Ministro Niels Olsen impulsa reforma legal para sancionar el nepotismo en el sector público

El ministro de Turismo, Niels Olsen, presentó ante la Asamblea Nacional un proyecto de reforma legal que busca establecer sanciones administrativas y penales al nepotismo en el sector público. La iniciativa surge tras una denuncia por presunta contratación de familiares en instituciones estatales.

Contexto legal del régimen contra el nepotismo

El artículo 227 de la Constitución del Ecuador establece que la administración pública se rige por los principios de legalidad, transparencia y responsabilidad. Por su parte, la Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP) prohíbe expresamente el nombramiento de servidores públicos cuando exista parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad con la autoridad nominadora.

A nivel penal, el Código Orgánico Integral Penal (COIP) no tipifica actualmente el nepotismo como delito autónomo, aunque ciertos casos podrían encuadrarse en delitos de abuso de funciones o tráfico de influencias.

Contenido de la propuesta de reforma

El proyecto propuesto por el ministro Olsen busca incorporar al ordenamiento jurídico disposiciones que permitan sancionar el nepotismo como falta administrativa grave y, en casos calificados, como delito penal. Entre sus principales elementos se destacan:

• Tipificación del nepotismo como infracción administrativa sancionable con destitución inmediata.

• Creación de un tipo penal específico para castigar el uso del cargo público para favorecer indebidamente a familiares.

• Mecanismos de verificación obligatoria en procesos de selección de personal.

• Fortalecimiento de la atribución de la Contraloría General del Estado para auditar nombramientos.

La propuesta también plantea reformas a la LOSEP y al COIP para dar coherencia normativa a las nuevas disposiciones.

Alcance de la reforma y próximos pasos

El proyecto fue entregado a la Asamblea Nacional con el respaldo del Ministerio de Turismo y será tramitado por la Comisión de Justicia o la que el Consejo de Administración Legislativa (CAL) determine competente. Su aprobación implicaría una redefinición del marco de responsabilidades de los funcionarios públicos en materia de contrataciones y nombramientos.

El ministro Olsen ha solicitado el tratamiento urgente de la iniciativa, señalando que busca prevenir el uso del poder público para intereses personales y mejorar la confianza ciudadana en las instituciones del Estado.

Fuente: Primicias