Contraloría extiende por 90 días el plazo para remisión de intereses a sus deudores

La Contraloría General del Estado resolvió ampliar por 90 días adicionales el plazo para que los deudores puedan acogerse al beneficio de remisión de intereses, costas y gastos administrativos. Esta medida se enmarca en lo dispuesto por la Ley Orgánica de Alivio Financiero, vigente desde febrero de 2025, y aplica a obligaciones específicas bajo competencia del órgano de control.

Contexto legal de la remisión de obligaciones ante la Contraloría

La Ley Orgánica de Alivio Financiero, publicada en diciembre de 2024, establece un régimen excepcional de remisión de intereses, costos y gastos derivados de deudas con entidades del sector público. En el caso de la Contraloría General del Estado, el artículo correspondiente habilita a este organismo a conceder la remisión respecto de obligaciones originadas en procesos administrativos que no estén relacionados con el uso indebido de recursos públicos.
Inicialmente, el plazo para acogerse a este beneficio fue de 240 días, contados a partir del 1 de febrero de 2025, es decir, hasta el 29 de septiembre de 2025. La ley permite que dicho plazo pueda ser extendido una única vez por un periodo adicional de hasta 90 días, a discreción de la institución competente.

Contenido y condiciones de la prórroga otorgada

Mediante resolución emitida el 26 de septiembre de 2025, la Contraloría General del Estado hizo uso de su facultad legal y extendió el plazo para acogerse a la remisión de intereses hasta el 28 de diciembre de 2025.
La medida permite que los deudores cuyos casos califican bajo los parámetros legales puedan regularizar su situación cumpliendo con los siguientes requisitos:

• Pago total del capital adeudado.

• Desistimiento expreso de cualquier recurso administrativo o acción judicial en trámite sobre la obligación.

• Renuncia a futuras acciones legales relacionadas con la misma deuda, una vez acogido el beneficio.
  Estos requisitos son obligatorios para la aplicación del beneficio y deben estar debidamente documentados ante la Contraloría.

Implicaciones prácticas y alcance del beneficio

La ampliación del plazo beneficia a personas naturales y jurídicas con obligaciones registradas ante la Contraloría General del Estado, siempre que estas no se originen en el uso irregular de fondos públicos.
La remisión también aplica, bajo condiciones similares, a entidades como la Corporación Financiera Nacional (CFN), cuyo plazo límite de aplicación está previsto hasta el 31 de diciembre de 2025.
El cumplimiento de las condiciones establecidas es indispensable para acceder al beneficio, lo que implica que no todas las deudas podrán acogerse automáticamente. Las personas interesadas deben verificar la elegibilidad de su caso conforme a la normativa vigente y las directrices emitidas por el órgano de control.

Fuente: Primicias