Chile cierra una campaña presidencial centrada en la seguridad y el crimen organizado

La campaña presidencial chilena culminó este viernes 14 de noviembre, en vísperas de los comicios del domingo, con un marcado enfoque en la seguridad pública. La criminalidad, el narcotráfico y el control territorial por parte de bandas organizadas dominaron el debate político y las propuestas de los principales aspirantes a La Moneda.

La delincuencia como eje del discurso político

A lo largo del proceso electoral, el tema de la delincuencia fue adoptado como prioridad por todas las candidaturas. La preocupación ciudadana por el aumento de delitos violentos y la expansión de organizaciones criminales llevó a que el eje del debate se centrara en la capacidad del Estado para garantizar el orden y la seguridad. Aunque los índices de homicidios en Chile se mantienen por debajo del promedio regional, la percepción de inseguridad se ha incrementado de forma sostenida en los últimos años.

Propuestas diferenciadas frente a un problema común

Los candidatos de derecha promovieron una agenda centrada en el uso intensivo de la fuerza pública, proponiendo medidas como la construcción de cárceles de alta seguridad en zonas aisladas, cambios en la legislación sobre legítima defensa y, en algunos casos, la reinstauración de la pena de muerte. En contraste, la candidata oficialista —respaldada por el gobierno de Gabriel Boric— incluyó el tema en su plan de gobierno, aunque desde una óptica más moderada y con énfasis en reformas institucionales.

Opinión pública favorable a medidas excepcionales

Las encuestas más recientes evidencian que un amplio sector de la población estaría dispuesto a aceptar la suspensión de algunas garantías individuales si eso contribuye a reducir la delincuencia. Este escenario ha influido en el discurso político de todos los sectores, que han debido responder a la creciente demanda social de seguridad, incluso mediante propuestas que tensan el marco de los derechos fundamentales.

Reorientación de prioridades en el gobierno

La actual administración asumió en 2022 con una agenda enfocada en reformas sociales y derechos humanos, pero la evolución del escenario delictivo obligó a una reconfiguración de las prioridades gubernamentales. El incremento de delitos como homicidios, secuestros, extorsiones y tráfico de armas llevó al Ejecutivo a implementar planes focalizados de seguridad y reforzar la presencia del Estado en zonas con alta vulnerabilidad.

Fuente: El País