Asamblea Nacional aprueba reforma a la Ley de Ordenamiento Territorial y Gestión de Suelo

La Asamblea Nacional del Ecuador aprobó el proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo durante la sesión del 21 de marzo de 2024. El documento recibió el respaldo de 82 asambleístas con el objetivo de optimizar los instrumentos de planificación que rigen en los Gobiernos Autónomos Descentralizados. Tras la votación en el pleno el texto fue remitido al Presidente de la República para que emita su sanción o veto conforme a los plazos constitucionales establecidos.

Ajustes en los plazos de actualización de planes cantonales

La normativa introduce cambios técnicos en los tiempos permitidos para la actualización de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial y los Planes de Uso y Gestión de Suelo. Estas modificaciones buscan que los municipios cuenten con un marco temporal adecuado para alinear sus herramientas de gestión con la realidad socioeconómica de cada territorio. La reforma establece que los procesos de planeación deben garantizar la seguridad jurídica y la eficiencia en la administración del suelo urbano y rural en todo el país.

Coordinación entre niveles de gobierno y entes rectores

El texto legislativo enfatiza la necesidad de una articulación técnica entre los gobiernos locales y el ente rector de la planificación nacional para evitar duplicidad de funciones. La reforma define con mayor precisión las competencias de las autoridades en la vigilancia del cumplimiento de las normas urbanísticas y ambientales vigentes. Este ajuste normativo pretende fortalecer la institucionalidad de la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo en su rol de control y supervisión.

Garantías para la seguridad jurídica en el ejercicio profesional

Para los profesionales del derecho y del urbanismo la reforma aclara los procedimientos administrativos relacionados con la obtención de permisos y la categorización de suelos. La ley busca reducir la discrecionalidad en la aplicación de sanciones y estandarizar los criterios de evaluación técnica en las diferentes jurisdicciones cantonales. Los cambios propuestos impactan directamente en el ejercicio legal al establecer reglas claras sobre la vigencia de los derechos adquiridos y las cargas urbanísticas aplicables a los proyectos inmobiliarios.

Procedimiento constitucional y próximos pasos legislativos

El Presidente de la República dispone de un plazo de treinta días desde la recepción del documento para presentar sus objeciones parciales o totales al contenido aprobado. Si el Ejecutivo no presenta observaciones dentro del periodo legal el proyecto deberá publicarse en el Registro Oficial para su entrada en vigencia inmediata. En caso de existir un veto parcial el texto regresará a la Asamblea Nacional para que el pleno decida si se allana a las sugerencias presidenciales o se ratifica en su propuesta original.

Fuente: Asamblea Nacional del Ecuador