Noboa anuncia reforma judicial en Ecuador desde Washington

El presidente Daniel Noboa anunció el 14 de mayo de 2026, durante su visita a Washington, que el Ejecutivo prepara una reforma judicial en Ecuador. La declaración se produjo en el marco de una intervención ante el Atlantic Council, donde el Mandatario señaló que el sistema judicial ha sido infiltrado por la delincuencia organizada y que cuenta con mayoría legislativa simple en la Asamblea Nacional para tramitar dicha reforma en el período de gobierno en curso.

Denuncias sobre vínculos entre operadores judiciales y crimen organizado

Noboa indicó que el Ejecutivo ha identificado a jueces con activos de origen no justificado y afirmó que, por primera vez, se investiga y procesa a operadores judiciales con presuntos vínculos con actividades delictivas. Al ser consultado sobre la magnitud de estos casos, el Mandatario señaló que aproximadamente el 30% de los jueces evaluados presentarían irregularidades de esa naturaleza.

Propuesta ante la OEA y cooperación internacional en seguridad

Durante la misma visita, Noboa se dirigió al Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) para presentar un proyecto de convención interamericana contra la delincuencia organizada transnacional. En ese foro, sostuvo que las estructuras criminales han penetrado la función judicial, la clase política y el sector empresarial. Adicionalmente, el Presidente mantuvo reuniones con grupos bipartidistas del Congreso de Estados Unidos y con representantes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Conflicto armado interno y operaciones conjuntas con Estados Unidos

El Mandatario defendió ante sus interlocutores en Washington la declaratoria de conflicto armado interno vigente en Ecuador, cuestionada por ocho relatores de la Organización de Naciones Unidas (ONU) por su compatibilidad con el derecho internacional. En lo relativo a las operaciones militares conjuntas con Estados Unidos, Noboa indicó que algunas han sido suspendidas, aunque precisó que otras continúan activas y que la cooperación en materia de inteligencia y seguridad entre ambos países se mantendrá. Lo anterior ocurre en el contexto de una solicitud de congresistas demócratas para suspender dichas operaciones mientras se investigan presuntos abusos por parte de fuerzas del orden, con fundamento en la Ley Leahy, que prohíbe la asistencia militar estadounidense a fuerzas de seguridad extranjeras implicadas de forma creíble en violaciones a los derechos humanos sin que se adopten medidas efectivas de rendición de cuentas.

Fuente: PRIMICIAS