Estados Unidos redefine su estrategia en América Latina con apoyo clave de Ecuador

Tras la detención del presidente venezolano Nicolás Maduro, el Gobierno de Estados Unidos ha activado una nueva estrategia geopolítica en América Latina orientada a reforzar su influencia regional. En este contexto, Ecuador ha emergido como un aliado estratégico en materia de cooperación en seguridad, defensa y lucha contra el crimen organizado, con implicaciones jurídicas e institucionales para la región.

Estados Unidos reactiva principios de la doctrina Monroe en su política hemisférica

La intervención en Venezuela, ejecutada el 3 de enero de 2026, responde a una doctrina de seguridad nacional que busca garantizar la estabilidad del hemisferio occidental y limitar la influencia de potencias extrarregionales como Rusia y China. Esta estrategia retoma elementos de la doctrina Monroe y se sustenta en tres pilares: asegurar gobernabilidad en la región, obtener acceso a recursos estratégicos —como el petróleo venezolano— y controlar ubicaciones geográficas de alto valor militar y logístico en América Latina.

Cooperación bilateral entre Ecuador y Estados Unidos en materia de seguridad y defensa

Ecuador ha consolidado su rol como socio estratégico al ratificar acuerdos bilaterales de cooperación en seguridad con Estados Unidos. Estos convenios incluyen facilidades logísticas y operativas para fuerzas estadounidenses en territorio ecuatoriano, en particular en la costa del Pacífico. A cambio, Ecuador ha recibido apoyo técnico, logístico y financiero para el combate contra el narcotráfico, el crimen organizado transnacional y el control migratorio, en el marco de convenios vigentes en materia de defensa y seguridad hemisférica.

Implicaciones regionales y jurídicas de la estrategia estadounidense

La nueva política exterior de Estados Unidos ha generado divisiones diplomáticas en América Latina, enfrentando a gobiernos que respaldan la intervención en Venezuela con aquellos que la consideran contraria al principio de no intervención consagrado en la Carta de la OEA y en la normativa internacional. Esta situación plantea desafíos para el derecho internacional público, las relaciones multilaterales en la región y los marcos jurídicos nacionales vinculados a la cooperación en seguridad, defensa y soberanía.

Fuente: Primicias