¿La Asamblea del encuentro?

El 14 de mayo de 2021 se instaló la Asamblea Nacional para el período legislativo 2021 – 2025.  Este solo hecho supuso una suerte de ruptura respecto de la situación de la legislatura ecuatoriana desde 2007, cuando, a partir de la instalación de la Asamblea Constituyente de Montecristi, una fuerza política dominó ampliamente las decisiones parlamentarias.

En efecto, Alianza PAIS, que llegó al poder de la mano de Rafael Correa el 15 de enero de 2007, y que no tuvo candidatos para el congreso nacional de aquel año, impulsó la consulta popular para la instalación de la Constituyente, logró mayoría en Montecristi y el voto mayoritario del país para la ratificación de la “Constitución del Buen Vivir”.

No solo eso: fruto de la composición de fuerzas políticas en la Constituyente, AP también dominó la Comisión Legislativa y Fiscalización, conocida como “Congresillo”; tuvo el bloque más numeroso y alcanzó mayoría con unos cuantos aliados en la Asamblea Nacional 2009 – 2013; alcanzó una mayoría inédita en la historia de la legislatura ecuatoriana (100 de 137 asambleístas) en el período 2013 – 2017; y volvió a tener mayoría con 74 de 137 asambleístas en la génesis del período 2017 – 2021, aunque, claro, esa composición política duró pocos meses debido a la implosión interna de Alianza PAÍS por la ruptura entre expresidente Rafael Correa y el Presidente Lenín Moreno.

Justamente por estos antecedentes, había expectativas sobre el futuro de la nueva función legislativa, y, de hecho, tras el declive de Alianza PAIS y la modificación del método de asignación de escaños (Webster remplazó a D’Hont) los resultados electorales confirmaron los pronósticos: ninguna fuerza política iba a tener mayoría absoluta por sí sola.

Así, el correísmo, representado por la Alianza Unión por la Esperanza (UNES), que agrupó a los movimientos Centro Democrático y Fuerza Compromiso Social, alcanzó 49 escaños, que la convirtieron en la bancada más numerosa, aunque lejos de los 70 que se necesitan para alcanzar la mayoría absoluta; Pachakutik, que se convirtió en la sorpresa de la última elección, logró 27 asambleístas, la más alta representación alcanzada por esta organización política desde su primera participación electoral en 1996; la Izquierda Democrática, pretendiendo reverdecer glorias pasadas, volvió a tener una representación legislativa clave con 18 asambleístas; el mismo número, 18, el Partido Social Cristiano; el oficialismo, representado en el movimiento CREO, alcanzó apenas 12 curules, muy por debajo del número con el que llegó a la Asamblea de 2017 en alianza con el movimiento SUMA; y 13 asambleístas más en representación de fuerzas políticas minoritarias, como los movimientos Concertación y Ecuatoriano Unido, y organizaciones políticas locales.

El gran ausente de esta configuración el otrora poderoso Alianza PAIS, que por primera vez no alcanzó un solo escaño y que corre el riesgo de recibir tarjeta amarilla por parte del Consejo Nacional Electoral.

Con estos antecedentes, la lógica imponía la necesidad de acuerdos mínimos para poder asegurar el control de la Asamblea Nacional.  La historia es conocida: un primer acuerdo entre el correísmo, los socialcristianos y CREO, que buscaba elegir Presidente de la Asamblea a Henry Kronfle, pero que no se concretó porque el gobierno se echó para atrás; dos intentos posteriores, sin éxito, para elegir Presidente de la Asamblea, con Rina Campain (CREO) y Salvador Quishpe (PACHAKUTIK); intensos diálogos sobre los que parecía no existir consensos, y la sorpresiva elección de Guadalupe Llori, de Pachakutik, que alcanzó 71 votos, gracias al apoyo de su movimiento, Izquierda Democrática, CREO y los independientes, convirtiéndose en la tercera mujer en dirigir la Función Legislativa, la primera de la región Amazónica y la primera del movimiento del arcoíris.

Fruto de ese acuerdo, el independiente Virgilio Saquicela fue elegido Primer Vicepresidente, y Bella Jiménez, de Izquierda Democrática, Segunda Vicepresidenta.  Además, esa misma mayoría, ahora con los votos del correísmo, integró el Consejo de Administración Legislativa (CAL), el máximo organismo administrativo del Parlamento, con representantes de Pachakutik, UNES, CREO e ID, dejando fuera al Partido Social Cristiano, que se convirtió en el gran derrotado de la jornada.

Por primera vez, y tras las últimas reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, la Asamblea Nacional cuenta con 15 comisiones legislativas permanentes.  La normativa dispone que 136 de 137 asambleístas (con excepción del Presidenta) deben obligatoriamente ser parte de una de las comisiones, es decir, nadie se puede quedar afuera de estos espacios, pero, evidentemente, hay comisiones consideradas más mediáticas y generadoras de decisiones clave, y es allí donde, otra vez, mandan los acuerdos políticos.

Allí operó nuevamente la mayoría Pachakutik – ID – CREO – independientes, que aseguró las presidencias en varias de esas comisiones clave, y, una vez más relegó al PSC a un segundo plano.

Armada la estructura administrativa, la Asamblea comenzó a operar: aprobó una agenda parlamentaria muy ambiciosa (habrá que ver si logran cumplir por los tiempos que demanda el trámite), que contiene 82 leyes; ha recibido hasta el momento 3 objeciones parciales del Ejecutivo; y el Presidente Guillermo Lasso envió su primera iniciativa a la legislatura (El proyecto de ley de Libre Expresión y Comunicación), aunque se vio entrampada en las tareas de fiscalización.

En el epílogo de la Asamblea anterior, los entonces asambleístas socialcristianos Mercedes Serrano y Denis Marín presentaron un pedido de juicio político en contra del entonces Ministro de Energía, René Ortíz; ese proceso fue calificado el 13 de mayo por el CAL y pasó a la Comisión de Fiscalización, pero su trámite se vio entrampado porque los interpelantes dejaron de ser legisladores a partir del 14 de mayo, y la Ley Orgánica de la Función Legislativa no prevé una norma en este sentido.  Este tema se complicó más, porque la normativa prohíbe expresamente el trámite de dos juicios políticos al mismo tiempo, y, por ende, se mantenía en compás de espera el proceso contra el Contralor General del Estado subrogante, Pablo Celi.

Finalmente, la Comisión de Fiscalización le dio una salida a este bloqueo, y aprobó un informe recomendando el archivo del juicio político contra Ortiz, con lo que allanó el camino para avocar conocimiento e iniciar el trámite de la interpelación contra Celi, que tomaría alrededor de un mes y medio.

Así ha sido el inicio de la nueva Asamblea, mientras, por el momento, el gobierno no ha confirmado la orientación de su plan económico ni las reformas que, en esa materia remitirá al Parlamento para su trámite.