Asamblea aprueba reforma parcial para eliminar financiamiento estatal a partidos políticos en Ecuador

La Asamblea Nacional aprobó el 7 de agosto de 2025, con 81 votos a favor, la reforma parcial a la Constitución que plantea eliminar los aportes estatales destinados al funcionamiento y campañas electorales de partidos y movimientos políticos. La propuesta, impulsada por el presidente Daniel Noboa, será incluida como segunda pregunta en la consulta popular prevista para diciembre, tras el dictamen de la Corte Constitucional.

Contexto legal del hecho

La reforma modifica el régimen establecido en la Constitución de 2008, que reconoce el financiamiento público como mecanismo para garantizar la igualdad de condiciones en la participación política. Actualmente, el Fondo Partidario Permanente y el Fondo de Promoción Electoral son administrados por el Consejo Nacional Electoral (CNE), en cumplimiento del artículo 108 de la Carta Magna y de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas, Código de la Democracia. Desde 2008 hasta la fecha, las organizaciones políticas han recibido alrededor de USD 263 millones por estos conceptos.

Contenido o disposición principal

El texto aprobado en segundo debate suprime el aporte estatal tanto para el sostenimiento institucional de partidos y movimientos como para la promoción electoral durante campañas. La eliminación incluye los recursos que, actualmente, el CNE asigna de forma directa a proveedores de servicios publicitarios y de comunicación electoral. La moción, presentada por el legislador Esteban Torres (ADN), plantea que la vigencia de esta disposición se defina mediante consulta popular, en cumplimiento del procedimiento de reforma parcial establecido en el artículo 442 de la Constitución.

Implicaciones prácticas o destinatarios

La medida impacta directamente a todas las organizaciones políticas legalmente reconocidas en el país, modificando el esquema de financiamiento vigente. De ser ratificada en la consulta, los partidos y movimientos deberán autofinanciar sus actividades permanentes y campañas electorales, lo que podría alterar las dinámicas de competencia política y acceso a candidaturas. El procedimiento legislativo establece que, tras su aprobación en el Pleno, la reforma será remitida a la Corte Constitucional para un segundo dictamen de constitucionalidad, paso previo a su inclusión en la consulta popular prevista para mediados de diciembre de 2025.

Fuente: Primicias