Comisión aprueba informe para segundo debate de la Ley Orgánica de Integridad Pública

La Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional aprobó el informe para el segundo debate del proyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública, remitido por el presidente Daniel Noboa con carácter de económico urgente. El informe será enviado al presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, para la respectiva convocatoria al pleno.

Contexto legal del hecho

El proyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública fue enviado por el presidente de la República en el marco de sus atribuciones constitucionales para iniciativas de carácter económico urgente. La Comisión de Desarrollo Económico, en cumplimiento del procedimiento legislativo previsto en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, elaboró y aprobó el informe para segundo debate. La sesión del pleno de la Asamblea Nacional está prevista para el 24 de junio de 2025.

Contenido o disposición principal

El informe aprobado incorpora reformas sustanciales orientadas a fortalecer la lucha contra la corrupción y optimizar la gestión pública. Entre las principales disposiciones se destacan:

• La tipificación específica del delito de prevaricato para jueces y fiscales dentro del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

• La transferencia obligatoria de bienes destinados a la formación policial a la Universidad de Seguridad Ciudadana y Ciencias Policiales, con un plazo máximo de 180 días.

• Reformas al sistema de contratación pública para promover la transparencia y la eficiencia.

• Cambios en el régimen de talento humano del sector público, enfocados en la consecución de resultados y desarrollo de competencias.

• La modificación de la Ley Orgánica de Transporte para permitir el uso de tecnología en el control de infracciones, destinando los recursos recaudados al financiamiento de los equipos respectivos.

Implicaciones prácticas o destinatarios

Las reformas propuestas afectan a diversos actores del sector público, incluyendo jueces, fiscales, entidades de contratación y administraciones del talento humano estatal. También impactan al sistema de seguridad y al sector de transporte, con medidas orientadas a la modernización tecnológica y la eficiencia administrativa. De aprobarse, las disposiciones deberán ser implementadas conforme a los plazos y procedimientos establecidos, como el plazo de 180 días para la transferencia de bienes a la universidad policial.

Fuente: Primicias