Congreso de Brasil aprueba polémica ley que flexibiliza el licenciamiento ambiental

El 17 de julio de 2025, la Cámara de Diputados brasileña aprobó un controvertido proyecto conocido como el “PL de la devastación”, que contempla medidas para simplificar y flexibilizar el proceso de licenciamiento ambiental en Brasil. La iniciativa ya contaba con el aval del Senado y ahora queda a la espera de la firma o veto presidencial. 

Simplificación y autodeclaración ambiental

El texto introduce dos nuevas modalidades: la “Licencia Ambiental Especial” (LAE) y la “Licencia por Adhesión y Compromiso” (LAC). La LAE ofrece una licencia simplificada para proyectos estratégicos, mientras que la LAC permite que empresas de impacto bajo o medio soliciten permisos mediante autodeclaración, sin exigir estudios de impacto ambiental previos. 

Reducción de plazos y supervisión débil

El proyecto elimina fases de revisión, limita la participación de agencias como Funai, ICMBio y el Ministerio de Igualdad Racial, reduciendo sus plazos de intervención a 30 días; además, otorga licencias con vigencia de hasta 10 años bajo una única noticia técnica. Se prevén inspecciones anuales obligatorias, pero el proceso se simplifica radicalmente. 

La legislación restringe el derecho de estas comunidades a influir en licenciamientos fuera de las tierras ya demarcadas, dejando sin protección cerca del 32 % de territorios indígenas y más del 80 % de tierras quilombolas aún en trámite de reconocimiento. 

Reacciones enfrentadas y consecuencias inmediatas

El proyecto fue aprobado con 267 votos a favor y 116 en contra en una sesión mayoritariamente virtual y nocturna, en gran parte impulsado por el sector agroindustrial que busca agilizar los permisos para "destrabar" la infraestructura del país. Las voces críticas lo califican como "el mayor retroceso del licenciamiento ambiental" en décadas, en palabras de la diputada Duda Salabert, y la diputada indígena Célia Xakriabá advirtió que “el dinero no va a sustituir a los bosques”. 

Ahora la ley pasa al presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien tiene 15 días hábiles para sancionarla o vetarla. En caso de veto, el Congreso podría controlarlo con mayoría absoluta, lo cual desencadenaría probablemente una batalla judicial en el Supremo Tribunal Federal por presunta inconstitucionalidad. 

Fuente: DW