Ley de Solidaridad Nacional: marco urgente para enfrentar conflicto y proteger a la población

La Ley Orgánica de Solidaridad Nacional, impulsada por el presidente Daniel Noboa y aprobada por la Asamblea Nacional el 7 de junio de 2025, entró en vigor tras su publicación en el Registro Oficial el 10 de junio de 2025. La norma establece un régimen jurídico excepcional para el manejo del conflicto armado interno, incorpora reformas penales y crea incentivos sociales y económicos dirigidos a poblaciones vulnerables afectadas por la violencia.

Contexto legal del hecho

La ley responde a la declaración de conflicto armado interno realizada en enero de 2024. En consideración al aumento de la violencia asociada a economías criminales, la Asamblea trató el proyecto con trámite urgente en materia económica, conforme lo estipula el artículo 59 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

Contenido o disposición principal

En su articulado principal, la ley incluye:

• Régimen especial para conflicto armado interno: ordena que cualquier decreto ejecute su declaración y finalización; el texto enfatiza el respeto al Derecho Internacional Humanitario, priorizando la protección de la población no combatiente y el derecho a la resistencia.

• Reformas penales: introduce figuras como el “indulto diferido” para fuerzas de seguridad en contexto de conflicto, allanamientos por conflicto deberían tener control judicial posterior, y se establece la obligatoriedad de prisión preventiva para delitos vinculados a crimen organizado.

• Incentivos sociales y económicos: autoriza al Ejecutivo la creación de tres incentivos anuales mediante decreto para productores agrícolas y pesqueros, jóvenes emprendedores y actores de la economía popular, con el objetivo de reconstruir el tejido social.

Implicaciones prácticas o destinatarios

La ley impone al Estado la obligación de garantizar atención prioritaria en salud física y mental, vivienda, alimentación y protección a grupos vulnerables (mujeres, niños, indígenas, discapacitados y personas en fronteras). Además, crea un registro estatal de víctimas administrado por la Defensoría del Pueblo.

En el ámbito penal y de seguridad, introduce un nuevo régimen de juicio, especialización judicial y decomiso de bienes, incluyendo incentivos fiscales para donaciones privadas destinadas a fortalecer a la Policía y a las Fuerzas Armadas. 

Vigencia y tramitación legislativa

La norma fue aprobada en segundo debate el 7 de junio con 84 votos a favor, publicada sin modificaciones el 10 de junio y cuestionada por su rapidez y alcance. Su aprobación se efectuó dentro del plazo legal de 30 días para legislar normas consideradas urgentes en materia económica.

Fuente: Primicias