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Asamblea posesionará nuevos jueces elegibles de la Corte Constitucional y debatirá reformas clave
El Pleno de la Asamblea Nacional de Ecuador desarrollará la sesión N.º 024 el martes 6 de agosto de 2025, en la cual se realizará la posesión de nuevos jueces de la Corte Constitucional y se debatirán tres proyectos de ley, incluyendo reformas a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.
Contexto legal del hecho
La Constitución de la República del Ecuador establece, en su artículo 434, que la Corte Constitucional está integrada por nueve jueces designados mediante concurso público de méritos y oposición, con renovación parcial cada tres años. Este proceso se realiza a través de una Comisión Calificadora encargada de evaluar y seleccionar a los candidatos, conformando un banco de elegibles. La Asamblea Nacional debe posesionar oficialmente a los nuevos jueces, conforme lo dispone la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.
Contenido o disposición principal
Durante la sesión plenaria se llevará a cabo la posesión de los jueces constitucionales Edwin Aceldo Gualli y Pamela Aguirre Castro, seleccionados del banco de elegibles conformado por la Comisión Calificadora mediante resolución de marzo de 2025.
Además, se tratarán tres proyectos legislativos:
En primer debate, el Proyecto de Ley Orgánica de Víctimas de Graves Violaciones a los Derechos Humanos y Delitos de Lesa Humanidad, presentado por la Defensoría del Pueblo.
En primer debate, el Proyecto de Ley de Ciberseguridad, propuesto por la Presidencia de la República.
En segundo debate, el Proyecto de Reformas a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, con el objetivo de establecer sanciones al abuso de acciones de protección.
Implicaciones prácticas o destinatarios
La posesión de los jueces garantiza la renovación periódica de la Corte Constitucional, asegurando su funcionamiento conforme al marco legal. Las reformas planteadas tienen un impacto directo en la administración de justicia constitucional, la protección de derechos humanos y la seguridad digital. Están dirigidas a instituciones públicas, operadores de justicia, entidades del sistema de protección de derechos, y organismos de ciberdefensa. Las decisiones adoptadas en esta sesión marcarán el rumbo de importantes áreas del ordenamiento jurídico ecuatoriano, con efectos a corto y mediano plazo tras su aprobación y publicación oficial.
Fuente: Asamblea Nacional del Ecuador