Gobierno de Ecuador se compromete con el FMI a reformas tributarias y auditoría de Petroecuador

El Gobierno del Ecuador, en el marco de la segunda revisión del Acuerdo Ampliado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), se comprometió a implementar reformas tributarias estructurales y realizar auditorías en empresas públicas como Petroecuador. Estas acciones forman parte de las condiciones para acceder a un financiamiento ampliado de USD 5.000 millones.

Contexto legal del hecho

El Acuerdo Ampliado con el FMI, suscrito bajo el marco del Servicio Ampliado del Fondo (SAF), requiere compromisos fiscales y estructurales por parte del Estado ecuatoriano. Entre ellos constan medidas de fortalecimiento de la sostenibilidad fiscal y la transparencia en el sector público. Estas obligaciones se sustentan en el principio de legalidad del gasto público y la normativa presupuestaria vigente, conforme lo previsto en la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y la Ley Orgánica de la Planificación y Finanzas Públicas.

Contenido o disposición principal

El acuerdo contempla una reforma tributaria estructural que incluye la eliminación de exenciones fiscales ineficientes, la revisión del régimen del impuesto a la renta empresarial, y la actualización del marco tributario aplicable al sector minero con asistencia técnica del FMI.

Adicionalmente, se estableció la obligación de completar una auditoría independiente de los estados financieros de Petroecuador correspondientes al año 2021 y presentar sus resultados al FMI antes de septiembre de 2025. Esta auditoría se enmarca en los procesos de control y rendición de cuentas que rigen a las empresas públicas.

Implicaciones prácticas o destinatarios

Las reformas y auditorías comprometidas afectan directamente al Ministerio de Economía y Finanzas, al Servicio de Rentas Internas (SRI) y a empresas públicas como Petroecuador. El cumplimiento de estos compromisos es requisito para nuevos desembolsos del FMI. A nivel práctico, las medidas pueden implicar cambios en el régimen tributario aplicable a personas naturales y jurídicas, así como una reestructuración de la gobernanza financiera en entidades estratégicas del Estado.

Fuente: Primicias