Crónica del nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional

ANTECEDENTES

En marzo de 2019, el Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó un acuerdo de apoyo financiero a Ecuador por USD 4.200 millones hasta 2021. Este acuerdo, a diferencia del resto que el país había firmado con el FMI, se consolidó en el marco del Servicio Ampliado del FMI (SAF) y estaba direccionado a apoyar los 11 puntos establecidos en el Plan de Prosperidad 2018 – 2021, presentado en agosto de 2018 por el equipo económico del Gobierno Nacional¹. 

Según lo establecido por el FMI, los SAF proporcionan asistencia para respaldar programas integrales que incluyen políticas con el alcance y las características necesarias para corregir deficiencias estructurales durante un período prolongado. Así mismo, el FMI establece que el SAF fue creado para apoyar países que se enfrentan a problemas de balanza de pagos debido a deficiencias estructurales, o que mantienen una economía caracterizada por un lento crecimiento y una situación de la balanza de pagos muy debilitada².

En el marco de lo acordado, el Gobierno Nacional firmó una carta de intención en la que se establecieron los pilares sobre los cuales se desenvolverían las políticas públicas en los siguientes años. Es así que, a través de diferentes acciones, el Plan de Gobierno estaría encaminado a cumplir 4 objetivos principales:

• Reforzar el sistema de dolarización;
• Incrementar los niveles de vida de los ciudadanos más vulnerables;
• Fortalecer la competitividad y la creación de empleo; y,
• Asegurar que el Gobierno rinda cuentas de manera absolutamente transparente⁴.

Así mismo, para que el país reciba los tres desembolsos acordados, USD 4.600 millones en 2019, USD 3.150 millones en 2020 y USD 2.500 millones en 2021, el Gobierno Nacional debía cumplir con una serie de compromisos enmarcados en las siguientes aristas:

• Restaurar la prudencia en la política fiscal.
• Fortalecer del marco institucional del Banco Central.
• Reforzar la resiliencia del sistema financiero.
• Apoyar a la creación de empleo, la competitividad y el crecimiento.
• Promover la prosperidad compartida y proteger a pobres y vulnerables.
  Promover la transparencia y el buen gobierno.

A finales de 2019, en un proceso de revisión realizado por parte del FMI se procedió a suspender temporalmente los desembolsos, como consecuencia a deficiencias no intencionales en la compilación de estadísticas fiscales que contribuyeron a estimaciones incorrectas del déficit fiscal a partir de 2012⁴. A pesar de que en mayo de 2020 el Directorio Ejecutivo del FMI anunció que se completó la segunda y tercera revisiones combinadas, en las que se resolvía el inconveniente, la realidad mundial por la emergencia sanitaria derivada del COVID-19 hizo que el Gobierno Nacional inicie conversaciones con el FMI para anunciar una nueva estructura del programa de ayuda económica.
 

EL ACUERDO #20

El 30 de septiembre de 2020, el Directorio Ejecutivo del FMI aprobó un acuerdo con Ecuador por USD 6.500 millones en el marco del Servicio Ampliado del FMI (SAF). Este nuevo acuerdo, que se consolidaría como el número 20 en la historia del país, contaría con un desembolso inmediato de USD 2.000 millones para apoyo presupuestario y acompañaría nuevas metas económicas que se habrían reconfigurado ante el panorama de la emergencia sanitaria mundial⁵. Es así que, este nuevo acuerdo, que mantiene varios pilares similares al anterior en lo que se refiere a estabilidad macroeconómica, agrega un nuevo objetivo direccionado a proteger vidas y calidad de vida de la población.

En el Informe de País No. 20/286 del FMI, el organismo establece que “Ecuador, ha progresado en la persecución de una ambiciosa agenda de reformas estructurales⁶. En específico, menciona que las autoridades tomaron medidas importantes para mejorar la estabilidad fiscal, fortalecer las bases institucionales de la dolarización y brindar apoyo a grupos vulnerables”. Sin embargo, también detalla una serie de acciones que el Gobierno Nacional ha planteado como prioritarias para alcanzar los objetivos establecidos y, por parte del FMI, aprobar los desembolsos acordados.

Los desembolsos estarían vinculados a 7 revisiones que se realizarían en 2020, 2021 y 2022. Sin embargo, es importante mencionar que la dinámica de las revisiones y el cumplimiento de objetivos estarían enmarcados, entre otros elementos, en alcanzar ciertos niveles de equilibrio fiscal y macroeconómico. Por lo tanto, el FMI establece en sus proyecciones una recuperación paulatina del Producto Interno Bruto desde 2021, así como una disminución de la deuda pública y de las necesidades de financiamiento.

CONCLUSIÓN

A inicios de octubre, el Presidente de la República anunció que en los próximos meses el Gobierno recibirá alrededor de USD 7.150 millones de organismos internacionales y de instituciones financieras de China. Es así que, este rubro, en complemento con la renegociación de la deuda pública en agosto de este año, significa un alivio importante para las necesidades financieras del país.

Así mismo, en un panorama electoral en el que 17 candidatos disputan la Presidencia de la República, cabe la posibilidad de que lo acordado con el FMI esté sujeto a renegociaciones o cambios fundamentales.

En definitiva, los elementos políticos marcarán la pauta de la situación económica en los próximos años. Pues, varias acciones planteadas para los siguientes años requieren de reformas legislativas que deberán ser aprobadas por la Asamblea Nacional y por la ciudadanía en general.