La Administración releva a responsables del ICE por incumplimiento de objetivos de deportación

Varios altos cargos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos fueron apartados de sus funciones por orden del Gobierno de Donald Trump, tras no alcanzar las metas de detención y deportación fijadas por la Casa Blanca.

Incumplimiento de metas operativas

La administración estadounidense había establecido un objetivo de aproximadamente 3.000 detenciones diarias, con el propósito de alcanzar un millón de deportaciones en el transcurso del año. Sin embargo, los informes internos revelan que el ICE promediaba solo 1.178 arrestos diarios, lo que representa un rendimiento muy por debajo de lo esperado. Ante esta situación, se decidió reestructurar el liderazgo de la agencia, reemplazando a varios responsables con funcionarios provenientes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), considerada por el Gobierno como más alineada con sus directrices.

Ampliación del rol de la CBP y nuevas tácticas

Con esta reconfiguración, la CBP ha ampliado su actividad más allá de las zonas fronterizas tradicionales, desplegando más de 1.500 agentes en ciudades del interior del país. Además, se han implementado tácticas operativas más agresivas, como arrestos masivos, descensos en helicóptero y uso de gases lacrimógenos durante manifestaciones. Estas acciones han generado críticas por el presunto uso excesivo de la fuerza y el debilitamiento de las garantías procesales para los migrantes detenidos.

Repercusiones legales y desafíos institucionales

Desde el ámbito jurídico, esta reorientación plantea interrogantes sobre el cumplimiento del debido proceso, la legalidad de las detenciones y el respeto a los derechos fundamentales de las personas migrantes. También se anticipan posibles acciones legales y litigios vinculados a violaciones de derechos humanos, así como un reforzamiento del escrutinio judicial sobre las actuaciones de ICE y CBP. La decisión del Gobierno refleja un endurecimiento de la política migratoria que podría tener implicaciones significativas a nivel institucional y judicial.

Fuente: El País