LEXIS Noticias
Noboa declara prioridad nacional la prevención del reclutamiento de menores por grupos delincuenciales
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, emitió el 5 de junio de 2025 el Decreto Ejecutivo N.º 21, mediante el cual se declara como prioridad nacional la prevención y erradicación del reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos delincuenciales. La medida incluye la creación de un comité interinstitucional encargado de coordinar políticas públicas orientadas a este objetivo.
Contexto legal del hecho
La declaratoria se enmarca en el contexto del conflicto armado interno y los estados de excepción vigentes en Ecuador debido a la escalada de violencia. El decreto se fundamenta en la Convención sobre los Derechos del Niño, que faculta a los Estados a adoptar medidas para proteger a los menores contra toda forma de perjuicio. Además, hace referencia al Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona con penas privativas de libertad de diez a trece años a quienes recluten o utilicen a menores en conflictos armados, ya sea en el contexto de un conflicto armado o de manera independiente.
Contenido o disposición principal
El Decreto Ejecutivo N.º 21 establece la creación de un comité interinstitucional responsable de formular, implementar y ejecutar políticas, planes, programas y estrategias para prevenir y erradicar el reclutamiento de menores por grupos armados, terroristas o de delincuencia organizada. El decreto destaca la necesidad de proteger integralmente a niños, niñas y adolescentes mediante acciones coordinadas entre diversas entidades del Estado.
Ámbito de aplicación y acciones previstas
La medida abarca a todas las instituciones del Estado con competencias en derechos de la niñez y adolescencia, seguridad y justicia. El comité interinstitucional deberá coordinar acciones con entidades como el Ministerio de Inclusión Económica y Social, el Ministerio del Interior, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, entre otras. Las políticas derivadas del decreto estarán orientadas a prevenir la participación de menores en actividades ilícitas y garantizar su atención integral.