Ecuador lanza la Política Nacional de Salud Mental

El 11 de diciembre de 2025, la vicepresidenta de Ecuador, María José Pinto, presentó la nueva Política Nacional de Salud Mental 2025‑2030, un instrumento estratégico orientado a garantizar el bienestar emocional, la prevención de trastornos mentales y el acceso integral a servicios de salud mental en todo el país.

Sustento normativo en la Ley Orgánica de Salud Mental

La política se enmarca en lo dispuesto por la Ley Orgánica de Salud Mental, aprobada por la Asamblea Nacional en diciembre de 2023 y vigente desde enero de 2024. Esta norma reconoce la salud mental como un componente esencial del derecho a la salud, y establece obligaciones para el Estado en cuanto a la promoción, prevención, atención y rehabilitación en este ámbito.

Ejes estratégicos de la política pública 2025–2030

La Política Nacional de Salud Mental 2025–2030 tiene como objetivos principales: fortalecer el bienestar emocional de la población, reducir los factores de riesgo psicosocial, fomentar la resiliencia individual y colectiva, y asegurar una red pública de atención integral, con énfasis en la prevención y la intervención temprana. Su elaboración incluyó procesos participativos con comunidades y organizaciones sociales.

Cobertura territorial y población prioritaria

El instrumento tendrá aplicación nacional, con atención especial a sectores históricamente desatendidos o en situación de vulnerabilidad. Se contempla el despliegue de servicios de salud mental en todos los niveles de atención del sistema público, con enfoques interculturales, de género y de derechos humanos, según lo establecido por los principios rectores de la política.

Rol de la Vicepresidencia en la ejecución interinstitucional

La implementación estará liderada por la Vicepresidencia de la República, institución a la que el presidente Daniel Noboa encargó por decreto la coordinación de políticas públicas en salud mental. La vicepresidenta María José Pinto destacó que este enfoque transversal implica articular acciones con los ministerios de Salud, Educación, Inclusión Económica y Social, así como gobiernos locales y actores comunitarios.

Fuente: Primicias