Gobierno de Daniel Noboa prepara cuarta ley económica urgente sobre recuperación de activos ilícitos

El Gobierno de Ecuador, a través del ministro de Turismo y presidente encargado de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, anunció el envío de un nuevo proyecto de ley económica urgente enfocado en la recuperación de activos de origen ilícito y la transparencia en la contratación pública. Se trata de la cuarta iniciativa legal con carácter urgente promovida por el Ejecutivo de Daniel Noboa desde el inicio de su gestión.

Contexto legal del hecho

La Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 140, faculta al Presidente de la República a enviar proyectos de ley con el carácter de urgente en materia económica, los cuales deben ser tramitados por la Asamblea Nacional en un plazo máximo de 30 días. Desde noviembre de 2023, el presidente Noboa ha recurrido a esta herramienta legislativa para impulsar reformas en temas fiscales, tributarios y de inversión pública. La nueva propuesta se suma a otras tres leyes urgentes previamente presentadas y aprobadas por el Legislativo.

Contenido o disposición principal

Según lo anunciado por Niels Olsen, la nueva iniciativa legislativa busca fortalecer el marco normativo para la recuperación de activos de origen ilícito, así como implementar mecanismos que garanticen mayor transparencia en los procesos de contratación pública. El proyecto contempla reformas a siete cuerpos legales, aunque no se han detallado los artículos específicos que serán modificados. El objetivo es dotar al Estado de herramientas más eficaces para combatir la corrupción y agilizar procedimientos de extinción de dominio.

Implicaciones prácticas o destinatarios

Esta ley afectaría directamente a entidades como la Fiscalía General del Estado, la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), el Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP) y otros órganos de control relacionados con el manejo de fondos públicos. También tendrá implicaciones para contratistas del Estado, quienes deberán someterse a nuevos requisitos de transparencia. Al tener el carácter de urgente, el proyecto será conocido y debatido por la Asamblea Nacional en un plazo máximo de 30 días, lo que podría acelerar su entrada en vigencia.

Fuente: El Universo