Asamblea aprueba reforma que regula extracción de áridos y pétreos en Galápagos

La Asamblea Nacional del Ecuador aprobó, el 26 de febrero de 2026, una reforma legal que prohíbe de forma taxativa la extracción de materiales de construcción dentro de los límites del Parque Nacional Galápagos. Esta disposición fue incorporada de último momento en la Ley para el Fortalecimiento de los Sectores Estratégicos de Minería y Energía. La normativa busca formalizar el cierre de canteras en ecosistemas sensibles, alineándose con el estatus de Patrimonio Natural de la Humanidad del archipiélago y corrigiendo prácticas históricas que permitían la explotación minera en zonas protegidas.

Autorización de explotación en Zonas de Aprovechamiento Sustentable

El texto aprobado establece que únicamente se podrán otorgar permisos para la extracción de áridos y pétreos destinados a la construcción dentro de las denominadas Zonas de Aprovechamiento Sustentable (ZAS). Estas áreas se encuentran fuera del Parque Nacional y su gestión estará sujeta a principios de economía circular, reutilización y optimización de recursos. La reforma faculta a los gobiernos autónomos descentralizados municipales para intervenir en el otorgamiento de permisos, lo que ha generado interpretaciones jurídicas sobre la posible apertura de esta actividad a actores del sector privado.

Competencias ambientales y requisitos de licenciamiento

La ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, aclaró que cualquier permiso de extracción en las islas requerirá obligatoriamente una licencia ambiental emitida por su cartera de Estado. La funcionaria enfatizó que se exigirán estudios técnicos y planes ambientales rigurosos para mitigar el impacto en el frágil ecosistema insular. Además, el Ministerio alista acuerdos normativos para que, hacia el año 2030, al menos el 50% de los materiales utilizados en la construcción de viviendas en Galápagos provengan de procesos de economía circular y reciclaje.

Controversias legislativas y riesgos de expansión urbana

La inclusión de esta disposición generó debate en el Legislativo debido a las advertencias de asambleístas y expertos sobre una posible expansión urbana descontrolada. Críticos de la reforma señalaron que permitir la extracción por parte de privados podría incentivar el crecimiento inmobiliario en territorios con limitada capacidad de carga. Por su parte, el asambleísta David Arias, impulsor de la medida, defendió la propuesta argumentando que busca atender la escasez de materiales para la población local y reducir la huella logística que implica el transporte de insumos desde el continente ecuatoriano.

Ambigüedad jurídica y obligaciones internacionales

Expertos en derecho ambiental han señalado que la reforma presenta ambigüedades respecto a si los permisos serán exclusivos para entidades públicas o si se extenderán formalmente a particulares. Se cuestiona que la disposición no considere integralmente el régimen especial de administración de Galápagos y las competencias específicas del Consejo de Gobierno. La falta de un análisis técnico previo sobre el impacto en hábitats de especies emblemáticas y el cumplimiento de compromisos internacionales ante la UNESCO forman parte de las preocupaciones jurídicas derivadas de la aprobación de este articulado.

Fuente: Primicias