100 días de gestión del Presidente Lasso: Escenarios de (in) gobernabilidad

La gobernabilidad comprende entre otros aspectos, tres conceptos clave: legitimidad, estabilidad y eficacia-eficiencia¹. La legitimidad hace referencia a los orígenes y a las condiciones democráticas de llegada; la estabilidad es un atributo anclado a la previsibilidad sobre cómo el gobierno se afirma en el tiempo a través de arreglos formales o institucionales, y finalmente la eficacia-eficiencia, política y administrativa, implica la capacidad de lograr los objetivos planteados con el menor desgaste posible. Bajo estos supuestos a continuación se ensaya una interpretación sobre los escenarios de (in) gobernabilidad del gobierno del presidente Guillermo Lasso a 100 días de posesionado.  
 

Legitimidad 

En la primera vuelta electoral el binomio Lasso-Borrero obtuvo el 19,74% de los votos, frente al 32,72% del binomio Arauz-Rabascall. Con este resultado su triunfo en segunda vuelta era poco esperado aún en los sectores más entusiastas de la alianza CREO-PSC. Las y los consultores presagiaban que, a menos que operara un cambio radical de estrategia que ensanchara el discurso y diversificara las ofertas electorales del binomio del “encuentro”, no habría forma de ganar a un adversario que debía crecer en un 17% para ganar en segunda vuelta, frente al 30% que debía escalar el binomio Lasso-Borrero. 

Por ello, lo que hizo posible el triunfo de Guillermo Lasso no fue tanto la adhesión del electorado con su plan de gobierno, como la estrategia de recorrer su posición ideológica hacia el centro con la incorporación de otras demandas y reivindicaciones que per-formatearon su propuesta inicial pero que finalmente consiguieron la adherencia de un electorado que no quería votar más por una fórmula que provenga de la Revolución Ciudadana. 

En consonancia, uno de los retos de Guillermo Lasso, en lo que a gobernabilidad corresponde, debería ser cimentar la legitimidad de origen lograda en la segunda vuelta. Esto pasa por incorporar una pedagogía que traduzca a políticas gubernamentales, no solo las propuestas planteadas en segunda vuelta, sino las sensibilidades mostradas cuando candidato. Si no lo hace vendría el desafecto de su propia base electoral a la cual le debe su triunfo. 
 

Estabilidad 

A 3 meses de gobierno, dos de los factores, en orden de importancia, que pueden dinamitar la estabilidad de la acción gubernativa son: 

1. La crisis económica que tiene al 70% de la Población Económicamente Activa (PEA) en el precariado; es decir, sin trabajo estable, sin predictibilidad ni seguridad. A esto se suma un nivel de pobreza del 34% y de pobreza extrema del 14%². Parece ser que la gravedad de estos indicadores está al menos en el centro de las preocupaciones del presidente, pues Alexandra Vela, ministra de gobierno, ha subrayado en que el problema más serio que debe enfrentar Ecuador es el empleo. 
    
2. Otro factor perturbador para la estabilidad del gobierno es la ausencia de una mayoría en la Asamblea que morigere su fragilidad ante cada coyuntura. Aunque la bancada del "Acuerdo Nacional" ha crecido y hoy agrupa a 26 o 27 legisladores, la distancia hacia las 71 voluntades que harían una mayoría es y seguirá siendo insalvable. Esta tensión acompañará al régimen durante los próximos años, para demarcar los límites de su propia acción política. 

Ambos elementos golpean directamente en la eficacia directiva del gobierno o en su capacidad real de gobernar. Y es que la fuerza de ciertos actores estratégicos para vetar o impulsar una política dentro de los márgenes institucionales de la Asamblea Nacional guarda un correlato también en el campo de la sociedad civil organizada. Hoy por hoy, Leónidas Iza, presidente de una de las organizaciones con mayor capacidad de movilización (CONAIE), encabeza la oposición y busca convertirse en el antagonista del presidente Lasso ante una oposición legislativa titubeante (Revolución Ciudadana y Pachakutik) que facilita el camino para la iniciativa oficial.  

Aunque apenas posesionado el nuevo gobierno, Guillermo Lasso empezó con una política conciliadora y de apertura, luego de 100 días de gestión esa herramienta parece convertirse en una pieza retórica cada vez más hueca y manoseada. Esto puesto que, al mismo tiempo que se promovía el diálogo, se desestimaba el escalamiento de ciertos conflictos de actores como los maestros (UNE), los trabajadores (FUT) y el movimiento indígena (CONAIE, FENOCIN, FEINE), lo cual parece ser un indicativo del camino que vendrá en el corto plazo: atraer a la oposición más moderada y aislar a la más radical. Lo complejo es que eso supondría reeditar lo que ha sido la tónica gubernamental de los últimos 14 años, donde frente a cualquier resistencia organizativa por parte de actores sociales organizados, era el propio presidente el encargado de trazar la cancha de la confrontación, exigiendo, a los actores sociales ganar elecciones como credencial de legitimidad; es decir, operando una lógica de carácter electoral para comprender trayectorias más bien ubicadas en la arena social. 

Por ello, una política vertical de imposición estatal puede ser asumida por los actores como una deliberada clausura de las instancias de diálogo y acuerdos. El gobierno debe meditar en que los nudos críticos de las protestas de octubre de 2019 no fueron procesados o desactivados sino únicamente dispersados. Los actores de octubre quedaron dispersos e inmovilizados a consecuencia de la COVID-19 y de una dinámica pre-electoral que aplazó un tratamiento contencioso del conflicto. Ello no supone el fin de una dinámica de movilización y protesta que, conforme la orientación de la reforma económica y tributaria anunciada para finales de agosto, puede tener mayores o menores incentivos para su despliegue y puesta en escena. 

Por ello es que la gobernabilidad implica no solamente la gestión gubernamental, sino también las conductas de actores sociales y políticos, el procesamiento para la toma de decisiones, las pautas de la acción política y también los mecanismos para encausar los conflictos.  
 

Eficacia-eficiencia 

Por su lado, las dos fortalezas del gobierno son los altos índices de popularidad-credibilidad y la efectividad del plan de vacunación contra la COVID-19. Según varias encuestadoras, cerca de un 74% califica positivamente el trabajo del presidente Lasso con una credibilidad que bordea el 70%³. Así también, el plan de vacunación ha llegado ya a 10.700.000 de ecuatorianas y ecuatorianos con primera dosis y a cerca de 8.600.000 con segunda dosis, con un total de 19.300.000 dosis aplicadas. 

Sin pretender restar mérito a un proceso de vacunación bien llevado (ágil, universal y gratuito), en cuya efectividad ciertamente se basa toda propuesta de reactivación económica, las cifras de popularidad y credibilidad pueden responder no solo a la propia valoración de la conducción del gobierno, sino también a las altas expectativas de la sociedad que supuso un cambio de mando con tan marcados contrastes en la proyección del liderazgo de Moreno y Lasso. Al final del gobierno del presidente Moreno solamente el 3% de la población percibía que el país caminaba por el camino correcto, esto se incrementó ostensiblemente con la sola llegada del presidente Lasso, alcanzando el 53% a los inicios del gobierno⁴. Sea como fuere, es innegable que el gobierno ha adquirido un capital político que puede seguir dos caminos: que se desparrame sin haber sido aprovechado políticamente o que se emplee como herramienta para la consecución de un objetivo plebiscitario o de política económica de alta sensibilidad (implantación de políticas de ajuste hacia dentro y de corte aperturista y de liberalización hacia afuera). 

Pero volviendo a la eficacia-eficiencia como factor de gobernabilidad, es cada vez más claro que esta variable es verdaderamente la que está en la cancha del gobierno pudiendo modelar un equilibrio dinámico entre las demandas sociales y la capacidad de respuesta gubernativa efectiva frente a esos intereses y necesidades. A pesar de los nubarrones económicos que tiene por delante, al gobierno no le queda otra opción que ser eficiente empezando por la dotación de servicios públicos sencillos como la expedición de una cédula, un RUC o un pasaporte, pasando por el fortalecimiento del sistema de salud y educación, y aterrizando en la gestión de una economía con crecimiento y resiliencia. 

A diferencia de Moreno que centró gran parte de su gestión en un torbellino político centrado en un proceso de “descorreización” sin reforma política, el gobierno del presidente Lasso podría ocupar su tiempo y energía en procurar fortalecer su músculo político perfeccionando un proceso de construcción estatal con resultados que haga posible hilvanar un relato, aún inexistente, de prosperidad, desarrollo y pragmatismo, a sabiendo que el discurso crea una realidad y permite interpretarla en un sentido o en otro. 

Esto supone instalar en el centro del debate algo que ha sido sistemáticamente rehuido por las élites respecto al papel que debe cumplir el Estado en la superación de la crisis. Una condición de eficacia-eficiencia supondría necesariamente que el gobierno construya un nuevo tipo de estatalidad que supere un Estado en soletas, débil y precarizado, sin capacidad de garantizar derechos y bienestar, producto de una política de recortes en lo público y desregulación en lo privado.  

Luego de los 100 días es patente la ausencia de un proyecto, especialmente en el orden económico, volviendo a la acción gubernamental en una catarata de 174 decretos desprovistos de un sentido de integralidad y coherencia pues el Plan Nacional de Desarrollo aún no ha sido elaborado. Esto no es un asunto menor, toda vez que enrarece el horizonte estratégico del gobierno, pudiendo hacer perder de vista que la legitimidad no únicamente se funda en circunstancias instituyentes (de llegada), sino instituidas por un ejercicio asertivo de gobierno, en condiciones y contextos en permanente disputa, cambio y conflicto. En todo caso, el gobierno no ha hecho más que empezar.

¹ La utilización del concepto de gobernabilidad en América Latina se origina en Flisfisch (1989). Para una revisión conceptual véase Ansaldi (1991); también Mayorga (1992); Dos Santos (1991).

² INEC, 2021. Versión disponible en: Presentación de PowerPoint (ecuadorencifras.gob.ec)

³ Perfiles de Opinión, encuesta levantada en Quito y Guayaquil a un universo de hombres y mujeres ecuatorianos de 18 años en adelante con una muestra de 620 entrevistas y un margen de error de +- 4.02% con un intervalo de confianza de 95%, fecha de campo: 10 al 13 de julio de 2021. 

⁴ Ídem. 

Referencias: 

Ansaldi, Waldo. 1991. Gobernabilidad y seguridad democrática. Santiago: Comisión Sudamericana de Paz. 

Dos Santos, Mario. 1991. “Gobernabilidad en la transición a la democracia en Argentina”, en Revista Mexicana de Sociología, Año LIII, Número 1.

Flisfisch, Angel. 1989. “Gobernabilidad y consolidación democrática”, en Revista Mexicana de Sociología N° 89-3, México. 

Mayorga, René. 1992. “Gobernabilidad en entredicho: conflictos institucionales y sistema presidencialista”, en Mayorga, René (coordinador): Democracia y gobernabilidad en América Latina. Caracas: Ed. Nueva Sociedad. 

Perfiles de Opinión, encuesta levantada en Quito y Guayaquil a un universo de hombres y mujeres ecuatorianos de 18 años en adelante con una muestra de 620 entrevistas y un margen de error de +- 4.02% con un intervalo de confianza de 95%, fecha de campo: 10 al 13 de julio de 2021.