Asamblea Nacional posesiona a la nueva Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria

La Asamblea Nacional designó a los cinco miembros propuestos por el presidente Daniel Noboa para integrar la nueva Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria, tras la entrada en vigencia de la Ley Orgánica de Integridad Pública.

Este órgano sustituye a las antiguas juntas separadas —Monetaria y Financiera— y se convierte en la máxima autoridad de gobierno del Banco Central del Ecuador (BCE), con competencias normativas y de supervisión sobre el sistema financiero, de valores, seguros y salud prepagada.

Nuevo órgano rector del sistema financiero ecuatoriano

La posesión de los nuevos miembros se llevó a cabo el 16 de septiembre de 2025, con 80 votos afirmativos del Pleno de la Asamblea Nacional. Este proceso responde al mandato de la Ley de Integridad Pública, que estructuró un único órgano para regular las políticas monetarias y financieras del país.

El presidente Noboa presentó a los cinco candidatos el pasado 5 de septiembre, quienes fueron ratificados por la Asamblea. El tiempo de permanencia en el cargo varía conforme a lo dispuesto por la normativa: uno por cuatro años, dos por tres años y dos por dos años.

Integrantes designados y sus periodos

Los nuevos miembros de la Junta son: 

• Gustavo Estuardo Camacho Dávila (cuatro años), 

• Silvia Daniela Moya Arteta 

• Roberto Javier Basantes Romero (tres años)

• María Isabel Camacho Cárdenas 

• Jeniffer Nathaly Rubio Abril (dos años)

Este esquema de duración escalonada busca garantizar la continuidad y renovación periódica del órgano regulador.

Funciones clave de la nueva Junta

Entre las competencias principales de la Junta se encuentran el nombramiento y control del Gerente General del BCE, así como la facultad para proponer reformas legales en materia financiera, crediticia, monetaria y de seguros.

Además, la Junta podrá emitir regulaciones sobre tasas de interés y exigir información a entidades financieras, de valores y de salud prepagada. También podrá requerir datos de empresas no financieras que otorguen créditos por encima de los límites establecidos, siendo obligatoria su entrega.

Fuente: Primicias