1. Antecedentes

En Ecuador debemos tener un baño de verdad y dejar de sostener falsos conceptos como verdades y mitos como parte real de nuestra historia, son falsedades que hacen daño a la conciencia moral de nuestra sociedad, ya que esos hechos nos desmoralizan y quitan los valores y principios de convivencia racional en nuestra patria.

Una de las falacias que se han propagado es aquella que se refiere a los conceptos que niegan a que la población civil cuente con la autorización legal de poder portar armas de calibre de uso civil, para su defensa y protección. 

Tiene muchos adversarios para poner en práctica este derecho del porte de armas por cuenta de la población civil para su defensa, desde diferentes orientaciones políticas, desde distintos grupos sociales; que desgraciadamente ignoran y niegan una clara realidad, que en Ecuador la población delincuencial se encuentra potentemente armada con equipos de mayor calibre y calidad que las fuerzas armadas y policía, lo que les convierte en una organización con mayor capacidad de fuego y por lo tanto podrán controlar a través del uso de la fuerza tanto sectores productivos, como administración pública y política. ¿Por qué ignoran o pretenden negar una lacerante realidad? 

No entiendo cual mezquino interés les obliga a negar que un poblador solicite poder portar su arma para la defensa de su vida, de su familia y de su patrimonio.

Pero antes de todo, se debe aclarar que este legítimo derecho es de libre adhesión, es decir que no es obligatorio para la población, y a quien desee hacer uso de este legítimo derecho, para hacerlo tiene que solicitar y adherirse luego de cumplir con requisitos y obligaciones de registro. Es decir que es voluntario, que quien no desee usar este derecho está en la libertad de no hacerlo. Por lo que, como un respetuoso de los derechos de los ciudadanos y de las personas, participo que a quienes deseen, puedan o necesiten, se les deje que utilicen su derecho a la libre decisión y los demás como ciudadanos respetuosos de la convivencia armónica y democrática respetemos esa decisión.  

2. Limitaciones del Estado

La seguridad es un derecho que se encarga de proveer el Estado, por ello un conjunto de ciudadanos nos acogemos a su tutela, a su protección. Si es que las responsabilidades de un Estado no pueden ser cubiertas debido a la falta de recursos de cualquier tipo que estos sean, son obligaciones que necesariamente tienen que delegarse o concesionarse para que los cumpla el sector privado; la seguridad es uno de ellos, de ahí nace la existencia de empresas de seguridad privada.

Pero la delincuencia ha rebasado las capacidades de gestión de las fuerzas del orden, quizás por la legislación con excesivo respeto a los derechos de delincuentes, con la permisividad y con el proteccionismo que futuras generaciones de tratadistas y estudiosos la podrían catalogar como “irracional complicidad.” 

La agresividad demostrada en los actos de la delincuencia afecta a muchos ciudadanos su propiedad privada y a sus familias, es decir, a todo aquel acervo patrimonial que concede la paz, la disciplina y el respeto.

El delincuente sale a lesionar los derechos de seres humanos y de familias trabajadoras y dignas que se ganan el pan con el sudor de su frente, por lo que al agredir utilizando armas de fuego o armas blancas, de manera expresa renuncia a sus derechos y por lo tanto podrán ser repelidos con la misma fuerza o con mayor energía. De allí la necesidad de una nueva legislación que permita al ciudadano defender su vida y la de sus familiares con el porte y utilización de armas como mecanismos de defensa.

3. Estado fallido

Recordar los nefastos acontecimientos de corrupción, impunidad, sicariato en aumento, falta de confianza en la justicia, falta de institucionalidad, déficit fiscal recurrente, entre otros aspectos, son hechos que afectan la vida democrática de nuestro país, lo cual nos lleva a reflexionar sobre: ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué futuro tenemos como Estado? ¿Ecuador, es aún un estado viable? ¿Estamos en el camino de Estado fallido?

Para que un Estado sea considerado fallido debe cumplir cuatro condiciones: 1) Pérdida de control territorial y uso ilegítimo de la fuerza, 2) Autoridad gubernamental disminuida, 3) Falta de servicios básicos; y, 4) Falta de presencia en la comunidad internacional.  Con estos elementos podríamos realizar una evaluación para establecer la posición de nuestro país y también proponer alternativas de corrección y reconversión de la tendencia para salir de aquel estado de deterioro del bienestar social y de la buena convivencia democrática. 

Existe una relativa pérdida de control en la administración territorial, el uso ilegítimo de la fuerza es en sentido inverso ya que la violencia y fuerza letal es aplicada por grupos delincuenciales, existe una falta de cobertura en la atención a la sociedad con servicios básicos y finalmente considero que tenemos adecuada presencia internacional. 

La ciudadanía tiene temor de salir a la calle a cumplir con sus actividades cotidianas debido a la inseguridad provocada por la delincuencia desenfrenada y sin control que afecta a todas las ciudades y al campo de nuestro país. 

No existen sitios seguros, en todo lado se conoce de la presencia de delincuentes que atacan y roban con descaro a transeúntes que necesariamente deben desplazarse y resultan ser víctimas indefensas de sus atacantes. 

El delincuente conoce de su superioridad psicológica que se deriva del ataque sorpresa, de la superioridad física, del armamento y de la capacidad de fuga, a lo que se adiciona que sus víctimas están desarmadas por la prohibición de portar elementos para su autodefensa, hasta la semana pasada. 

El personal policial, por el principio del “uso progresivo de la fuerza”, llega a convertirse en víctima de juicios e inclusive de prisión, a lo que se agregan algunas sectas de fanáticos en la defensa de los derechos humanos de delincuentes. 

Estamos viviendo un clima social hipócrita, falso, mojigato, que con el perverso pretexto de defender los derechos del agresor deja en la indefensión a toda una población decente, digna y trabajadora. 

Ha llegado la hora de darnos un baño de verdad y de moral, de combatir al crimen e inseguridad con medidas de coerción y de fuerza. Quienes no respetan los derechos humanos de sus congéneres no merecen que se respeten los suyos. 

Es obligación de la sociedad civil organizarse para que esta tendencia se revierta y que el Ecuador sea considerado como un Estado viable sobre la base de seguridad jurídica, justicia, cobertura de servicios básicos y conectividad. Siempre con la preciada libertad y en la práctica de nuestro sistema democrático. Exijamos vivir en paz y seguridad. 

4. Seguridad ciudadana

La seguridad ciudadana se manifiesta en la capacidad de la población para ejercer todas sus actividades productivas, sociales, comunitarias, deportivas y de esparcimiento sin temores ni restricciones y sobre todo conservando el derecho a su integridad física y a la propiedad de sus pertenencias.

La Constitución de la República garantiza los derechos de todos los segmentos poblacionales y promueve que éstos sean progresivos, entre ellos el del pleno disfrute de la ciudad y de sus espacios públicos (art. 31, Constitución de la República del Ecuador) de y el derecho a la propiedad (art. 66, Constitución de la República del Ecuador) en todas sus formas con función y responsabilidad social y ambiental.

Proveer la seguridad personal y familiar es responsabilidad estatal, corresponde al estado proteger a sus ciudadanos, al más importante de todos sus recursos que son los recursos humanos. Por ello es impostergable exigir la aplicación de todas las normas vigentes y aprobar nueva legislación que permita a la sociedad desempeñarse en un ambiente de seguridad. 

Es un tema que no admite diferimiento, es evidente la manera en la cual se destruye la convivencia ciudadana.

Las redes sociales y medios de comunicación, evidencian la manera en la cual la delincuencia en todas sus manifestaciones y características roban, asaltan, plagian, vejan y asesinan a ciudadanos que resultan ser víctimas inocentes.    

Los derechos humanos establecen las libertades, facultades, deberes, reivindicaciones y obligaciones que conceden a la persona la capacidad de disfrutar a plenitud la condición de ser humano, entre ellos la seguridad en todas sus manifestaciones y su derecho a portar armas para su legítima defensa.  

5. Rescatar la moral social 

Cuando la sociedad atraviesa por eventos de crisis con efectos traumáticos, como son el denominado octubre gris de 2019, seguido por el de la pandemia efecto del COVID-19, el decrecimiento económico del año 2020, la transición política de 2021, las movilizaciones de junio de 2022, a lo que se suman los desastres naturales derivados de la temeridad en el uso de suelo al filo de quebradas, márgenes de ríos y laderas, esta queda desmoralizada, es decir con la moral social deprimida, por lo que necesita que sus integrantes la sometan a procesos positivos de reconversión y reacondicionamiento a las nuevas circunstancias. 

Para ello se trabaja en procurar comunidades resilientes que se reprogramen para su funcionamiento, de reactivación de los sectores productivos, de reformas económicas, pero también hay que prestar atención a esa moral colectiva que requiere de un potente respaldo gubernamental.

La moral representa el patrimonio de la sociedad y se correlaciona con las normas y costumbres de sus pueblos y que de manera responsable puede asumir retos como defenderse con el uso legal de armamento autorizado. 

Los valores integrantes de la moral serán siempre similares, a pesar de la diversidad cultural; y la moral obliga, como premisa fundamental, a todos los ciudadanos ser celosos custodios de los recursos del estado que en realidad son el patrimonio de todos, por lo que la moral es algo tangible, real y propio que se debe proteger y mantener.

Elevar la moral social, es potenciar el estado anímico de la comunidad que se basa en la observación de las leyes, de las normas, además de las buenas costumbres comunitarias, para disfrutar de manera vivencial de la riqueza cultural y deportiva, de la seguridad jurídica y social, para llegar a una convivencia armoniosa.  

La misión corresponde a todos los elementos constitutivos del estado y por lo tanto a la sociedad civil en todos sus niveles de organización, trabajar en la construcción de elementos concordantes en los cuales primen el civismo y la ética que potencialicen la moral social.

“Ya no sé ni lo que me acuerdo”, decía una distinguida amiga, al referirse a la desmemoria, a los recuerdos inciertos que divagan en el olvido, carecen de recordatorios, han pasado de moda: los tik tokeros no les hacen caso, los influencers y coaches los consideran descartables, los marketeros saben que no generan ventas, por lo que rememorar hechos, anécdotas e historias parece no tener cabida en un mundo digital con inteligencia artificial.

Muy poco se recuerda de aquel país calificado como isla de paz y zona de confort turístico, donde se catalogaba a ciudades como franciscanas y podías salir a conversar en la calle con la vecindad; cuando en los noticieros, una noticia de crónica roja, era la excepción. 

Pocos recordamos aquellos tiempos de paz, en la hoy zona de alta convulsión delincuencial. Da pena ser testigos de la descomposición social, la pérdida de valores y principios, que avalaron la ética ciudadana marcada de patriotismo. 

Es deber de todos los ecuatorianos recobrar el estado de orden, respeto, institucionalidad y legalidad, erradicando la impunidad y acabando con la delincuencia en todas sus formas, para lo cual todos debemos participar en la ejecución de reformas legales, administrativas y educativas que sean correctivos del delito y se logren estos objetivos en corto plazo; para en el largo plazo, superar el desempleo y la pobreza con una redistribución del ingreso que coadyuve a la convivencia racional, pacífica y armónica de su población.  

Trabajemos por una sociedad moral que posea capacidad de defenderse activamente. 

6. Respeto a la dignidad humana

El respeto a la dignidad de las personas va más allá de lo que podrían establecer normas supranacionales de protección de los derechos ciudadanos y derechos humanos, de los que la Constitución establezca o de aquellos que las leyes expresen, ya que se trata de un concepto supremo de racional convivencia y respeto mutuo que observan las buenas costumbres, la moral social y la ética. 

Ninguna persona debería ser vejada o ultrajada por aspectos referidos a su etnia, raza, nacionalidad, filiación política, creencias religiosas, rasgos físicos, edad, condición económica, posición laboral o cualquier diferencia que podría catalogarse distinta y motivo de discriminación ya que todos somos seres humanos con igualdad de derechos y similares responsabilidades en el breve tránsito por esta vida. 

Partamos de la realidad que todo ser humano fue el orgullo de sus padres y es el referente de sus hijos, por lo que nadie tiene el derecho de mancillar el honor de la persona y el respeto familiar, por lo que es más importante que nunca darle los elementos suficientes para defender su persona, su honor, su familia, su patrimonio, su hogar; permitamos que la familia y la empresa continúen siendo los motores de la sociedad, permitamos defenderse de los vacunadores, dejen defenderse de la delincuencia común, de los micro traficantes, de los arranchadores y que el Estado se encargue de la delincuencia organizada de aquella con tentáculos transnacionales.  

Cuando los ciudadanos se encuentren en procesos judiciales, la administración de justicia está calificada para castigar y sentenciarlos por sus faltas, paralelamente las autoridades tienen la obligación de respetar sus derechos y de precautelar su dignidad, pero lejos de la impunidad, siendo conscientes que son usuarios temporales de nuestro mandato para que nos defiendan e impartan justicia. Que no actúen irresponsablemente otorgando libertades de manera que siembra dudas y desconfianza. 

Debemos erradicar la falta de respeto para que la comunidad practique principios de convivencia pacífica, de respeto irrestricto a los derechos humanos, del hombre y ciudadano y a los derechos humanitarios, erradicando la delincuencia. 

Retomar el proyecto de Ley de Extinción de Dominio que es aquella que mayor expectativa genera, ya que introduce dos conceptos nuevos como son el de la retrospectividad y de imprescriptibilidad, con procedimientos principalmente a cargo de la Fiscalía General del Estado, con el objetivo de recuperar bienes de propiedad de personas vinculadas con actividades ilegales o de sus testaferros, de manera que la sociedad pueda resarcirse del fraude causado por el sujeto pasivo del control y de la rendición de cuentas.

Estas Leyes, con el marco legal existente, se convertirán en el referente de control con carácter de coactivo y disuasivo en contra de la corrupción y del delito. 

Los problemas de seguridad pública tanto en las calles como en los centros de rehabilitación social, la desigualdad socioeconómica, falta de empleo, déficits fiscales recurrentes que obligan someterse a un endeudamiento público cíclico y creciente, ratifican la existencia de un escenario de gobernabilidad lleno de dificultades y problemas que deberán superarse en consenso nacional de todos los actores, en el cual impere la razón, la constitucionalidad y el patriotismo, erradicando prácticas atávicas en el manejo gubernamental, en la oposición política y en la resistencia social. 

Actores como partidos y movimientos políticos, organizaciones gremiales y sociales, en su derecho para realizar una oposición razonada y enmarcada en la moral social y en la ética ciudadana, deberán generar el balance democrático para llegar a políticas públicas de consenso en beneficio nacional.

Los grandes objetivos nacionales son la suma de los intereses particulares, armonizados y conjugados para que se ejecuten superando los obstáculos internos y externos, por lo que es necesario llegar a una tregua política que libere de los ataques entre las funciones del Estado y trabajar por la unidad nacional.

7. Utopías de la seguridad ciudadana

“WASHINGTON, DC -- Ecuador ahora se clasifica como el país menos seguro de América Latina, gracias a la escalada de violencia de pandillas, narcotráfico y disturbios civiles en 2022. Casi dos de cada tres (64%) ecuatorianos entrevistados el año pasado dijeron que no se sienten seguros caminando solas por la noche donde viven, mientras que solo el 35% dijo que sí. Esta situación representa un rápido y dramático cambio de suerte para el país andino. Hace apenas cinco años, Ecuador figuraba entre los países más seguros de la región, con la mayoría de su población sintiéndose segura (52%) caminando sola de noche. 

El estatus de Ecuador como el país menos seguro de América Latina en 2022 no fue una hazaña fácil en una región donde los países se ubican habitualmente entre los menos seguros del mundo. Venezuela se ha clasificado como la menos segura de la región, y a menudo del mundo, en la mayoría de los años que se ha realizado la Encuesta Mundial. Sin embargo, la situación de seguridad en Venezuela mejoró en 2022, con un 53% sintiéndose inseguro al caminar solo por la noche, frente al 67 % del año anterior…” (Gallup)

De la cita precedente se puede colegir la gravedad de la situación de seguridad de nuestro querido país, por lo que se trata de una tarea de todos trabajar por reconvertir esta penosa realidad y regresar a un estado de seguridad y de garantías, en el cual puedan vivir futuras generaciones.

Por ello culmino este documento planteando como una utopía la seguridad ciudadana, pero con la esperanza de que se convierta en una realidad y en una vivencia social.

La libertad de porte de armas es apenas un elemento que ayudará a devolver la confianza en nuestro Estado, las ganas de vivirlo y disfrutarlo, de caminar en sus históricas calles, subir a sus montañas, llegar a sus nevados, disfrutar de sus playas y de sus selvas, nadar en sus ríos y gozar de la vida con la grandeza de nuestro querido Ecuador. 

Sembremos en nuestra sociedad el optimismo y la seguridad, tengamos confianza en nosotros mismos, dejemos que usen armas legalmente quienes necesiten para defenderse, no seamos partícipes de un sentimiento timorato, que raye en la cobardía como concesionarios de la entrega total a la penumbra de la delincuencia. 

Todos los problemas de seguridad pública, así como la desigualdad socioeconómica, con los déficits fiscales recurrentes, evidencian un escenario de gobernabilidad lleno de dificultades y problemas que se deberán superar con la inteligencia del imperio de la razón, la legalidad y el patriotismo, no solamente del Poder Ejecutivo que deberá erradicar prácticas atávicas en el manejo gubernamental para innovar principios de transparencia y ética pública, sino, con nuestra activa participación. 

La Función Electoral, con la responsabilidad de garantizar la seguridad jurídica electoral, donde se soporta la confianza, legalidad y legitimidad de las autoridades seccionales elegidas, y estas autoridades deberán comprometerse con la población civil en la recuperación de la seguridad y dejar de objetar el derecho al porte de armas. 

Los actores directos como partidos y movimientos políticos en su pleno derecho podrán realizar una oposición razonada y enmarcada en la moral social y en la ética ciudadana, para que se produzca el balance democrático de fuerzas y tratar de generar políticas de consenso para la defensa ciudadana de manera integral, tratando la totalidad del problema, para que regrese el arraigo a nuestra patria y a nuestras costumbres.  

En las actuales circunstancias, los ciudadanos deberíamos exigir a las autoridades, que renuncien a la dependencia partidista y trabajen por la unidad nacional, que será el elemento sobre el cual se fundamente todo el manejo político para superar la crisis de seguridad y emprender por la senda del crecimiento y desarrollo económico, que nos llevará a la paz en nuestra sociedad.