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Archivo del proyecto de Ley Orgánica para la Protección y Defensa de los Derechos de los Animales
El Pleno de la Asamblea Nacional archivó el 10 de junio de 2025, el proyecto de Ley Orgánica para la Protección y Defensa de los Derechos de los Animales (LOPDA) con 143 votos a favor, por contener errores jurídicos críticos, falta de coherencia normativa y señaladas inconstitucionalidades.
Contexto legal del hecho
La Comisión de Biodiversidad, presidida por Camila León, presentó el archivo tras detectar inconsistencias graves en la redacción, incoherencias jurídicas y al menos dos inconstitucionalidades, entre ellas la vulneración de un mandato de consulta popular que adjudicaba a la Defensoría del Pueblo la función de elaborar la normativa, así como una regresión de protección al reducir sanciones contra maltrato animal
Las bancadas de ADN, Revolución Ciudadana y Pachakutik se alinearon en la votación, evidenciando un consenso significativo frente a normas previas de diversa índole.
Contenido o disposición principal
El proyecto LOPDA pretendía reconocer a los animales como “sujetos de derecho” y establecer un marco normativo para su protección integral. Sin embargo, el texto incorporaba disposiciones consideradas regresivas, como menores sanciones a conductas de maltrato y permisividad frente a ciertos espectáculos con animales, lo cual fue considerado incompatible con la jurisprudencia y los mandatos previos.
El archivo de la propuesta implica que no se avanzará con sus artículos, y se ha solicitado que en un plazo de 30 días la Coordinación Jurídica y la Comisión de Biodiversidad emitan un informe motivado para justificar la decisión ante la Corte Constitucional.
Implicaciones prácticas o destinatarios
El archivamiento deja sin efecto un intento legislativo que tenía fuerte respaldo de colectivos animalistas pero enfrentaba oposición de sectores tradicionalistas como gremios vinculados a peleas de gallos y corridas de toros.
El proceso abre paso a la elaboración de una nueva iniciativa que deberá alinearse con la jurisprudencia constitucional, respetar la consulta popular, fortalecer las sanciones y responder a estándares internacionales. Las organizaciones civiles han solicitado un nuevo proceso participativo, mientras la Asamblea se prepara para coordinar acciones con la Defensoría del Pueblo.
Fuente: Asamblea Nacional