La decisión ciudadana definirá el futuro del Yasuní

“La concentración del poder en reducidos círculos, está promoviendo formas no autosustentables de manejo social, pues requieren cada vez de mayores recursos para proteger y hacer andar la maquinaria del Estado. Este ente político se ha transformado hoy en una fantasmal y opresiva institución alejada de la comunidad y que ya no responde a sus intereses, sino que impone planes, que no permiten la expresión natural de los individuos” (Real, 1993). 

En marzo de 2023, en el Ecuador, la Corte Constitucional dio paso a una lucha de más de diez años que organizaciones no gubernamentales vienen liderando, para que los ecuatorianos podamos responder si queremos que haya explotación de recursos no renovables dentro de un territorio protegido, el Yasuní. 

Por años hemos vivido bajo un esquema de poder y gobierno basado en el autoritarismo en todo lo relacionado al uso de los recursos, convirtiéndose en el verdadero obstáculo para alcanzar una sociedad sustentable, siendo todo lo contrario a la toma de decisiones dentro de una democracia real y participativa por parte de todos los sectores que componen la sociedad. 

En las últimas semanas se ha vendido la idea que las personas que están a favor de dejar el petróleo bajo el Yasuní son ecologistas infantiles y que, de ganar el sí, serán los proponentes de una idea romántica que llevará a la ruina al país; así mismo, cada una de las posturas se ha manifestado, señalando motivos técnicos a favor y en contra, sobre las cuales no voy a hacer mayor énfasis. Quisiera más bien recalcar que, por primera vez en la historia del país, después de 50 años de explotación petrolera, todos los ciudadanos con derecho al voto seamos llamados a decidir por el destino de nuestros recursos naturales no renovables, así como el del ecosistema dentro de uno de los sitios más biodiversos del planeta.

A nivel ambiental, se hace cada vez más necesario que la ciudadanía intervenga en la toma de decisiones públicas por medio del acceso a la información y participación ambiental. Por ello, desde la Declaración de Río de Janeiro sobre Medio Ambiente y Desarrollo, adoptada en 1992 en la Conferencia de las Naciones Unidades sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, establece en su principio 10 lo siguiente: 

“El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. Los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la población poniendo la información a disposición de todos. (…)"

Así mismo, en la Conferencia de  las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible de 2012 (Río + 20) se recalcó la importancia de la participación amplia del público, haciendo énfasis que el desarrollo sostenible requiere la implicación efectiva y participación activa de todos los grupos principales como  mujeres, niños y jóvenes, pueblos indígenas, organizaciones no gubernamentales, autoridades locales, trabajadores y sindicatos, empresas e industria, comunidad científica y tecnológica y agricultores, y demás interesados, como las comunidades locales, los grupos de voluntarios y las fundaciones, los migrantes, las familias, las personas adultas mayores y las personas con discapacidad.

Conjunto a ello, se emitieron las Directrices para la elaboración de legislación nacional sobre el acceso a la información, la participación del público y el acceso a la justicia en asuntos ambientales, en donde se indicaba que:

 “(…) los Estados deberían garantizar que existen oportunidades para una participación del público efectiva y desde las primeras etapas del proceso de adopción de decisiones relacionadas con el medio ambiente (…)”, así también que “(…)los Estados deberían realizar esfuerzos para atraer resueltamente la participación del público, de forma transparente y consultiva(…) (Consejo de Administración del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, 2010)”. 

El documento internacional más reciente que avala la participación ciudadana es el Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe que se adoptó en Escazú, Costa Rica, el 4 de marzo de 2018. Este documento busca asegurar la participación del público en decisiones ambientales, y de esta manera establecer una relación entre el Estado y la sociedad. 

Es evidente, que cuando se tuvo la oportunidad de consultar a la población sobre la extracción o la conservación dentro del territorio del Parque Nacional Yasuní, alternativa establecida en la Constitución ecuatoriana, la Asamblea Nacional tomó el camino directo, y el más fácil, de declarar el interés nacional para la explotación de los Bloques petroleros 31 y 43 dentro del Yasuní. Ello generó que la ciudadanía se movilice y logre que diez años después se pueda consultar a los ecuatorianos y mediante un ejercicio de democracia real y directa se decida sobre si se continúa o no la explotación petrolera en el bloque 43 del Yasuní. 

Y es partir de esta consulta mediante la cual se decidirá sobre el futuro de un área protegida en el país, que se abrió el debate con relación a las ventajas y desventajas de la extracción petrolera, lo cual ha denotado tanto en la opinión pública ecuatoriana un criterio positivo sobre la importancia de la conservación y del cambio hacia un modelo de desarrollo sostenible en armonía con la naturaleza. 

El debate actual nos invita a ser conscientes de la importancia de la protección a la naturaleza en la vida de esta generación y de las generaciones futuras, así mismo nos deja la enseñanza que ante decisiones tan importantes en las que se tenga que decidir sobre del derecho a un ambiente sano y equilibrado frente al régimen de desarrollo y el sistema económico, es necesario que la ciudadanía sea escuchada y participe activamente, tal como lo han sugerido documentos internacionales relativos a medio ambiente desde hace varias décadas. 

No veamos de manera negativa a la consulta popular, sino más bien como un mecanismo mediante el cual el Estado busca tornar ciertos derechos como efectivos, entre ellos los de la naturaleza y el derecho a la población a vivir en medio ambiente sano, volviendo realidad la visión ecocéntrica, de la coexistencia del ser humano con el ecosistema del planeta en que vivimos.  

Bibliografía

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). (2022). Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe. Santiago de Chile: Naciones Unidas.

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible. (2012). Documento final de la Conferencia las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible. Río de Janeiro: Naciones Unidas.

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. (1992). Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. Río de Janeiro: Naciones Unidas.

Consejo de Administración del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. (2010). Directrices para la elaboración de legislación nacional sobre el acceso a la información, la participación del público y el acceso a la justicia en asuntos ambientales. Bali: Naciones Unidas.

Gálvez, A. A. (19 de mayo de 2021). El Parque Nacional Yasuní, el más biodiverso del mundo, entre el petróleo y la conservación. Obtenido de Carbono News: https://www.carbono.news/recursos-naturales/el-parque-nacional-yasuni-el-mas-biodiverso-del-mundo-entre-el-petroleo-y-la-conservacion/

Real, B. (1993). Ecología para líderes. Quito: Fundación Ecuatoriana de Estudios Sociales.