Noboa convoca marcha ciudadana hacia la Corte Constitucional por suspensión de leyes urgentes

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció una marcha pacífica hacia la Corte Constitucional el 12 de agosto de 2025. La convocatoria se produce luego de que el alto tribunal admitiera demandas de inconstitucionalidad y suspendiera parcialmente la aplicación de tres leyes aprobadas por la Asamblea Nacional con carácter de urgencia económica.

Contexto legal del hecho

Las leyes de Integridad Pública, Solidaridad Nacional y Inteligencia, enviadas por el Ejecutivo bajo el procedimiento de urgencia económica conforme al artículo 140 de la Constitución, fueron aprobadas por la Asamblea Nacional entre junio y julio de 2025. Posteriormente, organizaciones sociales, gremios y juristas presentaron acciones de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional, la cual admitió a trámite varias de ellas y dispuso la suspensión provisional de artículos clave, invocando su facultad conforme al artículo 436 de la Constitución y al artículo 86 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.

Contenido o disposición principal

El 6 de agosto de 2025, durante un evento en Daule, el presidente Noboa convocó públicamente a la ciudadanía a una “protesta pacífica” el 12 de agosto frente a la Corte Constitucional. Manifestó su desacuerdo con las decisiones del tribunal, señalando que la suspensión de las leyes impide avanzar en políticas de seguridad y transparencia. En sus declaraciones afirmó: “Vamos a protestar este martes 12 porque no podemos permitir que nueve personas entronadas nos tiren abajo las leyes que pueden dar seguridad a todos”.

Implicaciones prácticas o destinatarios

La marcha está dirigida a respaldar las leyes promovidas por el Ejecutivo y presionar a la Corte Constitucional en medio de un creciente conflicto institucional. Las normas suspendidas afectan áreas clave como la seguridad pública, el control del gasto estatal y la inteligencia nacional. La medida también se enmarca en la estrategia del Gobierno para fortalecer su posición de cara a una futura consulta popular, cuyas preguntas están en trámite ante el mismo órgano constitucional. La protesta podría tener implicaciones en la relación entre funciones del Estado y en el desarrollo normativo de las reformas impulsadas por el Ejecutivo.

Fuente: Primicias