Mayoría legislativa permitiría a Noboa impulsar reformas sin convocar a una Constituyente

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, podría avanzar en reformas legales significativas sin necesidad de convocar a una Asamblea Constituyente, siempre que logre consolidar una mayoría absoluta en la Asamblea Nacional. Este escenario se vislumbra como una vía para implementar cambios estructurales dentro del marco constitucional vigente. 

Contexto legal del hecho

La Constitución de la República del Ecuador establece mecanismos para su reforma a través de enmiendas, reformas parciales o una Asamblea Constituyente. Las enmiendas y reformas parciales pueden ser tramitadas por la Asamblea Nacional, siempre que se cuente con el respaldo de una mayoría calificada, sin necesidad de recurrir a una Constituyente. Este marco legal permite al Ejecutivo proponer cambios estructurales mediante proyectos de ley que, al ser aprobados por la Asamblea, modifican aspectos específicos de la Constitución.

Contenido o disposición principal

Según información publicada por El Comercio, la posibilidad de que el presidente Noboa impulse reformas sin una Constituyente depende de su capacidad para alcanzar una mayoría legislativa en la Asamblea Nacional. Esto permitiría al Ejecutivo presentar proyectos de ley que modifiquen la Constitución de manera puntual, abordando temas como la reelección presidencial, la estructura del Estado o las competencias de las instituciones públicas. La estrategia se centraría en consolidar alianzas políticas que garanticen el respaldo necesario para aprobar dichas reformas en el Legislativo.

Alcance y disposiciones complementarias

El éxito de esta estrategia legislativa permitiría al gobierno de Noboa implementar cambios constitucionales sin recurrir a una Asamblea Constituyente, lo que implicaría un proceso más ágil y menos polarizado. Sin embargo, la viabilidad de esta vía depende de la capacidad del Ejecutivo para negociar y consolidar una mayoría calificada en la Asamblea Nacional. Este enfoque busca evitar los riesgos y costos políticos asociados a la convocatoria de una Constituyente, permitiendo al gobierno avanzar en su agenda de reformas dentro del marco institucional existente.

Fuente: El Comercio