El Gobierno de Chile retira 43 decretos ambientales de la Contraloría General

El 11 de marzo de 2026 la administración del presidente José Antonio Kast inició el retiro de 43 decretos ambientales que se encontraban en trámite de toma de razón ante la Contraloría General de la República. Esta medida suspende la entrada en vigencia de diversas normas aprobadas durante la gestión anterior que abarcan desde planes de descontaminación hasta la creación de áreas protegidas. El Ejecutivo fundamentó la acción como parte de una auditoría técnica orientada a revisar la legalidad y la eficiencia de las regulaciones ambientales vigentes antes de su implementación definitiva.

Fundamentos de la auditoría técnica y regulatoria

La ministra del Medio Ambiente Francisca Toledo señaló que el proceso busca garantizar que los decretos respondan a estándares técnicos rigurosos y no representen obstáculos burocráticos innecesarios para la inversión. Según el Gobierno la revisión es necesaria para alcanzar un equilibrio entre el desarrollo económico y la protección ambiental a través de la agilización de proyectos que han sido ralentizados por el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. El retiro de estas normativas se enmarca en un plan de emergencia económica que prioriza la reactivación productiva y la seguridad jurídica para el sector privado en el territorio nacional.

Impacto en ecosistemas protegidos y biodiversidad

Entre los documentos retirados destacan decretos que establecen la protección de ecosistemas críticos como el salar de Huasco y normativas para la conservación de especies como el pingüino de Humboldt y la ranita de Darwin. Asimismo la medida afecta a planes de descontaminación atmosférica para diversas cuencas y a la gestión de áreas protegidas en zonas de alta vulnerabilidad ecológica. Organizaciones técnicas advierten que el cese de estos trámites administrativos podría generar una desprotección temporal de recursos naturales estratégicos y un retraso en el cumplimiento de los compromisos climáticos internacionales asumidos por el Estado chileno.

Respuesta de organizaciones civiles y científicas

Más de 200 organizaciones socioambientales científicas y de derechos humanos emitieron una declaración pública el 18 de marzo de 2026 para alertar sobre lo que califican como un retroceso en la institucionalidad ambiental del país. Los firmantes manifestaron su preocupación por la incertidumbre regulatoria y el posible impacto negativo en la salud pública derivado de la suspensión de los planes de calidad del aire. Grupos como Greenpeace Chile y la ONG FIMA subrayaron que la decisión de retirar de forma masiva estas normas carece de precedentes recientes en la historia regulatoria chilena y afecta la participación ciudadana previa.

Reingreso parcial y estado del proceso legal

Tras la controversia generada el Gobierno reingresó el 18 de marzo de 2026 el decreto número 38 relativo al Plan RECOGE el cual recibió la toma de razón por parte de la Contraloría General. El resto de las 42 normativas permanecen bajo revisión ministerial sin que se haya definido un plazo exacto para su reingreso al órgano de control administrativo. Los sectores legislativos y gremiales observan con atención el desarrollo de este proceso que definirá los nuevos estándares de cumplimiento ambiental para los proyectos industriales y mineros en Chile durante el presente periodo presidencial.

Fuente: DW