV, 2021). Asimismo, otras cadenas en periodismo e investigación como la BBC News habían ya previamente brindado información desde 2013 sobre las graves implicaciones de los derrames semanales en el país. En mayo de dicho año el Ministerio de Ambiente se enfrentaba a un derrame que afectó al río Coca, donde más de 11.400 barriles de crudo terminaron en vertientes, llegando hasta el río Napo y alcanzando países vecinos como Perú y Brasil, ya que la contaminación se expandió hasta el río Amazonas. 

“Hace apenas dos meses que otro accidente por un deslave causó un derrame en otro oleoducto, el de Crudos Pesados (OCP), en el que más de 5.000 barriles de crudo contaminaron un área agrícola y ganadera de la provincia costera de Esmeraldas, en el noroeste del país” (BBC, 2013). 

En general, Ecuador tiene casos históricos de importantes contaminaciones ambientales a causa del petróleo. Prueba de ello es el caso Chevron-Texaco. Para 1964 se da inicio al consorcio TexPet Gulf, que era una concesión de exploración entre Texaco Petroleum Company (50%) y Gulf Ecuadorian Oil Company (50%) (Juicio Crudo; 2021). Básicamente lo que se produce en el resto de los años son operaciones conjuntas en la provincia del Napo y operaciones en Lago Agrio a partir de 1967. Para 1971 nace la Corporación Estatal Petrolera (CEPE), mediante Decreto Nro.146, publicado en el Registro Oficial 155; de esta forma en Ecuador se garantiza el incremento de su participación petrolera y se reforma el contrato inicial con el Consorcio, dejando las siguientes participaciones: CEPE 25%, Texaco Petroleum Co. 37.5% y Gulf 37.5%. Más adelante, CEPE asumiría el control mayoritario del contrato (62,5%). 

Sin embargo, aunque las explotaciones petroleras parecían ir bien, poco a poco se empezó a evidenciar un daño ambiental inminente. Tanto el suelo como los ríos estaban contaminados de petróleo. 

“Texaco operó en el Ecuador desde 1964 hasta 1992. En el mismo lapso de tiempo, Texaco fue responsable de no menos de 71 millones de litros de residuos de petróleo y 64 millones de litros de petróleo bruto en más de 2 millones de hectáreas de la Amazonía ecuatoriana, como determinó la Corte ecuatoriana después de nueve años de juicio” (MREMH, 2013). 

Texaco habría sido adquirida por Chevron en 2001, por ende, los juicios que vinieron a continuación se los hicieron en contra de Chevron-Texaco. Tras la contaminación producida en el Oriente, la compañía se negó a reconocer los daños ambientales que había causado, haciendo caso omiso a las sentencias locales y a su vez, empezando procesos arbitrales en contra del Estado ecuatoriano. Estos derrames petroleros y fugas en los canales de oleoductos dieron como resultado que las sustancias químicas (TPH) vertidas llegaran al agua y suelo del que dependían las comunidades del oriente para sobrevivir.  

“Los cofanes, quichuas y secoyas también perdieron sus tierras a causa de la infraestructura y el flujo de colonos que siguiendo el camino del petróleo llegaron a lugares del bosque que antes fueron inaccesibles. El gobierno ofreció títulos legales de propiedad de la tierra a los colonos que talen el bosque para plantar cultivos y pastos” (Kirmeling, 1993, p.72) 

Con Texaco se explotaron alrededor de 336 pozos petroleros, donde se incluyó la construcción de más de 800 piscinas de desechos, tala de árboles para el ingreso de vehículos y construcción de infraestructura, la destrucción indiscriminada e irreparable de la flora y fauna, entre otros. Las leyes ambientales de la época en la que inician las operaciones, sin duda no eran ni la mitad de estrictas que ahora. La reparación de daños ambientales no parecía siquiera ser un problema del cuál preocuparse. La poca diligencia en cuanto al tratamiento de las tuberías y sobre todo la gran cantidad de vegetación que cubre el lugar, provocó que el derrame de residuos sea mucho más constante. Sin embargo, dentro de todo, Ecuador logró en los años 60s que Texaco se encargue al menos de la impermeabilización de las piscinas para que se impidan más filtraciones, ya que este era un caso constante y plenamente evidente. 

“Con el tiempo las piscinas se van llenando con los residuos de la perforación y Texaco decide resolver este problema mediante dos técnicas muy baratas. Por un lado, incinerando el excedente de petróleo (incendios tóxicos y contaminantes, durante tres o cuatro días y generadores de lluvia ácida). Y, por otro lado, succionando esos excedentes petroleros en grandes camiones para para luego regarlos a lo largo de los 1.800 km de carreteras en la selva construidas por la transnacional para la explotación”. (Funes y Miguel, 2016)

Para el año 1994 la contaminación había llegado a ser sumamente grave. Se realizó un estudio entorno a la contaminación del suelo y agua, cuyo resultado demostró altas concentraciones de hidrocarburos policíclicos aromáticos (HPA) en el agua potable. Justamente el Informe Yana Curi (2004) hace un análisis entorno al riesgo de salud que reflejan tanto humanos como animales debido a la exposición a los tóxicos producidos por los hidrocarburos. Pero este no sería el único estudio presentado, se sumaría alrededor de diez estudios como Informe de Cáncer en la Amazonía del Ecuador (1985-1998) (San Sebastián y Hurtig; 2002), Incidence of Childhood Leukemia and Oil Exploitation in the Amazon Basin of Ecuador (San Sebastián y Hurtig; 2004), entre otros. “Los Secoya siempre hemos vivido en un ambiente sano. Cuando Texaco vino a la Amazonía trajeron muchas máquinas y cosas que nunca antes habíamos visto. Usaron dinamita y taladros para internarse en la región Amazónica (…) Empezamos a vivir en un mundo muy diferente al de antes, con ruido, máquinas grandes, con derrames y desperdicios de petróleo” (Testimonio de Piaguaje. De Dematteis y Kayana; 2008). 

Entre estos acontecimientos y muchos otros, se impulsa entonces a la llegada del denominado Juicio del Siglo entre los pobladores amazónicos ecuatorianos vs. Chevron, donde la demanda colectiva se basa en el periodo de tiempo donde se produce explotación petrolera y por ende la afectación que tuvieron en torno a las malas prácticas de la compañía petrolera. Si bien, el juicio se produce a lo largo de los años 90s, para 1994, dentro del gobierno de Durán Ballén, tanto en el discurso de Ecuador como el de Chevron, se sostiene la necesidad de desestimar el caso en función a la afectación que este presentaba para la soberanía del Estado ecuatoriano, por lo que se presenta una petición ante la Corte de Nueva York en la que se solicita que se decline la jurisdicción estadounidense (Serrano, 2013). En 2003 se inician acciones legales desde la Corte Provincial de Justicia de Sucumbíos (antigua Corte Superior de Justicia) donde se alegan daños ambientales. 

“El objetivo de la demanda es lograr que la empresa asuma los costos de la reparación integral del daño ambiental causado; que descontamine el suelo, el agua superficial y subterránea que contiene hidrocarburos; y, que se implementen planes de recuperación de fauna y flora nativas; planes de regeneración de la vida acuática; sistemas de agua, salud y de recuperación de la vida tradicional de las nacionalidades indígenas, entre otros” (Fajardo y De Heredia; 2010). 

Finalmente, frente a esta problemática, Ecuador no obtuvo los resultados esperados en cuanto al fallo judicial. Para 2018, Corte Permanente de Arbitraje La Haya responsabiliza a Ecuador por la falta de justicia y la violación del principio de igualdad, estipulado dentro del Tratado Bilateral de Inversiones con EEUU, así como el incumplimiento de laudos previos; por lo que este nuevo laudo obliga a Ecuador a asumir una multa por USD$9.500 millones de dólares. Mientras tanto, la sentencia lograda en Sucumbíos, únicamente ratifica la obligación en el territorio ecuatoriano, pero en realidad carece de fuerza suficiente frente a lo dispuesto en tribunales internacionales. El resultado, Ecuador queda sujeto a una obligación internacional de resarcimiento. Localmente, Chevron sigue sin una real responsabilidad de reparación.  

Pero más allá de los conflictos legales, lo que se discute es la irreversibilidad en cuanto a la calidad de vida de los habitantes y de los animales. Se destruye por completo el hábitat y se pone en riesgo inminente la salud de las personas. No han sido suficientes los organismos judiciales, laudos y sentencias para reparar de manera satisfactoria lo sucedido. Por una parte, no hay que dejar de lado que este se trataba además de un caso de bienes inmateriales e incuantificables (como la vida o la salud), frente a quizá otros a los que es más fácil darle un precio en cuanto a la reparación de daños (Falconí; 2004). Pero más allá de buscar un rédito económico que permita compensar de cierta forma aquel daño causado, era evidente que ni la naturaleza ni la ciudadanía volvería a ser la misma. 

“Pero no solamente el medio ambiente se afectó sino también la salud de sus habitantes conformado por las nacionalidades Siona, Secoya, Cofán, Huaorani, Kichwas y los colonos que llegaron a esta región en busca de mejores días. Se calcula que son 30 mil personas afectadas directa e indirectamente. Las enfermedades que padecen son múltiples pero la que mayormente está afectando es el cáncer por beber agua contaminada con petróleo”. (Yanza; 2003. pg. 38)

Tal fue el resultado de la contaminación, que el Informe Yana Curi realizado justamente para conocer datos reales sobre la contaminación ambiental y su incidencia en la población, mostraron datos alarmantes. Lo primero que demuestra este documento es que en Ecuador existe un total desconocimiento sobre la cantidad y tipo de químicos que son derramados de forma habitual en el ambiente (IESC; 2004). Por tanto, la evaluación reveló una exposición severa a estos químicos y aunque no hay un año exacto de inicio, se considera que fue a partir de los años 70s, sustentando los datos en los resultados hallados, que prueban concentraciones de HTP7 mayores a 500 veces el límite permitido por el Ministerio de Medio Ambiente. Ya desde la evaluación humana, se realizó un análisis de dos grupos focales, en el que el grupo A (243 personas) habría estado directamente expuesto a la contaminación y el grupo B (223 personas), no habría estado directamente expuesto. El 66% de las personas del grupo A se dedicaban a la agricultura, y el 76,7% del grupo B, a la misma actividad. Como resultado, en ambos grupos se produjo un alto índice de síntomas tales como mareo, dolor de cabeza, cansancio, orina con frecuencia, gastritis, hongos en la piel, dolor en las articulaciones y problemas para dormir (IESC; 2004, pg.52).

Asimismo, se evaluó la afectación directa en torno a los riesgos en la actividad reproductiva. “Las mujeres que viven en la cercanía de pozos y estaciones de petróleo presentan un riesgo de padecer abortos espontáneos 2,5 veces mayor (un 150% más) que las mujeres que viven donde no hay petróleo” (IESC; 2004, pg.63). Otras investigaciones realizadas por entes como la Universidad de Harvard (1993) demostraron que en la Amazonía se presentaban alrededor de 8 diferentes tipos de cáncer. Y así se determinó, mediante el análisis realizado al recinto de San Carlos en Orellana, que es alto el riesgo de contraer cáncer de melanoma, hígado, laringe, linfoma y estómago. “El riesgo de padecer determinados tipos de cáncer de esta población es suficientemente elevado para sospechar la presencia de un factor que está contribuyendo a esa anormal elevación” (IESC; 2004, pg.70).

 

III. QUÉ HA VARIADO AHORA Y QUÉ DEPARA EL FUTURO DE LOS HIDROCARBUROS AL ECUADOR

Justamente el mes de enero de 2022 culmina con un nuevo derrame de petróleo en el Oriente. Las imágenes no dejan de ser tan impactantes como siempre, donde se puede apreciar varios litros de crudo que se dispersa por medio de la naturaleza “Es la mancha de petróleo que propulsó hacia el aire, como si fuera un pinchazo en una manguera gigante, la fuga del oleoducto OCP (Oleoducto de Crudos Pesados) que ha dejado sin agua ni alimentos en los últimos tres días a cientos de comunidades indígenas de la provincia de Napo, en Ecuador” (El País, 2022). Básicamente, el MAAE ha determinado que el área afectada se extiende en unos 21.000 metros cuadrados, donde 16.000 de ellos se encuentran en la zona protegida del Parque Nacional Cayambe-Coca. Ya en sí esta área se encuentra afectada por la erosión regresiva del río Coca, así que este derrame en la zona de Piedra Fina pone aún más en riesgo a la naturaleza. 

“El fuerte caudal del río amazónico ha comido terreno a las laderas y en 2020 esto provocó derrames de petróleo al romperse las tuberías del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE), administrado por la empresa pública Petroecuador, y del mismo OCP” (El País, 2022). 

Pero más allá de las implicaciones graves que puede traer el crudo, hoy en día el Ecuador no está listo para una transición energética hacia otra área. Es más, difícilmente se podría tener en mente apostar de lleno por otras áreas de energía más limpia, como las energías renovables; pues el propio mercado está actualmente diseñado para propulsar la extracción petrolera. Actualmente el propio precio del petróleo se ha elevado en función al conflicto latente entre Ucrania y Rusia8, así como la explosión petrolera de la costa de Nigeria9. En resumen, todos los acontecimientos recientes en el marco internacional benefician al Ecuador en el incremento del precio del petróleo. “Precio del petróleo hoy sube ante la preocupación por la oferta. El barril Brent a 93,48 dólares, y el barril WTI a 92,74 dólares. La cotización del petróleo Brent en 2022 = + 18,12%. El petróleo WTI en 2022 = + 21,01%.” (Precios Petróleo, 2022). 

Asimismo, actualmente la política del Ecuador se centra en incentivar la exploración y explotación petrolera. Así se ha podido evidenciar gracias al lanzamiento de proyectos tales como “Ecuador Open For Business” (EOB) en noviembre de 2021; acompañado de mecanismos que permiten facilitar las inversiones extranjeras en la industria petrolera, donde el presidente de la República, Guillermo Lasso, a través del Decreto Ejecutivo N.º 258, creó, por ejemplo, el Sistema Nacional de Atracción y Facilitación de Inversiones (Snafi) y la Ventanilla Única De Inversiones (VUI). Lo se busca es garantizar el cumplimiento de la política basada en la atracción de inversiones, ya sea de carácter nacional o internacional, y se pueda a su vez simplificar los procesos de inversión. Con el evento EOB se busca impulsar inversiones en 9 sectores con más de 50 proyectos, entre estos “proyectos de hidrocarburos, energía, minería, infraestructura, salud y ambiente podrían significar inversiones de más de USD 29.000 millones, según el catálogo del gobierno” (Primicias, 2021).

Ahora bien, estos datos solo reflejan que convenientemente para el Ecuador, este parece ser un buen momento para explotar sus reservas. Por un lado, porque el precio del petróleo se ha elevado en el mercado internacional y Ecuador tiene una gran posibilidad de vender este producto. Por otro lado, el esfuerzo del gobierno parece dar frutos en el tema de inversiones, donde sin duda hay nuevas empresas interesadas en participar dentro de los réditos que genera esta industria. El atraer nuevos capitales – siempre que el acceso a estos recursos no se vea opacado por la corrupción, como ya sucedió en años previos -, permite al gobierno generar más obra y posibilita el cumplimiento de ofertas de campaña. Es una nueva oportunidad para el país para aprovechar nuevamente el boom petrolero y no solamente recibir nuevos capitales, sino invertirlos de una forma más inteligente y pagar sus deudas. 

No se debe dejar de lado, por supuesto, que los hidrocarburos parecen llegar a una pronta época de caducidad, justamente porque el mundo ha cambiado en torno al cambio climático. A mediano plazo, la industria de hidrocarburos parece tener una fecha límite de 20 años, por lo que muy probablemente, transcurrido este tiempo, la industria de hidrocarburos ya no va a tener el mismo valor que tiene hoy en día. Por ello la vital importancia de empezar a pensar en una transición real en la matriz energética ecuatoriana; muy probablemente, en las energías renovables, gracias a la gran capacidad que tiene el país debido a su posición geográfica beneficiada.  

Finalmente, se debe solamente resaltar que la industria de los hidrocarburos, específicamente del petróleo, no es una industria que debe ser tachada como “mala”, ya que muchas veces ha sido satanizada en función del pésimo manejo ambiental y social de las empresas y del propio gobierno. La falta de control y/o regulación por parte de las autoridades no tiene por qué determinar el tipo de industria que representa para el desarrollo. Lo que busca el gobierno actualmente es aprovechar las oportunidades que tiene a la mano, pero no hay que confundir esto con que con ello sea necesario que el Ecuador agote todos sus recursos petroleros. El plan de acción gubernamental tiene que ir enfocado en pensar que hay otras industrias de las que debería ir participando y que si bien van a causar un impacto - como todas - este impacto va a ser mucho menos corrosivo que la actual industria petrolera. Es decir, como se mencionó anteriormente, ir sentado una transición ordenada donde se pueda reducir gradualmente la cantidad de producción enfocada en recursos no renovables y a cambio, forjar una industria sólida en energías más limpias.

 


1 El Boom Petrolero se produce en Ecuador en la época de los 70s, entre los años 1972 a 1980.  

2 Contitución de la República del Ecuador. 1967. Registro Oficial 113. Última reforma del 12 de abril de 1978. Derogado 
Art. 56.- Recursos naturales. - El aprovechamiento de los recursos naturales, cualesquiera sean sus dueños, se regulará de acuerdo con las necesidades de la economía nacional”.

3 Véase el artículo 18 de la Constitución codificada de 1997.

4 Véase el Art. 84 numeral 4 y 5 de la Constitución de 1998. 

5 Art. 57, numeral 7: “La consulta previa, libre e informada, dentro de un plazo razonable, sobre planes y programas de prospección, explotación y comercialización de recursos no renovables que se encuentren en sus tierras y que puedan afectarles ambiental o culturalmente; participar en los beneficios que esos proyectos reporten y recibir indemnizaciones por los perjuicios sociales, culturales y ambientales que les causen. La consulta que deban realizar las autoridades competentes será obligatoria y oportuna. Si no se obtuviese el consentimiento de la comunidad consultada, se procederá conforme a la Constitución y la ley”
Constitución de la República del Ecuador. (20 de octubre de 2008). Registro Oficial 449. Última reforma el 25 de enero de 2021. 

6 Véase el Art. 71 de la Constitución de la República, 2008. 

7 Hidrocarburos Totales de Petróleo 

8 “El precio del petróleo internacional aumentó este lunes 24 de enero debido a la creciente preocupación de una posible interrupción del suministro, en medio de la inquietud por las tensiones entre Rusia y Ucrania, así como los ataques en Medio Oriente. El crudo Brent subió 33 centavos y se ubicó a 88,22 dólares el barril, mientras el estadounidense West Texas Intermediate ganó 24 centavos para llegar hasta los 85,38 dólares” (France 24, 2022).

9 “Un buque de producción de petróleo explotó frente a la costa de Nigeria, dijo el jueves un funcionario de la compañía petrolera Shebah Exploration and Production Company Limited (SEPCOL). (…) El buque de producción, almacenamiento y descarga de petróleo se encuentra en el delta del Níger, una rica región petrolera. La compañía ha dicho que el buque tiene capacidad de almacenar hasta 2 millones de barriles de petróleo”. (AP, 2022) 


Bibliografía

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Gabriela Guerrero
Sobre el autor
Gabriela Guerrero
Abogada asociada en Robalino, consultora independiente especializada en análisis jurídico, político y económico de Ecuador