Comisión de Régimen Económico avanza en análisis de la proforma presupuestaria 2025

La Asamblea Nacional, a través de la Comisión de Régimen Económico, inició el tratamiento de la proforma presupuestaria del ejercicio fiscal 2025. El documento fue remitido por el presidente Daniel Noboa y deberá ser evaluado en el plazo establecido por la Constitución y la ley.

Contexto legal del análisis presupuestario

El procedimiento para la aprobación de la proforma presupuestaria está regulado por el artículo 295 de la Constitución de la República del Ecuador y el artículo 74 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. Estas normas establecen que el Ejecutivo debe remitir el proyecto de ley de presupuesto general del Estado a la Asamblea Nacional, la cual tiene 30 días para aprobarlo o formular observaciones.

La Comisión de Régimen Económico es el órgano legislativo competente para tramitar y dictaminar sobre este tipo de propuestas, conforme lo dispone la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

Contenido y cifras relevantes de la proforma

La proforma presupuestaria 2025 asciende a USD 35.536 millones, con una proyección de ingresos de USD 31.000 millones y un déficit estimado de USD 4.500 millones. El documento contempla una inflación de 2,9%, crecimiento del PIB del 1,9% y un precio referencial del petróleo de USD 59,2 por barril.

Entre las partidas más relevantes se encuentran USD 8.300 millones para el servicio de la deuda pública y USD 1.800 millones para los gobiernos autónomos descentralizados. Además, se plantea un incremento del gasto social en salud y educación.

Sujetos obligados y efectos institucionales

El análisis y aprobación de la proforma compromete a la Asamblea Nacional, el Ministerio de Economía y Finanzas y demás instituciones del sector público. Una vez aprobada, se convierte en ley y rige la ejecución del presupuesto estatal para el próximo año fiscal.

En caso de que la Asamblea no se pronuncie dentro del plazo legal, se entenderá aprobada por el ministerio de la ley. La aprobación definitiva condiciona la asignación de recursos a entidades públicas, la contratación de deuda y la ejecución de políticas fiscales.

Fuente: Primicias