Asamblea Nacional aprueba Ley de Integridad Pública para combatir la corrupción

El Pleno de la Asamblea Nacional del Ecuador aprobó, con 84 votos afirmativos, el proyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública, remitido por el Ejecutivo con carácter de urgente en materia económica. La norma busca enfrentar estructuralmente la corrupción y mejorar la gestión pública.

Contexto legal del hecho

La Ley de Integridad Pública se enmarca en las atribuciones legislativas de la Asamblea Nacional previstas en la Constitución del Ecuador y en el procedimiento de aprobación urgente en materia económica regulado por la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Esta normativa fue impulsada por el Ejecutivo en respuesta a la creciente demanda social por instituciones públicas transparentes y eficientes, así como por el fortalecimiento del sistema de justicia y seguridad.

Contenido o disposición principal

El texto aprobado incorpora reformas a aproximadamente 20 cuerpos legales. Se centra en cuatro ejes clave: contratación pública, fortalecimiento institucional, gestión pública integral y erradicación de redes delictivas. Entre los aspectos destacados se encuentran:

• Declaratoria de emergencia judicial.

• Expulsión de extranjeros condenados por delitos.

• Reformas al régimen de contratación pública.

• Evaluación obligatoria de servidores públicos.

• Penas de hasta 15 años para adolescentes infractores en ciertos delitos.

• Sanciones por prevaricato judicial.

• Regulaciones sobre el balance del Banco Central del Ecuador.

• Nuevas disposiciones sobre la Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria.

Además, se introducen medidas contra el uso de menores por el crimen organizado y se dispone la depuración del Registro Único de Proveedores.

Implicaciones prácticas o destinatarios

La ley impacta a todas las entidades del sector público y tiene efectos en materia de transparencia, responsabilidad penal y eficiencia administrativa. Establece procedimientos para la contratación estatal más rigurosos, refuerza mecanismos de control en la función judicial y promueve la depuración institucional. También incorpora medidas específicas de seguridad y justicia que responden al contexto del conflicto armado interno. La entrada en vigencia se dará conforme a su publicación en el Registro Oficial.

Fuente: Asamblea Nacional