Gustavo Petro rechaza la deportación de presos colombianos desde Ecuador

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, expresó su rechazo a la deportación de ciudadanos colombianos privados de libertad desde Ecuador, medida adoptada por el Gobierno ecuatoriano en el marco de una política penitenciaria. La declaración se dio tras la ejecución de un operativo que trasladó a cientos de reclusos hacia la frontera, con base en resoluciones judiciales de excarcelación y expulsión.

Contexto legal del hecho

Desde febrero de 2024, el Gobierno de Ecuador anunció la intención de deportar a hasta 1.500 presos extranjeros, en su mayoría colombianos, como parte de una política de descongestionamiento carcelario. Esta medida fue formalizada mediante un acuerdo ministerial suscrito el 2 de julio de 2025, que estableció el procedimiento legal para la expulsión de personas extranjeras privadas de libertad. La normativa se enmarca en la legislación migratoria ecuatoriana y en las atribuciones del Ejecutivo respecto a la seguridad interna y el control penitenciario.

Contenido o disposición principal

El operativo de deportación se ejecutó el 25 de julio de 2025, con el traslado de entre 800 y 870 ciudadanos colombianos desde centros penitenciarios ubicados en Chimborazo, Azuay, Carchi y Napo hasta el Puente Internacional de Rumichaca, en la frontera con Colombia. Según autoridades ecuatorianas, cada caso contó con una resolución judicial individual de excarcelación, seguida de una orden de expulsión administrativa. El Ministerio del Interior aseguró que no se trató de una deportación colectiva, sino de un proceso ajustado a la normativa vigente, con respaldo judicial y administrativo.

Implicaciones prácticas o destinatarios

La medida afecta directamente a ciudadanos colombianos privados de libertad en Ecuador que no tienen procesos judiciales pendientes en su país de origen. Al cruzar la frontera, algunos recuperaron su libertad, conforme a las disposiciones internas colombianas. Por otro lado, el Gobierno de Colombia manifestó su inconformidad ante la Cancillería ecuatoriana, alegando la ausencia de coordinación binacional previa y cuestionando el procedimiento aplicado. Además, el ministro del Interior ecuatoriano, John Reimberg, informó que los deportados tendrán prohibido regresar al Ecuador durante un periodo de 40 años, en aplicación de sanciones migratorias contempladas por la ley.

Declaraciones oficiales y reacciones

A través de la red social X, el presidente Gustavo Petro criticó la medida ecuatoriana señalando que “Ecuador nos responde con desdén” y aludiendo a la historia compartida entre ambos países. En contraste, el Gobierno ecuatoriano sostuvo que la acción fue legítima y parte de una política pública orientada a fortalecer la seguridad y el control penitenciario, bajo el principio de tolerancia cero frente a la criminalidad extranjera.

Fuente: Primicias