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Corte Suprema de EE. UU. declara ilegales aranceles impuestos por Donald Trump

viernes, 20 de febrero de 2026

La Corte Suprema de los Estados Unidos resolvió que los aranceles globales impuestos por el presidente Donald Trump son ilegales por exceder la autoridad conferida al Ejecutivo. El fallo determina que la medida carece de autorización expresa del Congreso y vulnera el marco constitucional sobre la imposición de tributos.

 

La potestad tributaria corresponde al Congreso de Estados Unidos

El Tribunal analizó el alcance de las facultades presidenciales en materia comercial y tributaria, recordando que la Constitución de Estados Unidos asigna al Congreso la competencia para establecer impuestos y aranceles. La controversia se originó en el uso de la International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), norma que otorga atribuciones al presidente en situaciones de emergencia nacional.

La Corte concluyó que dicha ley no concede una delegación clara ni ilimitada para imponer aranceles de carácter general, por lo que el Ejecutivo habría excedido el marco legal previsto por el legislador.

 

El fallo declara que los aranceles excedieron la autoridad ejecutiva

La decisión judicial establece que la imposición de aranceles bajo la invocación de una emergencia económica no puede sustituir la intervención legislativa cuando se trata de gravámenes amplios y permanentes. El Tribunal determinó que la medida adoptada no se ajustó a los límites normativos previstos en la legislación federal aplicable.

En consecuencia, los aranceles cuestionados quedan sin sustento jurídico conforme al pronunciamiento de la Corte.

 

Alcance de la decisión y efectos sobre la política comercial

El fallo tiene incidencia directa en la política comercial estadounidense y en la recaudación derivada de los aranceles aplicados. La decisión impacta a importadores, empresas y sectores económicos que estuvieron sujetos al esquema tarifario declarado ilegal.

Asimismo, la resolución delimita el alcance de las facultades presidenciales en materia económica y reafirma el rol del Congreso como órgano competente para establecer tributos de carácter general.

Fuente: Primicias