Asamblea Nacional debate ley económica urgente con reforma para juzgar como adultos a menores infractores

El Pleno de la Asamblea Nacional de Ecuador inició el primer debate del proyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública, remitido con el carácter de económico urgente por el presidente Daniel Noboa. La propuesta, además de reformas en compras públicas, plantea un cambio controvertido: permitir que adolescentes sean juzgados como adultos en casos de delitos graves.

Contexto legal del hecho

El proyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública fue presentado por el Ejecutivo bajo la figura de ley económica urgente, conforme a lo previsto en el artículo 140 de la Constitución de la República del Ecuador. Esta figura permite al presidente enviar proyectos con trámite preferente y plazos abreviados cuando se considere que tienen impacto económico. La normativa propuesta aborda temas relacionados con la transparencia y eficiencia en el sector público, pero incorpora reformas penales que han generado debate por su posible falta de unidad de materia, principio exigido en la legislación ecuatoriana.

Contenido o disposición principal

Entre los puntos más destacados del proyecto está la disposición para que los adolescentes infractores sean juzgados como adultos cuando se trate de delitos cuya pena supere los diez años de prisión, conforme al Código Orgánico Integral Penal (COIP). Además, se propone extender la tipificación del delito de prevaricato a fiscales y abogados, estableciendo que quienes sean sentenciados en firme por esta conducta no podrán volver a ejercer la abogacía. El texto contempla también reformas al sistema de compras públicas y la inclusión de sanciones para evitar irregularidades en la contratación estatal.

Implicaciones prácticas o destinatarios

De aprobarse, la reforma impactaría en el régimen de responsabilidad penal de adolescentes, modificando el tratamiento jurídico previsto en el Código de la Niñez y Adolescencia. La propuesta generó posiciones divididas entre los legisladores: mientras el oficialismo argumenta que busca frenar el reclutamiento de menores por el crimen organizado, bancadas como la de la Revolución Ciudadana alertan sobre riesgos de inconstitucionalidad por la falta de conexidad temática. El proyecto continúa su trámite legislativo y podría ser sometido a un segundo debate en los próximos días, dentro del plazo previsto para leyes económicas urgentes.

Fuente: Primicias