Asamblea Nacional rechaza paralización del Metro de Quito y exige continuidad operativa

El Pleno de la Asamblea Nacional de la República del Ecuador aprobó el 22 de abril de 2026 una resolución dirigida a las autoridades municipales y nacionales para garantizar la operatividad ininterrumpida del Metro de Quito. El cuerpo colegiado manifestó su postura tras los recientes eventos de paralización que afectaron el derecho a la movilidad de los ciudadanos en la capital. La decisión legislativa insta a la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito y a la operadora internacional a presentar informes detallados sobre los fallos técnicos y administrativos detectados.

Contexto normativo y derechos ciudadanos involucrados

La resolución se fundamenta en el derecho constitucional a la movilidad y el acceso a servicios públicos de calidad, eficiencia y seguridad establecidos en la Constitución de la República. El debate legislativo resaltó que la interrupción del servicio contraviene los principios de continuidad de los servicios públicos esenciales, lo cual genera implicaciones legales para los administradores del sistema. Los asambleístas enfatizaron la necesidad de revisar los contratos de mantenimiento y operación para determinar posibles incumplimientos en las cláusulas de disponibilidad y desempeño técnico.

Exigencias de seguridad y mantenimiento preventivo

El órgano legislativo demandó la implementación inmediata de protocolos de seguridad reforzados para proteger la integridad de los usuarios y la infraestructura estatal. Se solicitó al Ministerio de Transporte y Obras Públicas que, en el ámbito de sus competencias, supervise la ejecución de las auditorías técnicas externas sobre el material rodante y los sistemas de señalización ferroviaria. La Asamblea Nacional subrayó que la transparencia en los procesos de mantenimiento es fundamental para evitar nuevas suspensiones que impacten en la dinámica económica y laboral de la ciudad.

Reacciones de autoridades y sectores institucionales

El Alcalde de Quito señaló que se han iniciado los procesos administrativos sancionatorios contra los responsables directos de la interrupción del servicio. Por su parte, delegados de las comisiones de fiscalización de la Asamblea Nacional indicaron que se mantendrá una vigilancia permanente sobre la ejecución del presupuesto asignado al sistema de transporte masivo. Representantes del sector gremial y cámaras de comercio expresaron la necesidad de contar con un plan de contingencia efectivo que minimice las pérdidas económicas derivadas de fallas logísticas en el transporte.

Próximos pasos del proceso de fiscalización

La Comisión de Gobiernos Autónomos de la Asamblea Nacional recibirá en los próximos ocho días a los directivos de la empresa operadora para que comparezcan y rindan cuentas sobre el estado actual de la flota. Este proceso de fiscalización busca establecer responsabilidades administrativas y, de ser necesario, remitir los hallazgos a la Contraloría General del Estado. El cronograma establecido prevé la entrega de un informe técnico final que servirá de base para posibles reformas a la normativa de gestión de sistemas de transporte ferroviario en el país.

Fuente: Asamblea Nacional del Ecuador