Elecciones en Perú: Fujimori y Sánchez avanzan a segunda vuelta bajo proceso penal abierto

Con el 99,76% de las actas procesadas al 12 de mayo de 2026, la candidata Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, y Roberto Sánchez Palomino, de Juntos por el Perú, lideran el escrutinio oficial de la primera vuelta de las elecciones presidenciales peruanas celebradas el 12 de abril. Fujimori encabeza el conteo con el 17,17% de los votos válidos, mientras que Sánchez ocupa el segundo lugar con el 12,02%, superando por una diferencia aproximada de 18.000 sufragios al tercer candidato, Rafael López Aliaga, de Renovación Popular. El Jurado Nacional Electoral (JNE) informó que la proclamación oficial de los resultados sería anunciada antes del 15 de mayo, tras semanas de demoras atribuidas a problemas logísticos y cuestionamientos al proceso. La segunda vuelta presidencial quedó fijada para el 7 de junio de 2026.
 

Proceso penal contra Sánchez ante el Juzgado de Investigación Preparatoria

En paralelo al proceso electoral, la Fiscalía peruana solicitó una pena privativa de libertad de cinco años y cuatro meses contra Roberto Sánchez Palomino por la presunta presentación de información falsa ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). La hipótesis acusatoria sostiene que Sánchez, en su calidad de apoderado y representante del partido Juntos por el Perú, habría entregado documentación fraudulenta a la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios de la ONPE, relacionada con la Información Financiera Anual de 2018 y la Declaración de Ingresos y Gastos de la campaña electoral de ese mismo año. El 27 de mayo de 2026, el Juzgado de Investigación Preparatoria examinará el nuevo requerimiento acusatorio formulado por la Fiscalía en enero de 2026, luego de que una Sala Superior archivara algunos delitos y extremos de la acusación inicial.

Cuestionamientos al proceso y renuncia de la autoridad electoral máxima

La prolongación del escrutinio y las denuncias de irregularidades derivaron en la renuncia de la máxima autoridad del organismo electoral, quien quedó bajo investigación de la Fiscalía. La Junta Nacional de Justicia aprobó además el inicio de una investigación preliminar contra el entonces titular de la ONPE, Piero Corvetto Salinas, por hechos ocurridos durante el proceso electoral. Asimismo, funcionarios de la ONPE fueron detenidos en el marco de una investigación por el presunto delito de colusión vinculado a la contratación de la empresa encargada de la distribución del material electoral. No obstante, los observadores electorales de la Unión Europea señalaron no haber encontrado evidencias concretas de irregularidades sistemáticas.

Contexto jurídico: impacto constitucional de una eventual victoria bajo investigación

La defensa de Sánchez rechazó las acusaciones y sostuvo que diversas partes de la investigación ya fueron archivadas por falta de pruebas o por cuestiones procesales, y que no existe juicio oral ni sentencia firme en su contra. El candidato calificó las actuaciones como persecución política. Analistas jurídicos advirtieron, sin embargo, sobre el impacto constitucional que podría derivarse de un eventual triunfo presidencial de Sánchez mientras la investigación judicial permanece abierta, en un contexto en que la mayoría de los expresidentes peruanos recientes han enfrentado procesos penales por corrupción u abuso de poder.

Fuente: France 24