Asamblea Nacional debatirá la Ley de Integridad Pública con reformas penales, judiciales y de tránsito

La Asamblea Nacional de Ecuador se prepara para debatir el informe final de la Ley de Integridad Pública, remitida por el presidente Daniel Noboa con carácter de económico urgente. El proyecto, que inicialmente se enfocaba en la reforma al sistema de Contratación Pública, incorpora ahora reformas al ámbito penal, judicial, financiero, de tránsito y movilidad humana.

Contexto legal del hecho

La Ley de Integridad Pública fue enviada por el Ejecutivo a la Asamblea Nacional el 27 de mayo de 2025 como un proyecto de ley económico urgente, en virtud de lo dispuesto en la Constitución de la República y la Ley Orgánica de la Función Legislativa. El tratamiento del proyecto ha estado a cargo de la Comisión de Desarrollo Económico, que, tras el primer debate, introdujo numerosas reformas que amplían el alcance de la iniciativa más allá del régimen de compras públicas. El informe definitivo será debatido en el Pleno el 24 de junio de 2025.

Contenido o disposición principal

El texto que se someterá a votación contiene disposiciones como el endurecimiento de las penas aplicables a adolescentes infractores por delitos graves, previendo medidas de internamiento institucional de 10 a 12 años y hasta 15 años en casos vinculados a grupos de delincuencia organizada en el contexto de conflicto armado interno.

En el ámbito de tránsito, se plantea que los contratos con proveedores de radares se limiten al pago por equipos y mantenimiento, sin vinculación a montos recaudados por multas. Asimismo, se faculta al Ejecutivo a reglamentar el uso obligatorio de peajes automáticos a nivel nacional.

Respecto de la Función Judicial, se introduce la posibilidad de declarar en emergencia el sistema de justicia, lo que permitirá la designación de jueces sin concurso, reasignación de recursos y contrataciones de emergencia.

En materia migratoria, se propone la expulsión de extranjeros condenados por cualquier delito sancionado con pena privativa de libertad, sin umbral mínimo, y la ampliación a 15 años de la prohibición de retorno. En situación de conflicto armado interno, la expulsión podría aplicarse antes del cumplimiento de la pena.

Implicaciones prácticas o destinatarios

La propuesta legislativa impacta directamente en los operadores de justicia, los menores de edad infractores, los proveedores de servicios de tránsito, los usuarios de las vías, así como en la población extranjera residente en el país. En caso de aprobación, la ley entraría en vigencia conforme los plazos establecidos en el texto aprobado y su respectiva publicación en el Registro Oficial. El Ejecutivo y las autoridades competentes deberán emitir los reglamentos necesarios para su aplicación.

Fuente: Primicias