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El Tapón del Darién: la ruta mortal de miles de ecuatorianos para llegar a Estados Unidos

lunes, 10 de abril de 2023
7 min de lectura

En enero de este año, El País publicó “El alarmante incremento de migrantes ecuatorianos cruzando por el Darién” (Oquendo, 2023), y es que históricamente el Tapón del Darién ha sido una ruta utilizada en su mayoría por migrantes haitianos y cubanos con el fin de llegar a Estados Unidos. En 2022, las cifras cambiaron y las personas ecuatorianas fueron la segunda nacionalidad que más atravesó por el Darién.

El Tapón del Darién es una selva que se extiende en la frontera entre Colombia y Panamá, y se ha convertido en una ruta de tránsito cada vez más utilizada por personas migrantes que buscan ingresar de forma irregular hacia Centroamérica y México, y que en su mayoría tienen como destino final a Estados Unidos.

El flujo del Darién es dinámico y complejo. En 2021, el número de venezolanos o ecuatorianos era reducido comparado a los haitianos y cubanos[1]. Sin embargo de acuerdo con el Informe Defensorial sobre la Situación de Derechos Humanos de la Niñez y Adolescencia en movilidad humana en Zonas de Frontera de Panamá publicado este año, del total de 248.284 personas que transitaron por esta ruta en 2022, el 77% fueron sudamericanos, en su mayoría de Venezuela, Ecuador, Chile, Perú y Colombia, el 12% fueron nacionales de Haití y Cuba, y el 11% restante, personas de África y Asia provenientes de países como Afganistán, China, Tayikistán y Kirguistán (Defensoría del Pueblo de Panamá, 2023, pp. 20-21).  

En relación con el sexo y edad de las personas migrantes que ingresaron en 2022, el 27% fueron mujeres y se registraron 40.438 niñas, niños y adolescentes, en su mayoría entre 11 y 17 años provenientes de Venezuela, Ecuador, Chile y Brasil. Según el informe defensorial, en el año 2022 el perfil de las familias migrantes también cambió y ahora por ejemplo es usual ver a padres y madres venezolanos con niñas y niños nacidos en Venezuela, Perú, Ecuador y Colombia, seguido de familias ecuatorianas y familias haitianas con hijas e hijos de nacionalidad chilena y brasileña (Defensoría del Pueblo de Panamá, 2023, pp. 21-23). 

En 2022, las personas ecuatorianas fueron la segunda nacionalidad luego de la venezolana que más atravesó por el Darién con un total de 29.356 personas según los registros oficiales (Servicio Nacional de Migración de Panamá, 2023). Si bien la cifra de personas migrantes ecuatorianas no se compara con las 150.327 personas migrantes venezolanas registradas en el mismo año, sí muestra un incremento alarmante comparado a las 330 personas ecuatorianas que se registraron en 2021. En lo que va del 2023, la tendencia se mantiene en el caso de personas migrantes ecuatorianas. (Servicio Nacional de Migración de Panamá, 2023)

La migración de personas ecuatorianas hacia Estados Unidos como destino final no es un fenómeno reciente. A finales de los 90, miles de ecuatorianos migraron hacia Europa y Estados Unidos debido a la crisis económica producto de la dolarización. Sin embargo, en los últimos años distintos factores de expulsión también relacionados con varias crisis económicas, además de la inestabilidad política, desastres naturales, los efectos de la pandemia ocasionada por el COVID-19 en la economía familiar, así como la violencia, extorsiones e inseguridad, han forzado a las personas a seguir buscando formas de migrar hacia otros países. La ruta tradicional que utilizaban miles de ecuatorianos era a través del ingreso regular por México como turistas y el desplazamiento hasta la frontera norte para ingresar de forma irregular a Estados Unidos. Sin embargo, en 2022 esta ruta cambió por el Tapón del Darién, en lo principal, por la exigencia nuevamente de visado para ingresar a México[2] y el alto costo de otras alternativas irregulares como la ruta por Nicaragua (Oquendo, 2022).

Las personas migrantes que intentan cruzar por el Darién se encuentran sometidas al peligro y a los riesgos naturales y humanos de la ruta, así como a la privación de libertad en condiciones deplorables e insalubres por las autoridades migratorias panameñas una vez que logran cruzar el Darién.

En relación con los peligros y riesgos de la ruta, las personas que se internan a la selva del Tapón del Darién deben cruzar lomas, pantanos y distintos ríos caudalosos, así como “la loma de la muerta”, conocida zona en la que muchas personas han fallecido al caer al precipicio. La ausencia de agua potable, la deshidratación a causa del esfuerzo físico y la exposición al clima húmedo, así como las enfermedades contraídas durante el trayecto y las picaduras de insectos, afectan los derechos a la vida, integridad y salud de las personas migrantes y sus familias. A los riesgos inherentes de las condiciones del Darién se suman los que provienen por la presencia de grupos criminales armados y los robos, asaltos o violencia sexual en contra de las personas migrantes. Aunque el paso puede realizarse entre 6 a 10 días, la ruta puede extenderse hasta 13 días por varias razones como el abandono por parte de los “guías” contratados, la violencia por grupos armados, así como los accidentes o enfermedades (Defensoría del Pueblo de Panamá, 2023, pp. 11 y 15).

Diversos organismos internacionales han expresado su preocupación por la situación humanitaria en el Tapón del Darién, entre los que se incluyen el Comité de Derechos Humanos (CCPR), el Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer (CEDAW) y el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas (CED). En sus últimas observaciones finales sobre Panamá, el CCPR expresó su preocupación por los riesgos que enfrentan las personas por parte de grupos criminales como “víctimas de asesinatos, desapariciones, secuestros, violencia sexual, trata, agresiones, robos, intimidación y amenazas por parte de grupos criminales en la ruta migratoria” (CCPR, 2023, párr. 35). Las desapariciones de personas migrantes y la falta de investigación también fueron advertidas por el CED (CED, 2021, párr. 12), y el CEDAW destacó la prevalencia de violencia de género en contra de las mujeres migrantes afrodescendientes quienes son víctimas de violaciones, intimidaciones y desapariciones por parte de agentes armados no estatales, así como los obstáculos para acceder a la justicia en Panamá (CEDAW, 2022, párr. 23).

Respecto a la detención migratoria, una vez que las personas migrantes logran salir de la selva del Darién son alojadas en Estaciones de Recepción de Migrantes (EMR) bajo la supervisión del Servicio Nacional de Fronteras y el Servicio Nacional de Migración panameño. Ahora bien, a pesar de que estas estaciones no son consideradas por las autoridades panameñas como centros de detención, en la práctica funcionan como tales, en la medida en que las “personas alojadas [allí] estarían de facto privadas de libertad al no estar autorizadas a salir de dichos centros, salvo para ser trasladadas por las autoridades hacia la frontera norte, lo que puede durar entre un día a varios meses” (CCPR, 2023, párr. 35).

Más allá de la denominación que pueda darse a la instalación física como estaciones de recepción migratoria o incluso alojamiento temporal, internamiento, retención, albergue, toda medida que limite la libertad ambulatoria de las personas migrantes constituye una detención migratoria y como tal, exige el respeto de las garantías mínimas que se derivan del derecho a la libertad personal.[3] Es importante destacar que el ingreso y la estancia irregular de una personas migrante no es un delito penal sino una falta administrativa, y como tal los instrumentos internacionales de derechos humanos determinan que la detención migratoria es la excepción, se justifica sólo cuando fuese absolutamente necesaria y proporcional, y que en el caso de niñas, niñas y adolescentes se encuentra prohibida (CIDH, 2016, párrs. 405 y 406).

A la detención migratoria se suman las condiciones de vida y el acceso limitado a servicios básicos. En un pronunciamiento por ocho de los Procedimientos Especiales de las Naciones Unidas, entre los que se incluyen al Relator Especial sobre los Derechos Humanos de los Migrantes, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, así como el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas, se advirtió que las familias, mujeres, niñas y niños se encontrarían hacinadas en las estaciones migratorias y que no existiría acceso a agua potable, higiene y saneamiento, así como a servicios de salud (Nota de los Procedimientos Especiales, 2022, p.2).

Ahora bien, el Tapón del Darién no es la única situación que atenta contra los derechos humanos de las personas migrantes. Para Ligia Bolívar, investigadora del Centro de Derechos Humanos de la UCAB, “[e]l problema no es el Darién, ese es un accidente exótico en la ruta; pero el asfalto es mucho más peligroso” (Marrón, 2023). El asfalto se refiere a los riesgos que las personas enfrentan en los países del Triángulo Norte así como en México, en donde ocurren robos y secuestros por grupos delictivos y carteles del narcotráfico una vez que logran salir del Darién y de Panamá. Estos grupos además obligan a las personas migrantes que se quedan varadas sin recursos a transportar sustancias ilegales o a dedicarse temporalmente a la prostitución, como medios para cubrir el costo de su traslado (Centro de Derechos Humanos UCAB, 2022, p.27).

Las personas que logran llegar a Estados Unidos son cada vez menos, y esto no se debe solo a los riesgos del Darién, sino a todos los peligros que las personas migrantes y refugiadas enfrentan durante todo el trayecto migratorio desde que salen de su país de origen.  

La migración por el Tapón del Darién requiere de medidas coordinadas entre todos los Estados de salida, tránsito y recepción de personas migrantes, en lo principal, a través de la expansión de canales regulares, seguros y accesibles para migrar, o al menos de la implementación de un corredor humanitario para proteger los derechos a la vida, integridad y salud de las personas migrantes. Además, las autoridades de cada país deben implementar adecuados mecanismos para identificar a personas que requieran protección internacional y a personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad o con necesidades especiales de protección. También es fundamental que los Estados respeten el principio y derecho de no devolución bajo el cual ninguna persona puede ser devuelta al lugar donde estaría en riesgo de persecución u de otras violaciones graves a sus derechos humanos. Pero sobre todo, es necesario recordar que la movilidad humana es una característica inherente de las personas a lo largo de la historia y que migrar no es un delito.
 

[1] Según los registros del Servicio Nacional de Migración de Panamá, en 2021 se registró un total de 79.219 haitiano, 18.600 cubanos, 2.819 venezolanos y 330 ecuatorianos (Servicio Nacional de Migración de Panamá, 2023).

[2] Desde noviembre de 2018, las personas ecuatorianas se encontraban exentas de este requisito para ingresar como turistas a México pero debido al incremento de personas que viajaron a México y no regresaron a Ecuador, en septiembre de 2021 se retomó el requisito de visado (Beltrán, 2022).

[3] Este criterio ha sido reiterado tanto por la CIDH en los Principios y buenas prácticas sobre la protección de las personas privadas de la libertad en las Américas, así como por la Corte Constitucional del Ecuador en la sentencia No. 335-13-JP/20 de 12 de agosto de 2020.  
 

Bibliografía

Daniel Caballero
Sobre el autor
Daniel Caballero
Abogado por la USFQ y máster en Derecho Constitucional por la UASB. Fue consultor para la CIDH y jefe de despacho en la Corte Constitucional. Es candidato a LLM en Derechos Humanos por Northwestern Pritzker School of Law.
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