Ecuador lanza plan nacional para implementar el Pacto Mundial de Migración 2025–2029

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, en conjunto con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), presentó el Plan Nacional de Implementación del Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular 2025–2029. Este instrumento tiene como objetivo fortalecer la gobernanza migratoria del Ecuador en el marco de los compromisos internacionales asumidos.

Contexto legal del hecho

El Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular fue adoptado en 2018 bajo el auspicio de las Naciones Unidas y no es jurídicamente vinculante, pero constituye un marco de cooperación internacional. Ecuador es signatario de este pacto y ha participado activamente en su aplicación. El plan presentado el 8 de septiembre de 2025 en Quito se enmarca en la responsabilidad del país de cumplir con sus compromisos en materia de movilidad humana, conforme a la Constitución del Ecuador, la Ley Orgánica de Movilidad Humana y tratados internacionales ratificados.

Contenido o disposición principal

El plan nacional define las líneas estratégicas para el período 2025–2029 con el fin de aplicar los 23 objetivos del Pacto Mundial de Migración en el contexto ecuatoriano. Entre sus ejes principales se incluyen: la mejora de los mecanismos de protección a personas migrantes, la gestión efectiva de fronteras, la lucha contra la trata de personas, y la articulación institucional para una migración segura y con enfoque de derechos.

Durante el evento de presentación, la canciller Gabriela Sommerfeld indicó que Ecuador busca consolidar políticas que articulen el respeto a los derechos humanos con la seguridad y el desarrollo económico. Por su parte, la representante de la OIM, Catalina Devandas, destacó que Ecuador se posiciona como referente regional en la implementación del pacto y en la promoción de políticas públicas innovadoras en movilidad humana.

Implicaciones prácticas o destinatarios

El plan está dirigido a todas las instituciones del Estado involucradas en la gestión migratoria, así como a organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales y gobiernos locales. Afecta directamente a personas migrantes, refugiadas, retornadas y en situación de movilidad, garantizando un abordaje integral de sus derechos y necesidades. La vigencia del plan se extenderá desde el año 2025 hasta 2029, y contempla mecanismos de seguimiento y evaluación para asegurar su implementación progresiva.

Fuente: El Telégrafo