Crisis política en Bolivia: bloqueos, acción constitucional y presión por renuncia de Paz

Desde el 1 de mayo de 2026, Bolivia atraviesa una crisis social y política sostenida, con movilizaciones convocadas inicialmente por la Central Obrera Boliviana (COB) y sectores sindicales y campesinos. Las protestas se originaron con demandas de carácter económico y sectorial, entre ellas el incremento salarial del 20%, mejoras en el abastecimiento de combustible y la abrogación de la Ley 1720 sobre conversión de tierras. Con el avance del conflicto, las exigencias derivaron en un pedido unificado de renuncia del presidente Rodrigo Paz Pereira, quien asumió el cargo en noviembre de 2025. Los sectores movilizados incluyen obreros, campesinos, maestros, indígenas y transportistas, y el conflicto ha dejado al menos dos víctimas mortales, ambas por imposibilidad de acceder a atención médica oportuna debido a los bloqueos.

Operativos de desbloqueo y respuesta del Estado

El 17 de mayo, el gobierno desplegó un operativo con aproximadamente 3.500 efectivos policiales y militares en La Paz, El Alto y la carretera La Paz-Oruro para establecer corredores humanitarios e ingresar alimentos, oxígeno para hospitales y medicamentos. La Defensoría del Pueblo reportó 57 personas detenidas durante los enfrentamientos de ese día, con cinco heridos registrados. Pese al operativo, la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) informó que en la madrugada del 18 de mayo persistían 22 puntos de bloqueo, la mayoría concentrados en el departamento paceño.

Acción popular ante la Sala Constitucional

En el plano jurisdiccional, la Sala Constitucional Segunda de La Paz concedió en parte la tutela de acción popular presentada por el exdiputado Amílkar Barral en contra del secretario ejecutivo de la COB, Mario Argollo; el senador Nilton Condori; y el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo. La resolución ordenó a todos los movimientos sociales levantar los bloqueos de carreteras y accesos que impiden el paso de alimentos, medicamentos y otros bienes esenciales, por considerarlos ilegales e inconstitucionales. El Ministerio Público advirtió, adicionalmente, que se iniciarán procesos penales y civiles contra quienes promuevan medidas que atenten contra la paz social.

Situación al 18 de mayo: movilizaciones persisten

Al 18 de mayo de 2026, las movilizaciones continúan activas. La Defensoría del Pueblo reiteró su llamado al diálogo y señaló que analiza junto a la Iglesia católica la posibilidad de abrir un espacio de mediación para reducir la conflictividad y promover una reconciliación nacional. Una marcha de seguidores del expresidente Evo Morales prevé llegar a La Paz ese lunes para demandar la renuncia del mandatario. El gobierno de Rodrigo Paz ha descartado en reiteradas ocasiones esa posibilidad, calificando las presiones como un intento de ruptura del orden constitucional.

Fuente: France 24