Gobierno plantea reforma para fortalecer el control en la contratación pública

La contratación pública en Ecuador está regulada por la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y es administrada por el Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP). Este sistema es fundamental para el funcionamiento de las entidades estatales, permitiendo la adquisición de bienes, servicios y obras necesarias para el cumplimiento de sus funciones.

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En 2024, el Estado ecuatoriano destinó aproximadamente USD 8.000 millones a compras públicas. Sin embargo, se estima que entre el 10% y el 30% de estos recursos se pierden debido a prácticas corruptas. Ante esta situación, el Gobierno ha propuesto una reforma que incluye:

• Reducción de modalidades de contratación: Se plantea eliminar ciertos procedimientos como la contratación directa en consultorías de montos bajos, buscando evitar el direccionamiento de contratos y fomentar la transparencia.

• Simplificación del sistema: La propuesta busca hacer más accesible y comprensible el proceso de contratación tanto para las entidades públicas como para los proveedores, incentivando una mayor participación y competencia.

• Fortalecimiento del control: Se pretende implementar mecanismos más efectivos de supervisión y control en las etapas precontractuales, con el fin de detectar y prevenir irregularidades antes de la adjudicación de contratos.

Alcance y aplicación normativa

La reforma propuesta afectará a todas las entidades del sector público que realizan procesos de contratación, incluyendo ministerios, gobiernos autónomos descentralizados, empresas públicas y otras instituciones estatales. La implementación de estas medidas requerirá ajustes normativos y operativos dentro del SERCOP y las entidades contratantes.

El proyecto de ley correspondiente ha sido calificado como urgente en materia económica por la Asamblea Nacional, lo que implica un tratamiento prioritario en el proceso legislativo. Se espera que, de ser aprobada, la reforma contribuya a una gestión más eficiente y transparente de los recursos públicos, fortaleciendo la confianza ciudadana en las instituciones estatales.

Fuente: Primicias