Asamblea debate incremento de penas por uso indebido de uniformes policiales y militares

La Asamblea Nacional de Ecuador discutirá un proyecto de reforma al Código Orgánico Integral Penal (COIP) que busca sancionar con mayor severidad el uso indebido de uniformes, insignias y credenciales de las fuerzas del orden. La propuesta legislativa contempla nuevas figuras penales y el agravamiento de penas ya existentes, con el fin de combatir su utilización por parte de organizaciones delictivas.

Reforma penal busca frenar la simulación de autoridad por parte de grupos delictivos

La propuesta legislativa surge en respuesta al uso frecuente de uniformes policiales y militares por parte de bandas delictivas para cometer delitos, situación que ha sido documentada por autoridades y medios de comunicación. Según la Comisión de Seguridad de la Asamblea, los uniformes oficiales o similares pueden ser adquiridos fácilmente en comercios o plataformas digitales, lo que facilita su utilización en operativos falsos, secuestros y extorsiones. En este contexto, la reforma busca dotar al sistema penal de herramientas más eficaces para sancionar estas conductas.

El proyecto introduce nuevos tipos penales y agrava sanciones en el COIP

El informe aprobado por la Comisión de Seguridad para primer debate incorpora varias modificaciones al COIP. Entre ellas se incluye un nuevo artículo 364-A, que tipifica la "simulación de autoridad operativa", con penas de uno a tres años de prisión. Esta sanción se incrementa a cinco a siete años si se utilizan uniformes de la Policía Nacional o Fuerzas Armadas. Asimismo, se incorpora el artículo 364-B, que sanciona la fabricación y comercialización no autorizada de uniformes, insignias o credenciales institucionales, con penas de uno a tres años de prisión. También se modifica la figura de usurpación de uniformes e insignias, cuya pena se eleva de quince a treinta días, a un rango de treinta a noventa días de privación de libertad.

Aplicación de las reformas penales y etapa legislativa del proyecto

Estas reformas se aplicarán a personas naturales o jurídicas que sin autorización elaboren, vendan o utilicen elementos identificativos de las fuerzas del orden con fines ilegales. El informe fue aprobado en la Comisión de Seguridad en julio de 2025 y será debatido en el Pleno de la Asamblea Nacional el 20 de enero de 2026, según la convocatoria realizada por el presidente del Legislativo, Niels Olsen. El proyecto aún se encuentra en etapa de primer debate.

Fuente: Primicias