¿Es la justicia igual para todos en Ecuador?

La justicia es el pilar fundamental de cualquier Estado de derecho; sin embargo, se encuentra constantemente a prueba. Nuestra Constitución de la República del Ecuador (2008) proclama la igualdad de todos ante la ley en su artículo 11, numeral 2, Lamentablemente, la realidad que se observa en las calles y tribunales con frecuencia dista mucho de lo que establecen las normas y principios. La brecha entre lo que dice la ley y lo que sucede en la práctica es una preocupación palpable que nos invita a reflexionar: ¿es la justicia realmente igual para todos en nuestro país?

De la norma a la cruda realidad

El acceso a la justicia, aunque normativamente garantizado, no se ejerce de igual manera. Quienes cuentan con recursos económicos pueden acceder a una defensa privada de primer nivel, con abogados especializados en litigación estratégica y, seamos honestos, en la mayoría de casos con ciertos contactos dentro del sistema judicial, lo que comúnmente denominamos los ecuatorianos como “palancas”. Por otro lado, las personas de escasos recursos dependen de defensores públicos, que en muchas ocasiones, suelen estar sobrecargados de trabajo y en muchas otras no cuentan con el grado de especialización en ciertas ramas del derecho.

Como bien lo señaló Salgado (2021), la justicia en Ecuador "refleja desigualdades estructurales que reproducen las condiciones sociales de exclusión". Estas desigualdades se acentúan en zonas rurales y en pueblos y nacionalidades indígenas, donde el acceso a los servicios judiciales ordinarios es limitado. Aunque la Constitución reconoce la jurisdicción indígena (art. 171), esta coexiste con el sistema nacional de justicia y está sujeta a ciertos límites, lo que genera tensiones en la aplicación efectiva de derechos y el respeto a las prácticas ancestrales dentro del marco constitucional.

Justicia lenta, justicia desigual

Otro aspecto crucial es la celeridad procesal, un derecho también garantizado en nuestra Constitución (art. 169). Sin embargo, la lentitud de los procesos judiciales es una realidad que perjudica especialmente a quienes están privados de libertad sin una sentencia ejecutoriada. Las cifras del Consejo de la Judicatura (2023) son de preocuparse: cerca del 40% de la población carcelaria se encuentra en prisión preventiva sin condena ejecutoriada.

Esto no es solo un número: la prisión preventiva, cuando se aplica de forma excesiva o prolongada, se convierte en una verdadera "pena anticipada" que vulnera directamente el principio de presunción de inocencia, consagrado en el artículo 76 numeral 2 de la Constitución del Ecuador y en instrumentos internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH, 2020) ha sido enfática al señalar que en Ecuador existe un uso abusivo de esta medida, la cual se convierte en una forma de castigo previo al juicio, afectando especialmente a personas en situación de pobreza o vulnerabilidad que no pueden acceder a una defensa técnica adecuada. La CIDH advierte que esta práctica no solo constituye una violación de derechos humanos, sino que también debilita la legitimidad del sistema de justicia y reproduce desigualdades estructurales en el acceso a la justicia.

Cuando vemos que casos de figuras públicas se resuelven con una celeridad asombrosa o con resultados sorpresivamente favorables, mientras otros ciudadanos comunes esperan años por una audiencia, la idea de que la justicia es parcial y selectiva se profundiza en los ciudadanos y crea una mayor desconfianza en el sistema. Esta sensación se agudiza aún más cuando interviene la presión mediática sobre casos emblemáticos, que muchas veces acelera procesos no por eficiencia institucional, sino por interés político o social. Además, en estos casos suele haber una carrera contra el tiempo impuesta por los plazos de prescripción penal, lo que puede justificar cierta urgencia procesal, pero no explica las demoras injustificadas en miles de causas de personas sin poder ni visibilidad. Todo esto mina la confianza ciudadana en la imparcialidad y equidad del sistema judicial.

El muro de la información

La falta de conocimiento sobre los derechos y los mecanismos para acceder a la justicia representa otra barrera importante. A pesar de los procesos de socialización y campañas de educación jurídica impulsados por entidades como la Defensoría Pública y la Defensoría del Pueblo, muchas personas —especialmente en sectores rurales y urbanos alejados— aún desconocen cómo presentar una denuncia, acceder a la defensa pública o cuáles son sus derechos fundamentales en un proceso legal. Por ejemplo, la Defensoría Pública del Ecuador ha desarrollado programas como "Conozca sus Derechos" y brigadas móviles de asesoría jurídica, pero su cobertura sigue siendo limitada frente a la magnitud de la necesidad. Según el Informe Anual de la Defensoría del Pueblo (2022), una gran parte de la población no identifica correctamente sus derechos ni los canales institucionales para ejercerlos

Como señala la Defensoría del Pueblo del Ecuador (2021), la "falta de alfabetización jurídica impide que los ciudadanos ejerzan plenamente sus derechos y profundiza la exclusión de sectores históricamente marginados, como las mujeres rurales, las personas con discapacidad o las comunidades indígenas".

Un camino por construir

Afirmar que la justicia es igual para todos en Ecuador sería ignorar una realidad compleja, marcada por desigualdades estructurales, limitaciones institucionales y un evidente desequilibrio de poder. Aunque nuestra normativa consagra principios claros de igualdad, celeridad, independencia y acceso efectivo a la justicia, su aplicación sigue siendo un reto urgente y persistente.

La verdadera justicia no debería depender del dinero, el poder o los contactos. Para avanzar hacia un sistema verdaderamente equitativo, es imprescindible fortalecer técnica y presupuestariamente a la Defensoría Pública, implementar campañas nacionales de alfabetización jurídica, promover mecanismos alternativos de resolución de conflictos y reformar el uso de la prisión preventiva para evitar su abuso. Asimismo, resulta impostergable combatir frontalmente la corrupción que ha penetrado diversas instancias del sistema judicial. Esto requiere medidas integrales: desde el fortalecimiento de los órganos de control y sanción, hasta una cultura institucional basada en la ética, la transparencia y la rendición de cuentas. Solo entonces podremos afirmar que hemos dado un paso firme hacia una justicia digna y accesible para todos los ecuatorianos, sin distinción. 

Bibliografía

 Asamblea Nacional del Ecuador. (2008). Constitución de la República del Ecuador. Registro Oficial Suplemento No. 449.

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). (2020). Informe sobre el uso de la prisión preventiva en las Américas.

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). (2020). 

Situación de derechos humanos en Ecuador. OEA/Ser.L/V/II. Doc. 90.

Consejo de la Judicatura. (2023). Informe de gestión 2022–2023.

Defensoría del Pueblo del Ecuador. (2021). Informe anual sobre derechos humanos y justicia.

Defensoría Pública del Ecuador. (2022). Diagnóstico institucional: Retos y perspectivas en el acceso a la justicia. Quito: DPE.

Salgado, C. (2021). Desigualdad y sistema de justicia en Ecuador: Un análisis sociojurídico. Quito: FLACSO Ecuador.