Corte Nacional presenta proyecto de nueva Ley de Extradición a la Asamblea Nacional

La Corte Nacional de Justicia del Ecuador remitió a la Asamblea Nacional un proyecto de Ley de Extradición, con el fin de actualizar el marco legal vigente desde 1882. La iniciativa busca establecer procedimientos claros, garantizar derechos constitucionales y facilitar la cooperación internacional en materia penal.

Marco normativo y competencias institucionales

El proyecto fue elaborado por la Corte Nacional de Justicia en ejercicio de su facultad prevista en el artículo 208.10 del Código Orgánico de la Función Judicial, que le permite proponer proyectos de ley relativos a la administración de justicia. La propuesta se enmarca también en los artículos 76 y 424 de la Constitución, que garantizan el debido proceso y la supremacía de los derechos humanos en el orden jurídico interno.

Contenido principal del proyecto de ley

El texto propuesto reemplaza a la actual Ley de Extradición vigente desde el 9 de marzo de 1882. Establece el procedimiento para solicitudes tanto activas como pasivas de extradición, los requisitos documentales, los órganos competentes y los mecanismos de decisión. Se detallan etapas como la solicitud formal, la revisión judicial, el pronunciamiento de la Corte Nacional y la decisión final del Presidente de la República.

La norma incorpora además garantías de derechos fundamentales, conforme al bloque de constitucionalidad, y considera tratados internacionales suscritos por el Ecuador, como la Convención Interamericana sobre Extradición y la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional.

Aplicabilidad y destinatarios del proyecto

El proyecto está dirigido a regular las relaciones internacionales del Estado en materia penal, en casos que involucren tanto a ciudadanos ecuatorianos como extranjeros. Propone que la Corte Nacional de Justicia actúe como órgano central en el proceso judicial, mientras que el Ministerio de Relaciones Exteriores gestionará la parte diplomática.

De ser aprobada, la nueva ley permitirá al Ecuador mejorar su capacidad de respuesta frente a delitos transnacionales como el narcotráfico, lavado de activos y corrupción, mediante procedimientos expeditos, respetuosos de los derechos humanos y alineados con estándares internacionales.

Fuente: Primicias